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 Columna

    
ESTADO, CRISIS Y SALUD: ENTRE LA GOBERNABILIDAD Y LA EFICIENCIA
  
Por el Dr. Carlos Felice (*)


La relación entre Estado, crisis y salud constituye una de las tensiones más persistentes de la vida social y política en América Latina. Estos tres ejes se entrelazan en un entramado dinámico: la crisis aparece como variable independiente que impacta en las instituciones; la salud, como variable dependiente que refleja con crudeza sus consecuencias; y el Estado, lejos de ser un mero intermediario, actúa como escenario central donde se juega la legitimidad, la gobernabilidad y la capacidad de garantizar derechos básicos.
Históricamente, el Estado se consolidó como articulador de la vida social, apropiándose de funciones antes dispersas en asociaciones civiles, iglesias o gobiernos locales. Esa expansión fue vista como progreso: transformar intereses privados en bienes públicos permitió que la comunidad creciera bajo un marco de organización común. Sin embargo, ese proceso nunca estuvo exento de disputas. Las fronteras entre sociedad civil y sociedad política se configuraron como líneas porosas, constantemente negociadas y, muchas veces, vulneradas por la influencia de intereses sectoriales.
En tiempos de crisis, la pregunta sobre el “rol del Estado” reaparece con fuerza. La precarización de los servicios públicos, la desigualdad en el acceso a derechos básicos y la mercantilización de ámbitos como la salud no hacen más que evidenciar los límites de un modelo que ya no logra articular cohesión social. La ciudadanía, entonces, cuestiona no solo la eficacia del Estado sino también su legitimidad.

¿Debe, puede y quiere el Estado?

El debate actual sobre el Estado puede resumirse en tres verbos: debe, puede y quiere.

Debe: ¿es legítimo que siga asumiendo funciones amplias en la economía y en la vida social, o debería limitarse a un rol subsidiario frente al mercado? La discusión sobre el tamaño del Estado y su intervención se ha instalado en todo el mundo, atravesando ideologías diversas y generando consensos insólitos incluso entre gobiernos de orientación opuesta.
Puede: aun cuando se reconozca la necesidad de su intervención, ¿dispone el Estado de los recursos y la capacidad para hacerlo en medio de crisis estructurales, deudas externas y demandas sociales en aumento?
Quiere: más allá de las capacidades, ¿existe voluntad política para transformar una burocracia atravesada por resabios autoritarios, demagogia y clientelismo en un aparato moderno, eficaz y transparente?

Estas preguntas no son meramente teóricas. Definen el presente y el futuro de nuestras sociedades, pues la transformación estatal no se limita a reducir personal o privatizar servicios: exige repensar su legitimidad, su capacidad de respuesta y su compromiso con valores democráticos.

Gobernabilidad y crisis: la paradoja latinoamericana

En América Latina, la democratización de los últimos cuarenta años se produjo en medio de crisis económicas recurrentes. Ello dio lugar a una paradoja: cuanto más necesaria resulta la intervención estatal para mitigar los efectos de la crisis, menores son sus recursos para sostenerse y sostener a la sociedad.
La transición del autoritarismo a la democracia generó una “revolución de expectativas”: la ciudadanía exigió derechos, participación y redistribución, mientras que las instituciones recién reconstruidas carecían de la solidez para procesar esos reclamos. En países como la Argentina, donde la memoria autoritaria pesa fuerte, la burocracia heredada de sucesivos regímenes se convirtió en un obstáculo estructural: un cementerio de proyectos políticos inconclusos.
La pregunta de si el Estado “quiere” cumplir con su rol, entonces, no depende solo de las intenciones de un gobierno, sino de una transformación cultural más profunda que alcance tanto a las instituciones como a la sociedad que las sostiene.

Reforma, recursos y eficiencia: hacia un Estado fuerte

En este marco, pensar la reforma del Estado es inevitable. Sin embargo, la clave no está en su tamaño, sino en su capacidad de gestión. Más que “hipertrofia”, lo que padece el Estado latinoamericano es una deformidad estructural: áreas saturadas de personal conviven con sectores críticos desfinanciados; marcos normativos contradictorios limitan la acción; y los recursos materiales resultan escasos o mal distribuidos.
La solución no pasa por un desmantelamiento indiscriminado, sino por alinear objetivos institucionales con los recursos disponibles, invertir en capacitación, modernizar infraestructuras y asegurar que cada función crítica tenga respaldo real. Un Estado fuerte no es necesariamente un Estado grande: es aquel que logra gestionar eficazmente sus recursos, adaptarse a las necesidades de la sociedad y proyectar desarrollo sostenible.
La eficiencia, en este sentido, no puede medirse bajo parámetros empresariales. El Estado cumple roles múltiples: provee servicios básicos, pero también actúa como amortiguador social, absorbiendo tensiones que de otro modo estallarían en conflicto abierto. Su eficiencia debe evaluarse por su capacidad de garantizar derechos, promover equidad y sostener la gobernabilidad democrática.

Conclusión: un Estado al servicio de la sociedad

El recorrido entre crisis, gobernabilidad y reforma nos deja una lección clara: el debate no puede reducirse al tamaño del Estado ni a recetas universales. Cada país latinoamericano enfrenta realidades históricas, económicas y sociales particulares, condicionadas además por un contexto internacional que limita sus márgenes de autonomía.
Por eso, el verdadero desafío está en construir un Estado fuerte, eficiente y democrático, capaz de armonizar intereses internos y externos, responder a las necesidades de su ciudadanía y sostenerse como garante de derechos. Esto implica superar la lógica de ajustes superficiales y apostar a transformaciones culturales y estructurales que revaloricen su misión esencial.
Un Estado que se piense desde la salud como derecho, desde el compromiso social como horizonte y desde la eficiencia como medio, no como fin. Solo así podrá dejar de ser percibido como un gigante ineficaz o un actor desbordado por la crisis, para transformarse en un verdadero motor de cohesión y desarrollo.

 

(*) Abogado. Especialista en Sistemas de Salud. Presidente de Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) y Secretario General de Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA)
 
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