Recientemente circuló el Informe “Gasto en salud en Argentina. Análisis para 2017-2022” publicado por la Dirección Nacional de Economía de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. La iniciativa es ciertamente destacable, en la medida que la misma autoridad sanitaria, incluso hasta el día de hoy sigue mostrando en su serie de “Indicadores Básicos”, datos relevados en 2019 y que no habían recibido actualización oficial desde entonces.
Es propicio entonces analizar la información recibida. Las siguientes líneas intentarán hacerlo desde una perspectiva político sanitaria, enfatizando en la relación e implicancias entre los datos comunicados y las políticas en curso.
El modelo utiliza la clasificación funcional de salud (ICHA-HC - SHA 2011) en la que tanto el gasto público como el de la seguridad social se registran como subcategorías asociadas (“esquemas gubernamentales y de financiamiento de servicios de salud contributivos y obligatorios”), diferenciándose del gasto privado, integrado tanto por los esquemas de pago voluntario como por el gasto directo de los hogares, tomando información desde diferentes fuentes de datos cuyas definiciones y metodologías difieren.
Como bien se señala en el documento, esta heterogeneidad tiende entre otras cuestiones a omitir el gasto de capital por parte del sector privado y a excluir la participación de entidades no específicamente caracterizadas como EMP. Por tanto: “En este sentido podría considerarse que se establece una sobrevaloración de la participación del gasto público en detrimento del gasto privado”. (Pág. 7)
Sin embargo, el dato más importante a destacar es que el modelo utilizado pierde cierta consistencia en la medida que tras el punto de corte del estudio (diciembre 2023) el aseguramiento contributivo obligatorio y el optativo que hasta entonces se vinculaban a través del mecanismo de derivación de aportes,-a partir de la Resolución 1/2025 y otras resoluciones complementarias se fusionaron en un mercado de competencia desigual regulada por de reglas de juego diferentes según el origen de los recursos.
Dicho de otro modo, el sector salud de diciembre 2023 no es el mismo que el de agosto 2025. Y de ello se ocupa este artículo.
Los números no arrojan sorpresas. Con un gasto total del 10,5% del PBI, el financiamiento proveniente de RR.GG se estima en 2,8%, el contributivo el 3.4% y el privado (sin discriminar) 4,4%. Y, por ende, con relación al gasto total en salud éstos representan el 26,3, 31,9 y 41,8 % respectivamente. En términos de gasto total como porcentaje del PBI, la Argentina lidera, de acuerdo con estos datos el gasto total en salud en América Latina, seguido por Brasil (9.5%), Uruguay (9.4%) y Chile (9%). (https://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en)
Sin embargo, si se considera exclusivamente el gasto público procedente de RR.GG, se ratifica que, (con excepción de Haití, Guatemala y R. Dominicana), nuestro país muestra el gasto público más bajo de la región. Siguiendo la metodología elegida, si se deduce del gasto total en salud el componente público y el contributivo, (Codgs. HF.1 y HF.2 de la Clasificación SHA 2011) se accede a un proxy del gasto agregado de los hogares (gasto directo + pagos de seguros voluntarios), se obtiene que Argentina es el país de mayor gasto privado de toda la región, precedido sólo por Guyana. La relación gasto público - privado es 58.2 a 41.8%. (1)
Somos en la región, los que más gastamos en salud, los que más lo hacemos desde el financiamiento privado y los que menos recurrimos a fuentes fiscales no contributivas para su financiamiento. Pero lo relevante es la relación de estos datos con las políticas en curso.
Ya se ha mencionado la posible subvaloración del gasto privado. Pero además de la metodología, deben considerarse también las políticas en curso. El debilitamiento de aranceles y honorarios ha llevado a un gasto de bolsillo encubierto e inverificable a través de la aplicación sistemática de copagos, coseguros, gastos operativos, bonos contribuciones, etc. todos los cuales - previstos o no por la normativa vigente-, incrementan de un modo sustantivo el gasto directo de las personas.
A ello debe sumarse el impacto en los bolsillos del incremento del precio de medicamentos, la desaparición de la cobertura al 100% de ciertas moléculas por parte del INSSJP, y el pase a OTC (Over The Counter) de un largo listado de principios hasta entonces parcialmente cubiertos por aseguradoras.
Si se suma también el significativo incremento experimentado desde diciembre 2023 en las cuotas de los seguros voluntarios la resultante es que es altamente probable que el gasto de bolsillo esté aún más subestimado que lo que alertan los autores, y que por tanto el gasto total sea mayor, y la participación del segmento privado (de bolsillo o pre datado) también lo sea. La informalidad de una parte de este gasto hace que sea muy difícil estimarlo, pero la mera observación del comportamiento del mercado lo sugiere fuertemente.

Por el lado del gasto público provincial: las cuentas públicas fiscales mostraron una condición de frágil equilibrio entre 2018 y 2024, atribuible, en gran medida al diferimiento del gasto salarial (administración pública, docentes, personal de salud, etc.) en relación con la inflación de esos años. (Cetrángolo y Folgar. Alquimias Económicas. Octubre 2024)
El resultado obtenido se logró incluso a expensas del derrumbe de ingresos por caída de recursos coparticipables particularmente en 2023 - 2024. En 2024 las provincias mostraron superávit financiero agregado de 0,1 % del PIB, aunque con claras asimetrías entre ellas: déficit primario en Buenos Aires, Chaco y Catamarca y financiero en Entre Ríos, Río Negro, Tierra del Fuego. (F. Mediterránea mayo 2025)
El contexto de caída franca de las transferencias automáticas, y algo más errático de las discrecionales, condiciona de un modo determinante cualquier incremento para los recursos asignados a salud, por lo que la participación del gasto público provincial en el gasto sanitario total se mantendrá -en el mejor de los casos- en el mínimo comentado. (2)
La descripción es aplicable también a la seguridad social provincial. Mas allá de la caída del número de aportantes, se estima que a nivel país, los ingresos salariales del sector público se redujeron entre 2023 y 2025 un 20%–35%, como promedio, con rango variable según paritarias locales y recomposiciones parciales según cada jurisdicción. (INDEC Índice de Salarios, 24/07/25)
La caída de la masa salarial del sector público provincial actúa obviamente como tope para la participación de la seguridad social provincial en el gasto total.
Tampoco es previsible un incremento del financiamiento de la seguridad social nacional. El empleo privado permanece estancado desde 2012 (aumento 3% desde entonces, por debajo de la tasa de crecimiento demográfico) y ha migrado hacia la precarización vía de la incorporación o pasaje de trabajadores al universo monotributista, cuyo aporte a la seguridad social, particularmente en sus categorías más pobladas es aún más insuficiente que el de los trabajadores formales y que desde esa fecha ha crecido un 63% (INDEC 2025).
La caída de ingresos resultante inviabiliza a aquella parte del subsector - casi el 80%- cuyos ingresos no alcanzan para financiar la canasta prestacional vigente (IPEGSA - Prosanity 2024). El INSSJP por su parte recibe los mismas condicionantes mencionados para el empleo registrado, pero agravado particularmente por la eliminación del impuesto PAIS en diciembre 2024, con la consecuente afectación de su sustentabilidad financiera. No es por tanto previsible un incremento en la participación de la seguridad social en el gasto sanitario total.

¿Cuál es la consecuencia, entonces?

Dado que la relación entre las fuentes de financiamiento del sistema determina quien paga, qué paga, qué recibe cada uno, y con qué nivel de protección financiera esto se ofrece, resulta que en el país que registra el mayor gasto privado y el menor gasto público (RR.GG) de la región, la política sanitaria consiste en la consolidación de mecanismos de mercado que generan un modelo de competencia desigual entre seguros obligatorios y voluntarios para aquella población con empleo privado y/o capacidad de pago, con enormes asimetrías en materia de acceso y calidad, y que aun así, en el mejor de los casos alcanzan a un tercio de la población.
Mientras las provincias dejan de recibir aportes que constitucionalmente les corresponden, la seguridad social se desfinancia progresivamente, y se incentiva al ya precario sistema solidario a redireccionar los aportes y contribuciones más elevadas al asegurador privado, todas las acciones apuntan a un empeoramiento de las condiciones de equidad, y a un deterioro de lo que alguna vez conocimos como solidaridad y protección social, y todo en aras de una Libertad indefinida.

Según Amartya Sen (2002) “La equidad en salud es fundamental para la libertad real de las personas; sin ella, se limita su capacidad de vivir la vida que valoran”. Entonces… ¿de qué Libertad hablamos?
Aquel sistema fragmentado, imperfecto, ineficiente e incluso injusto, pero intra subsectorialmente solidario y esforzadamente mejorable, va migrando a un modelo individualista de acceso, oportunidad y resultados según capacidad de pago.
Un sistema mixto, fragmentado, de aseguramiento público – privado para población con empleo privado formal o capacidad de compra en el que la calidad de la prestación va asociada al tamaño de su billetera. Seguridad social “residual” (OO.SS. PP e ISSJP), y cobertura pública a cargo de las provincias. Algo así como un modelo a la chilena, pero sin FONASA. O a la USA, pero sin Medicaid, ni CHIP, ni ACA, ni Veterans. (3) Sólo las fuerzas del Mercado.
Mientras los sistemas de salud de los países más desarrollados progresan hacia modelos universales, centrados en el paciente, financieramente sustentables, con eje en la prevención, la digitalización, los modelos innovativos de contratación y pago, y con fuerte énfasis en equidad, calidad y gestión de enfermedades crónicas, la Argentina avanza en un modelo de exclusión, que no ofrece ninguna de aquellas virtudes, sino que consolida la inequidad y la injusticia.

La equidad se define como “La ausencia de diferencias sistemáticas, evitables y socialmente injustas en la salud entre grupos de población que se encuentran en situaciones desiguales”. - Whitehead, M. (1992).

Los datos presentados por la Dirección Nacional de Economía de la Salud, y su articulación con las políticas en curso, muestran que vamos en sentido opuesto. Un destino que sin embargo no está grabado en piedra. La voluntad política, la creatividad, la experiencia mundial y el consenso alcanzado desde la buena fe, pueden todavía transformarlo.

Bibliografía:

1) Vale la comparación con países seleccionados de la OPEP: Alemania 75.2%/22,8%, Japón 83,5%/16,5%, España 72,4%/27,6%, Reino Unido 79,5/20,5%. Fuente: OECD Health Statistics 2024.
2) Hay que considerar que en términos de PBI transferencias automáticas representan casi el 7% y las discrecionales alcanzan entre el 0.3 y el 1% (opc.gob.ar)
3) Una analogía Medicare / INSSJP - PAMI es insostenible