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El Ministro de Salud de la
Nación, Ginés González García, aseguró que la Argentina
seguirá llevando adelante todas las acciones tendientes para
continuar bajando los precios de tratamientos contra el
virus del VIH/SIDA, “trabajando con los países
latinoamericanos en la negociación de precios con los
laboratorios y fundamentalmente invirtiendo esfuerzos en la
fabricación propia de medicamentos”, aludiendo a los
acuerdos iniciados en 2006 con Brasil.
Según González García estas iniciativas permitirían lograr
una reducción en el gasto de “más de cien millones de
dólares anuales, lo que serviría no para ahorrar plata sino
para lograr |
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que más personas accedan a más y mejores
tratamientos”.
El funcionario formuló estas declaraciones en el marco del
“IV Foro de Latinoamérica y del Caribe 2007 en VIH/SIDA e
ITS”, un encuentro internacional organizado por la cartera
sanitaria nacional, al que asistieron más de 3000
representantes de organizaciones sociales de todo el
continente.
“Con Brasil somos los mayores compradores mundiales de
medicamentos (contra el VIH/SIDA), porque en nuestros países
el Estado cumple un rol que en otros países no tiene”, dijo
el ministro al tiempo que aseguró que, en la Argentina,
“estamos gastando 370 millones de pesos en toda la
estrategia de prevención, promoción y garantía de acceso a
tratamientos y los reactivos, sin incluir los costos de la
atención médica propiamente dicha”.
Recordó además que en el comienzo de su gestión la cartera a
su cargo repartía “tan solo 600.000 preservativos anuales y
durante 2006 se repartieron 40 millones de profilácticos, en
el marco de un incremento del 300% en las actividades de
promoción y de prevención”.
Durante la rueda de prensa con medios nacionales e
internacionales, González García calificó como “una
extorsión a la democracia” el fallo del Juez Civil y
Comercial Alejandro Saint Genez, quien dictara una medida
cautelar ante el recurso de amparo presentado por un
laboratorio extranjero prohibiendo la producción y venta de
una medicación de uso antirretroviral, denominada
genéricamente como “didanozina”.
Según González García “este es un hecho grave que va en
contra de la ley” explicó que “La ley de patentes dice que
debe ser consultada con opinión de peritos de las partes.
Obviamente que siendo comprador prácticamente único el
Ministerio de Salud, esta es una de las partes, además del
laboratorio incluido. No hemos sido consultados y produjo
una medida cautelar que nos impidió comprar el medicamento,
el 6% de los enfermos que reciben tratamiento gratuito usan
este medicamento, con lo cual involucra a más de 1.800
personas. Entonces hoy no tenemos el medicamento. Las
compras de persistir esta actitud tienen que ser hechas al
monopolio de la empresa que ha usado un artilugio. De manera
tal que eso les va a costar a los argentinos 2 millones y
medio de pesos por año. Acá se están defendiendo los
derechos de un laboratorio y no los derechos del resto que
son los más débiles.”
“Una democracia tiene que garantizar la accesibilidad y
tiene que garantizar la integración. Si uno como Estado, no
por razones de intención política sino por razones de un
precio exponencial, que además se viene incrementando de una
manera tremenda, encuentra incapacidad de darles igualdad
ante la necesidad a sus ciudadanos, realmente se debilita la
razón de ser del propio Estado. Esto es un problema de todos
y es un problema político. Los únicos dos casos que se puede |
