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Los dueños de las clínicas, sanatorios
y hospitales privados de todo el país empezaron a trabajar
con fuerza para lograr cambiar los mecanismos de
financiación de los servicios que prestan con la inclusión
de un nomenclador y con el aporte de fondos provenientes de
rentas generales. Los
prestadores privados de servicios de salud, tanto aquellos
que trabajan ligados al ámbito de las empresas de medicina
prepaga como los que lo hacen vinculados a la Seguridad
Social y el Pami, se preparan para enfrentar un año durísimo
donde el objetivo central es lograr una recomposición en los
aranceles, un reclamo postergado desde la salida de la
convertibilidad. Por otra parte, la mayoría de estas
entidades están diseñando distintas estrategias para
contener los costos de los servicios, que siguen
incrementándose a raíz de los aumentos dispuestos para los
trabajadores de la sanidad, de la incorporación de nuevas
prácticas en el PMO, de la aparición de nueva tecnología y
de la medicina defensiva desarrollada para evitar demandas
de mala praxis, entre otros factores.
Para superar estas dificultades, los prestadores privados de
salud reclaman, además de una urgente recomposición
arancelaria, la instrumentación de cambios en los mecanismos
de financiación de los servicios, que según el titular de la
Confederación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados
de la República Argentina (CONFECLISA), Gustavo Mammoni, “no
deben seguir solamente vinculados a los salarios de los
trabajadores y a los aportes patronales”.
 Para
Mammoni también sería importante “introducir cambios en las
regulaciones de los sistemas para lograr reglas claras que
garanticen un juego justo entre proveedores y consumidores
de servicios de salud” y crear “organizaciones más flexibles
y dinámicas que puedan interpretar los cambios que quiere la
gente”.
El reconocido analista del sector precisó que los distintos
entes estatales nacionales y provinciales junto a las obras
sociales nacionales, provinciales y el Pami se encargan de
la cobertura del total de los 35 millones de argentinos,
pero aclaró que entre los distintos organismos, tomando en
cuenta los ingresos y el costo del PMO “se genera un déficit
de casi 10 mil millones de pesos por año”.
“Por eso es necesario desarrollar medidas de transición que
aseguren una correcta financiación del sistema”, consideró
Mammoni.
Entre esas medidas, el titular de la CONFECLISA destacó la
instrumentación de un nomenclador de referencia (que fue
quitado en 1990), la sanción de un PMO sustentable apoyado
en una lógica actuarial y el fomento de las actividades de
bien público, un hecho que según el dirigente “puede parecer
menor pero es fundamental para acercarnos a la gente”.
Según el directivo de la CONFECLISA, en el modelo
prestacional actual “el que recibe el servicio no elige, el
que lo prescribe no paga y el que paga no recibe el
servicio”, una situación que se refleja “en la falta de
accesibilidad y en la baja calidad de los servicios por
falta de inversión”.
“Por eso es necesario comenzar a trabajar en una reforma que
permita revertir las tendencias de una oferta sesgada y con
una mala distribución de los recursos que está haciendo que
se pierda la solidaridad del sistema, que cada vez es más
inequitativo y con recursos insuficientes para desarrollar
la promoción y la prevención de la salud”, agregó Mammoni.
Por su parte, el titular de la Asociación de Clínicas y
Sanatorios Privados de la República Argentina (ADECRA),
Francisco Díaz, se quejó porque desde el gobierno “se están
poniendo todas las vallas posibles para desarrollar la
actividad”, no obstante lo cual “seguimos funcionando con un
nivel adecuado de accesibilidad y calidad”.
Díaz recordó que muchos sectores fueron ayudados a través de
subsidios luego de la crisis de 2001, algo que no sucedió en
el ámbito de la salud, donde “todas las entidades hicieron
frente a esa debacle sin ayuda de ningún tipo”, remarcó el
directivo.
Esto generó, entre otras cosas, una deuda del sector
prestador con la AFIP cercana a los 1.000 millones de pesos
y una fuerte desinversión en materia de equipamiento. “A
esto se agrega la intención de calcular nuestras deudas
impositivas con intereses que llegan hasta el 48 por ciento,
algo inaccesible para las clínicas y los sanatorios”,
advirtió Díaz.
Desde 2004 hasta fines del año pasado, el costo laboral
aumentó en el sector salud un 43%, mientras que los insumos
lo hicieron un 14%, los impuestos el 12% y los insumos no
médicos el 8%. “Y estos aumentos fueron enfrentados con
costos mayores a los ingresos percibidos, lo que hizo que se
deteriora la calidad para que el sistema siguiera
funcionando y que se castigara al recurso humano, tanto
profesional como técnico”, sentenció el titular de ADECRA.
Para revertir esta situación, según Díaz, “se necesitan
recursos, porque sin los mismos toda posibilidad de cambio
es mentira”. “Está claro que todos los países desarrollados
incrementan sus presupuestos de salud y que nosotros no lo
hacemos porque queremos resolver políticamente algo que
tiene una raíz económica”, remarcó el dirigente del sector
salud.
“Por este motivo la financiación debe realizarse con
recursos directos e indirectos, sin impuestos al trabajo que
disminuyan los ingresos de los trabajadores y logrando que
salud tenga un financiamiento a través de los impuestos”,
añadió Díaz.
 “Además,
necesitamos que rápidamente haya un solo organismo regulador
para todos los financiadores del sector salud, porque los
servicios son iguales para todos, más allá de la cobertura
que cada uno tenga”, sostuvo Díaz.
En ese sentido Roberto Dalma- zzo, director administrativo
del Hospital Garrahan, reclamó que las acciones que encare
el sector “comiencen a contar con la participación de todos
los actores” porque en la actualidad “nos falta una fuerte
inserción en la sociedad para que se entienda nuestra
problemática”.
“Cuando empecemos a hacerle entender a la sociedad que la
salud tiene límites en sus circuitos de financiamiento
quizás empiece a aparecer más justicia y más presión hacia
quienes toman decisiones macroeconómicas”, consideró
Dalmazzo.
“Concretamente, debemos considerar que si continuamos
hablándole a la población de la salud con los recursos que
tenemos, que es lo que estuvimos haciendo en los últimos
años, o si comenzamos a hablar de la salud que queremos y
merecemos”, agregó.
Dalmazzo dijo que las instituciones de salud tienen una
lógica sobre la composición de su presupuesto en la cual el
70% corresponde a salarios y el otro 30% a insumos,
medicamentos y descartables. “Por eso, a la hora de hablar
de los costos de la salud, hay que tener en cuenta estas
variables y la dinámica de recomposición de las mismas, que
no siempre, debido al contexto macroeconómico, son las
mismas”, aseveró el director administrativo del Garrahan.
Por último, Dalmazzo hizo hincapié en la conveniencia de que
todos los actores del sistema comiencen a trabajar en forma
conjunta para lograr mejores formas de financiación para la
atención, sobre todo porque “nunca estuvo tan claro que los
problemas son comunes a todos los subsectores” y porque
“jamás el sistema estuvo tan cerca de colapsar y con tantas
personas con cada vez más dificultades para acceder a los
servicios”.
Fuente: Seminario “Escenarios
para la Salud en el 2007”.
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