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La necesidad de una mejor comunicación entre los
ámbitos judiciales y de salud, la capacitación por
parte de peritos tutores para la valoración de la
evidencia científica y la evaluación de los peritos
de parte y el impacto que las medidas cautelares
están teniendo en la Seguridad Social y la Medicina
Prepaga fueron algunos de los temas que se abordaron
en esta 5a edición del encuentro que tuvo a la
Fundación OSDE como anfitriona.
Permitir que la evidencia errónea o sin base
científica envenene o influya sobre cualquiera de
los procesos de la ley no es algo solamente cínico
sino que también socava la autoridad moral de la
ley.” Esta frase de la profesora Erica Beecher-Monas,
citada por el Dr. James G. Apple, Presidente de la
International Judicial Academy de Estados Unidos,
resume el espíritu del Coloquio “Buscando el
acercamiento de los jueces a las ciencias”, que
reunió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia
de nuestro país, autoridades de la Academia Judicial
Internacional, del Foro para el
 Desarrollo
de las Ciencias, de la Asociación Civil de
Actividades Médicas Integradas, de la Escuela de
Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA,
de la Federación Argentina de la Magistratura,
funcionarios de la Superintendencia de Servicios de
Salud, Magistrados argentinos y estadounidenses,
docentes de la Universidad George Washington de
Estados Unidos y representantes de entidades de
Medicina Prepaga y Obras Sociales.
La ceremonia de apertura estuvo a cargo de la Dra.
Elena Highton de Nolasco, Vicepresidenta de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien
señaló: “El juez que conoce y sabe interpretar las
otras ciencias, es el que va a decidir con verdadera
independencia. La capacitación judicial es
fundamental y la misma, dada a través de la
colaboración de toda la sociedad civil y de los
expertos de las ciencias es realmente a lo que
tendemos para poder tener una Justicia como debe
ser, una Justicia esclarecida, capacitada en todos
los sentidos.”
LA PRUEBA
Al tomar la palabra, el Dr. Luis María Bunge Campos,
Presidente de la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la
Magistratura, destacó la importancia de este evento
para bien de la Justicia y reflexionó sobre la
historia de la lógica de la prueba judicial. “Es el
camino que me permite llegar a través de medios
conocidos a algo desconocido. Cada modelo procesal
ha respondido a un modelo probatorio y conocer,
saber y probar es distinto. Por ende, los modelos de
prueba tienen que ver con las formas en que una
sociedad encara el conocimiento. Por eso en cada
momento de la historia ha habido modelos probatorios
vinculados con los paradigmas de la época, porque
procedimiento y lógica van implícitamente unidos. El
camino que ha seguido la historia de la prueba ha
sido alejarse de la magia para someterse a la
racionalidad. En el siglo XIII, el camino de
abandonar lo irracional y la magia nos llevó a la
apertura. Y nos encaminó a otras formas no menos
simbólicas como puede ser el argumento de autoridad.
Durante el período de la Baja Edad Media, el
argumento comienza a tomar mucha fuerza y se ve
reflejado con el régimen de pruebas legales, que
obedece a la lógica de conocer el argumento de
autoridad. Nos tenemos que preguntar si el sistema
que tenemos ahora es racional. Un sistema que ha
preordenado normativamente las pruebas, el sistema
de pruebas legales no puede ser calificado de
racional y aún no olvidemos que tenemos resabios del
preordenamiento normativo de las pruebas por ejemplo
respecto del sector público. Pero la clave de la
importancia de un régimen que aparece preordenado
desde el punto de vista del conocimiento tampoco es
racional. Cuando yo tomo un peritaje y sencillamente
le creo no sé por qué, estoy volviendo al argumento.
Cuando yo creo porque lo dice el perito estoy
volviendo al argumento de autoridad. En
consecuencia, lo trascendente de este tipo de
encuentros es que nos apartan de la magia, nos
vuelven a la racionalidad, nos hacen encontrar con
el método que tenemos nosotros de descubrir la
verdad. Y es a través de conocer claramente cuáles
son las bases científicas de cada uno de los
elementos de prueba que estamos pidiendo. Esto
incluso nos va a servir para no malgastar recursos.
Por eso son fundamentales estos encuentros, porque
las ciencias están avanzando a un ritmo que no
alcanzamos; porque vivimos en una sociedad en que
realmente cada vez sabemos menos de más cosas.”
CIENCIA EN LOS JUZGADOS:
CAMBIOS PARA LOS JUECES EN EL SIGLO XXI
 La
necesidad de educación continua por parte los
magistrados para poder seguir el avance de las
ciencias fue uno de los puntos en que coincidieron
todos los expositores del coloquio. La Dra. Bárbara
Jacobs Rothstein, Directora del Centro Federal de
Justicia en Washington D.C., que es el brazo
educativo de los tribunales federales en Estados
Unidos, delineó las características del sistema
establecido en su país. “El Centro es responsable de
la instrucción, de la capacitación jurídica continua
de los jueces federales. Fue creado en la década del
60 cuando el entonces Presidente de la Corte Suprema
pensó que sería una buena idea tener educación
continua para los jueces teniendo en cuenta el
cambio constante de las leyes y las nuevas causas
que cambiaban la jurisprudencia. “En el Centro se
dictan seminarios y talleres cuyos docentes son
jueces o profesores de derecho que tienen
conocimiento distintivo en el área en que versa el
seminario. Especialmente se abordan áreas
específicas del Derecho en universidades, por
ejemplo, tenemos un seminario sobre genética dentro
de la Universidad de Stanford. Por lo menos el 90%
de los jueces concurren a algún tipo de taller o
seminario durante el año. Los seminarios no sólo son
para los jueces sino también para el personal
judicial.
Uno de nuestros seminarios más populares es el que
hacemos sobre ciencias; es muy bien recibido debido
a que tarde o temprano la mayoría de nuestras causas
va a involucrar un dictamen pericial.”
La magistrada se refirió, a continuación, al
problema de comunicación que existe entre el derecho
y la ciencia y enumeró las diferencias que
dificultan esa comunicación: “En primer lugar hay un
marco de tiempo diferente. Los científicos no tienen
límites de tiempo, sus teorías se pueden probar una
y otra vez y ser publicadas, criticadas y
republicadas hasta que estén seguros de que
realmente están en lo correcto. Piden comentarios y
críticas de sus colegas. No hay ningún apuro en la
comunidad científica en llegar a una conclusión. El
derecho funciona en otra medida de tiempo. Los
juicios deben dirimir los casos ahí y ahora.
Nosotros llamamos a esto un primer plano de lo que
ocurre en ese momento, las pruebas que se nos ofrece
son las mejores. El Tribunal hace lo mejor que
puede.
Otra diferencia es el nivel de prueba. Nosotros, en
las causas civiles, estamos cómodos con más probable
que no, 51%-49%; en este lado el demandante tiene la
carga, si lo aprueba el 51% gana, esto no es algo
que le guste a los científicos. Cuando van a una
sala de audiencias y le preguntan: “¿Es más probable
que no?” Responden: “En ese nivel yo no trabajo”. Y
ésa es otra cuestión que cuando los jueces o
abogados están hablando con peritos hace que haya un
problema de comunicación entre ambos.
Otra diferencia es el índice y el ritmo de cambio y
cómo se da en las dos disciplinas. La ciencia cambia
tan rápido que es difícil seguirla. A nosotros los
jueces no nos va bien con el cambio rápido, queremos
que sea muy lento y solemos mirar hacia atrás, el
precedente y si tenemos que hacer un cambio, va a
ser en pasos muy pequeños. El gran cambio se supone
que tiene que venir de la legislatura, pero como han
mencionado aquí, es muy difícil hacer que ésta se
mueva en muchas de las cuestiones que nosotros los
jueces enfrentamos diariamente. Los jueces somos
conservadores por naturaleza, tratamos de mirar
otros fallos y avanzar a partir de ellos.
Entonces, en todo este trasfondo de diferencias,
ahora analicemos los siglos XX y XXI en los cuales
cada vez más frecuentemente los temas científicos
llegan a los tribunales y a los jueces se nos pide
que emitamos fallos acerca de estas cuestiones. Cada
una de las partes trae sus peritos pagos, que se
alínean con el punto de vista de quien les paga.
Todos tienen currículos que se ven magníficos,
publicaron documentos, fueron a la mejor facultad.
Entonces ¿cómo puede elegir el juez y saber qué
peritaje es el mejor y en cuál confiar? A principios
de los 80, la Corte Suprema, decidió establecer la
forma en la cual la ciencia se iba a tratar ante los
jueces. En primer lugar, abordó el tema de quién iba
a tomar la decisión en cuanto a buena o mala ciencia
y dijo: ‘el juez será quien celebre una audiencia,
va a hacer preguntas, va a aprender acerca de la
ciencia y va a tomar la determinación en cuanto si
al jurado va a escuchar la declaración de los
peritos. Esto fue un gran cambio. La Corte
estableció también que el magistrado debe escuchar a
la ciencia, debe entender lo que dice el perito y
decir lo que es relevante y confiable. Los jueces
sabemos tratar el tema de lo relevante o no, pero
¿qué queremos decir por confiable en este contexto?
Y la Corte dijo: Confiable quiere decir en un
Tribunal, con un método científico. Y delineó cuál
sería este método: ¿Se ha publicado literatura
empírica que ha sido revisada por colegas que
trabajan en esta misma área?, ¿sería aceptada en la
comunidad científica?, ¿cuál fue el índice y la
posibilidad de error? Todos estos factores fueron
enumerados por la Corte para que los jueces los
tengan en cuenta al momento de decidir. La confianza
se depositó en el juez de primera instancia, que
escucha a los peritos, que presentan sus dictámenes
e informes, y los jueces evalúan su declaración. Si
es un área muy complicada, el Tribunal tiene la
facultad de nombrar su propio perito de oficio para
que lo instruya.” En este sentido, la Dra. Rothstein
afirmó que las organizaciones científicas en Estados
Unidos están colaborando con los jueces. Finalmente,
la magistrada consideró que “los casos que presentan
estos problemas científicos son algunos de los más
interesantes que vamos a tener; son desafiantes,
seguimos aprendiendo gracias a ellos y eso es lo
mejor de ser juez.”
EVALUANDO LA EVIDENCIA
CIENTIFICA
 El
Dr. James G. Apple, Presidente de la Academia
Judicial Internacional de Estados Unidos y ex
funcionario Senior del Centro Judicial Federal, fue
uno de los invitados especiales del evento. En su
exposición, se refirió a la calidad judicial y se
centró en la obra “Evaluando la evidencia
científica”, de la Prof. Erica Beecher-Monas. El Dr.
Apple citó: “Convertir a los jueces en los tutores y
custodios de la evidencia relevante es una faceta
fundamental de la Justicia. También señaló que
“entender y evaluar la evidencia científica es muy
importante para el concepto del debido proceso de la
ley y aun para la idea general del estado de derecho
en el mundo.” Mencionó dos requisitos básicos “para
la revisión de la constitucionalidad de la evidencia
científica que se ofrece en las causas civiles y
penales sin importar el sistema legal que representa
el juez. El primero es un entendimiento del “método
científico” y el segundo es “un proceso de
razonamiento estructurado”. La profesora Beecher-Monas
da una lista de cinco pasos que debería tomar un
juez para determinar si las evidencias científicas
pueden ser admitidas como evidencias en una causa.
Estos requisitos son los siguientes:
1. Identificar y examinar la teoría y la hipótesis
para ver cuál es su poder de explicar la idea y los
datos.
2. Rever o examinar los datos que dan o no apoyo a
la teoría del perito.
3. Utilizar aseveraciones que puedan ser sólidas
para llenar las brechas inevitables entre los datos
y la teoría.
4. Examinar la metodología.
5. Participar en la evaluación del enlace entre los
datos y la teoría.
Estos son los cinco pasos que debe atravesar un juez
al evaluar si la evidencia científica puede ser
admitida. Manejar las técnicas de la evaluación de
la evidencia científica es un proceso continuo no
solamente para los jueces, sino para los abogados,
para los que hacen las leyes y para los reguladores,
que requiere de exposición continua a temas,
análisis y explicaciones científicas. Esto es muy
importante porque todo el concepto del Estado de
Derecho depende de esto.”
En su disertación sobre el manejo judicial de la
evidencia científica en casos civiles, la Dra. Joan
Zeldon, Juez Asociado de la Corte Superior
Washington D.C., Estados Unidos, coincidió con los
demás magistrados que participaron del encuentro en
que “los jueces deben sentirse cómodos en el manejo
de la evidencia científica porque son responsables
de decidir los conflictos que tienen que ver con la
ciencia”. La jueza narró sus propias experiencias al
respecto en distintos casos en la evaluación de los
peritos y sugirió: “Creo que sería útil para la
Justicia escuchar la declaración en persona para
saber si vale la pena la declaración o el dictamen
del perito”.
PROBLEMAS LEGALES EN LA
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE SALUD IDEAL
 La
crisis del sistema de salud estadounidense y los
factores legales que inciden en esta situación fue
el tema abordado por el Dr. N. Thomas Connally,
Profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Washington y de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Georgetown.
“Hay 46 millones de personas en Estados Unidos que
no tienen seguro de Salud ni pueden atenderse, lo
que es un hecho muy triste, siendo el país más rico
del mundo”-sostuvo el Dr. Connally. “Tenemos muchos
problemas con la mala calidad en los hospitales; hay
alrededor de 50 o 100 mil muertes innecesarias por
año, teniendo un sistema más caro que el resto del
mundo. Hay 12 o 15 razones diferentes que puedo
mencionar para explicar el alto costo del sistema,
pero una es que la mezcla complicada de aseguradores
privados con fines de lucro tiene un componente
administrativo muy costoso que está en el 20 o 25%
del dinero que es aportado por las personas que son
aseguradas por el sistema privado, que no van al
cuidado de la salud sino para administrar el
sistema. A esto se suma el esquema de seguro por
mala praxis, que es muy costoso de administrar.
Alrededor del 60% del dinero que en última instancia
es otorgado a los actores no va a la parte salud,
sino a los gastos de los peritos, abogados,
judiciales. Por otra parte, cada vez vemos más
especialistas y menos médicos de atención primaria.”
El Dr. Connally, quien también es miembro del
Instituto Nacional de Salud y del Servicio Público
de Salud, ambas agencias del Gobierno de los Estados
Unidos, señaló que como estrategia para solucionar
esta situación se está impulsando un proyecto de
sistema universal de Salud que dependa del Estado,
apoyado por empresas (pequeñas y grandes) y por la
Cámara de Comercio del país.
A la vez, se está intentando reformar el sistema de
Responsabilidad Médica. Entre otras acciones, se
formarían tribunales especializados en temas de
Salud.
Otro tema que afecta al sistema en ese país es,
según planteó el Dr. Connally, la presión de la
industria farmacéutica para no bajar los precios de
los medicamentos. “Las drogas son mucho más caras en
Estados Unidos que en cualquier otro lugar del
mundo. La gente viaja a Canadá para comprar sus
medicamentos porque la industria canadiense negocia
con el gobierno y los precios son más bajos que los
nuestros en un 30, 40 y 50%. La razón que dan al
público para no bajar los precios es que: “sin tener
esta ganancia no podemos hacer investigación y
desarrollo, no vamos a sacar nuevos medicamentos y
nosotros hemos hechos cosas maravillosas por el país
con nuestra investigación y desarrollo”. Entonces la
industria farmacéutica gasta el 2% de su dinero en
investigación y desarrollo, gana un 13% y gasta un
31% en promoción y publicidad para los médicos.”
El Dr. Connally señaló que en Estados Unidos hubo
acciones de clase en las que grupos de médicos que
demandaron a las compañías de seguros de Salud o a
las prepagas por tener sistemas computarizados que
deliberadamente eran muy lentos en el pago a los
prestadores y que confundían y realizaban la menor
cantidad de pagos posibles. Ninguna de las causas
llegó a un jurado en realidad, no solamente se
entablaron estos casos de acción de clase sino que
se presentaron bajo el estatuto “RICO” (Ley de
Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el
Crimen), que es un estatuto contra los delitos de
conspiración y crimen organizado. Al presentar una
demanda bajo Rico se resarce tres veces el daño que
se ha inflingido.”
Un factor que el Dr. Connally destacó como
fundamental es “tener peritos médicos elegidos
adecuadamente pero vamos a necesitar también
expertos o peritos en epidemiología y estadistas que
nos digan qué está sucediendo. Va a haber un montón
de temas en medicina que no pueden ser abordados por
peritos médicos. Por ejemplo, en las causas contra
las compañías de seguro o contra las prepagas a las
que se acusó de tener equipos computarizados que les
pagaban menos a los médicos van a requerir expertos
en informática que les ayuden.
Hay otras dos áreas que vamos a tener que analizar
aquí y en nuestro país también: Una de ellas es que
tenemos el 16% de los consultorios computarizados;
lo que realmente queremos hacer para reducir nuestro
costo administrativo y mejorar la calidad es tener
historias clínicas en computadora para todos los
pacientes en todos los consultorios. Esto es
costoso, pero uno de los grandes problemas que vamos
a encontrar desde el punto de vista jurídico es que
a mucha gente le va a preocupar el tema de la
confidencialidad. La gente puede abusar de estas
historias clínicas y usarlas de manera incorrecta:
por ejemplo, para venderla a empleadores, lo que
dañaría a los pacientes, y parte de la tradición
médica y del vínculo entre médico y paciente es la
confidencialidad. Cuando lo hacemos tenemos que
tener mucho cuidado que esto no se rompa, algunos
han sugerido tener historias clínicas dobles con
archivos informáticos y para los temas más delicados
como inclinación sexual o una enfermedad, tener en
algún otro tipo de historia clínica más
confidencial. Esto va a exigir más legislación, más
del Congreso Nacional y también de las legislaturas
provinciales, pero tenemos que trabajar como equipo.
DILAPIDACION DE RECURSOS
POR MEDIDAS CAUTELARES
 “Estamos
asistiendo a usos novedosos y demagogias facilistas
en la estructura del arsenal jurídico de la Nación
Argentina”, acusó el Dr. Pablo Giordano, Presidente
de ADEMP, refiriéndose a la profusión de recursos de
amparo que se interponen a las Obras Sociales y
Prepagas. “En la mayoría de las medidas cautelares
subyace la falta de información previa por parte del
juzgado para calificar el requerimiento a fin de
evaluar su procedencia o improcedencia, ahí viene la
dilapidación de recursos.”
Por otra parte, sostuvo que “quienes manejan estos
recursos deben ser muy cuidadosos en el momento de
aplicarlos. No estamos siguiendo las prioridades que
deben seguirse en temas de Salud, Educación,
Justicia y Seguridad.”
En cuanto a los jueces, indicó que “al momento de
resolver una procedencia de una cautelar deben
verificar las prestaciones incluidas en el PMO”,
aunque admitió que “no es fácil, ya que son tal la
cantidad de normativas que podría uno pasarse una
semana para saber cuáles son, cuáles están vigentes
y cuáles no.”
El Dr. Giordano explicó los pasos que deberían
cumplirse frente al requerimiento de un paciente: si
es una prestación médica, cuál es, si corresponde a
la prestación requerida para la afección de ese
paciente, si está incluida en el PMO o en el
contrato de partes, si está expresamente excluida;
si está prevista en el PMO para esa patología o sólo
para otras y no para la que sufre el paciente; si se
trata de una prestación social. “Hay una serie de
parámetros que hacen saber la necesidad, la
obligación y el tiempo en que debe realizarse.”
El expositor también detalló los casos en que se
niega la cobertura: por no estar incluida en el PMO,
por no estar contratada, por estar en la etapa
experimental.” En estos casos, “no tiene nada que
ver con lo que es una medida cautelar, sino con el
capricho de un asociado en detrimento de todo el
resto de la comunidad, porque estamos usando lo
recursos del resto. Hay una colisión entre normas
que para los que nos toca estar en el medio se hace
muy difícil interpretar.”
Según asevera Giordano, “la industria farmacéutica y
biotecnológica incitan a los médicos a recetar y a
los pacientes a hacer uso y abuso de este remedio y
han establecido los mecanismos para interponer
recursos de amparo impulsando el procedimiento a
través de sus propios abogados.” “También las ONGs
se erigen en defensoras de los derechos de los
pacientes, de los enfermos crónicos, sus potenciales
clientes; los derivan a sus propios estudios
jurídicos en forma gratuita, mal asesoran a las
personas para iniciar juicios de toda índole.”
Otro de los factores que, de acuerdo con la visión
de Giordano, inciden en el desequilibrio de las
finanzas en la Seguridad Social y las empresas de
medicina prepaga es la cobertura de la discapacidad.
“Es imposible que se siga avanzando con la cobertura
por discapacidad porque no hay recursos. El Estado
tiene que decidir cómo vamos a hacerlo y hasta
dónde. El PMO no contempla otra cosa que no sean las
prestaciones médicas y, sin embargo, por vías de
amparo logran coberturas de medios de transporte,
escuelas, construcción, piletas de natación,
computadoras…” y advirtió: “cuando el sistema
quiebre no vamos a tener ni las prestaciones básicas
mínimas. Lo que hay que hacer es encontrar la
sustentabilidad para que esto perdure en el tiempo.”
El Dr. Giordano manifestó finalmente que “la
Justicia hasta este momento es incapaz de cumplir su
mandato constitucional de aplicar la ley en tiempo y
forma. Asistimos a un panorama demagógico en que la
Justicia se ha erigido en un decisor de indicaciones
médicas, de fármacos, de prótesis. Dilapidar
recursos en tratamientos no previstos en la
legislación o ni siquiera autorizados
científicamente lleva a un encarecimiento de costos,
que lógicamente deberán trasladarse a los aportes y
contribuciones o a las cuotas, y por otro lado, los
entes de defensa del consumidor dicen que no se
puede aumentar. Entonces esto termina mal.”
INCERTIDUMBRE NORMATIVA Y
SISTEMAS DE SALUD
 El
Lic. Hugo Magonza, Director General de CEMIC comenzó
su exposición realizando un diagnóstico de la
situación del sector Salud. Señaló que el sistema de
salud está afectado por tres o cuatro factores
sustanciales. “Uno es el envejecimiento; en este
momento nosotros podemos planificar que en el año
2050 la población mayor de 60 años se va a triplicar
mientras que la población de 36 años se va a
mantener estable dentro de lo que es el sistema,
tenemos que tener en cuenta que la población de 36
años es aquella que contribuye al sistema y no
consume, lo cual permite financiar a los mayores.
Otro es la aparición de nuevas enfermedades como el
HIV, que hoy son fuertemente prevalentes y tienen
necesidades urgentes de financiamiento porque
reciben un tratamiento muy costoso, y también hay
viejas enfermedades que son mejor diagnosticadas y
tratadas. Por otro lado hay mayor prevalencia de
enfermedades catastróficas. Cada 10 segundos fallece
una persona que tiene diagnóstico catastrófico; cada
10 segundos se diagnostican dos pacientes y en una
proyección de aproximadamente a 15 años va a
aumentar el 60% el número de personas con estas
enfermedades. Esto implica al sistema de salud
financiamiento a nuevo costos que son casi
impagables en cualquier sistema de salud del mundo.”
En cuanto al aspecto jurídico, el disertante señaló
que “hay una proliferación normativa: en los últimos
años están vigentes 430 leyes, decretos,
resoluciones nacionales, que lo único que hacen es
generar burocracias injustificadas y en muchos casos
facilitan la corrupción. El exceso de la ley
corrompe a la República. Es un tema que deberíamos
tener en cuenta cada vez que se legisla.”
El Director del CEMIC concluyó que la incertidumbre
con relación al compromiso que tienen las empresas
con sus afiliados eleva el costo y por consiguiente
el precio, genera pasivos ocultos que podrían
determinar la quiebra de las organizaciones y la
pérdida de quien presta servicios para sus
afiliados, desincentiva la inversión y la
participación de nuevos actores, quitándole a la
gente la posibilidad de poder elegir mejor; favorece
el modelo de concentración que no es conveniente
para que la gente pueda elegir en un sistema
transparente de mercado; impulsa a los empresarios a
buscar inversiones en otras actividades de menor
riesgo y mayor atractivo; restringe el acceso a los
grupos reducidos de población y esto implica
claramente que hay atención medica para quienes
tienen la posibilidad de pagar un sistema privado y
otros que poseen una Obra Social y otros que están
excluidos del sistema de atención formal, y no
permite al sistema público orientar todos sus
recursos a la atención de los excluidos.”
LA DISCAPACIDAD
 “A
la falta de políticas públicas sobre discapacidad,
se la reemplazó con legislación, que es una de las
formas más aberrantes de tratar de imponer una
política a la sociedad”, dijo el Dr. Néstor Vázquez,
médico, (ex Gerente General de la Superintendencia
de Servicios de Salud), al comenzar a desarrollar su
visión sobre el tema. El funcionario reconoció que
en la Argentina “no trabajamos en prevención ni en
la información ni en la formación de recursos
humanos ni en la creación de una sociedad que pueda
admitir a los discapacitados, y tampoco en derrumbar
las barreras arquitectónicas para que ellos puedan
vivir en sociedad. Lo que demuestra la sociedad es
que esta política pública no le interesa; solo a los
individuos, por eso quienes más reclaman los
derechos de los discapacitados no son los políticos,
sino los individuos nucleados en ONGs que
generalmente -o siempre- están vinculados a sus
familiares discapacitados.”
“No sabemos lo que son los discapacitados, no
sabemos cómo tenemos que informar, cómo tenemos que
tratar, cómo formar el recurso humano, pero
pretendemos que alguien pague. Creemos que la
solución es económica, es resarcitoria”. “Al fin y
al cabo –dijo- un discapacitado es un certificado.
Aquel que tenga el certificado de discapacidad puede
gozar de todos los derechos que pretenda, porque
como nadie sabe bien qué es lo que tiene que darle,
el que más pide, más obtiene, no importando si eso
le va a servir y tampoco si el lugar en que se lo
van a dar es el adecuado. Porque se guían no por los
asesores adecuados, sino por lo que le contó alguien
que tiene un problema similar aunque no sea un
experto en discapacidad.” Y agregó: “Obligamos a los
financiadores a dar las prestaciones sin saber si
van a ser efectivas y no haciendo el seguimiento que
corresponde. Cada vez que lo hacemos, detectamos,
por ejemplo, que el ausentismo de los chicos es del
40% en las escuelas.”
LA PROCREACION ASISTIDA
ANTE EL DERECHO
 Al
dar comienzo a su exposición, el Dr. Gustavo Bossert,
Presidente del Comité Académico Latinoamericano de
la Academia Judicial Internacional y ex Juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacó la
necesidad de una norma que llene el vacío legal que
hay sobre la procreación asistida. Pero, a su vez,
aseveró que ésta debe ser “una ley sin prejuicios,
que atienda la convicción humana y sin exageraciones
para facilitarles además a los jueces la angustia
que muchas veces se presenta en temas de fecundación
in vitro o cuando tienen que decidir qué hacen con
los embriones sobrantes. Y también que haya en claro
conclusiones y resoluciones a problemas donde debe
prevalecer por encima de todo, como dice el artículo
3 de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, el interés del menor, aunque todavía no esté
creado. Y particularmente, un sistema legal con las
reglamentaciones pertinentes para que haya un
control sanitario en todos los centros de salud.
Este vacío legal, algún día cuando sea más grande
este país, será cubierto por el futuro parlamento
argentino.”
A continuación, citó la legislación de distintos
países frente a la variedad de situaciones que se
dan ante la fecundación in vitro: por ejemplo,
parejas homosexuales que piden someterse a
tratamientos de inseminación artificial o casos de
mujeres sin pareja, y se preguntó qué sucedería ante
la legislación argentina si se da la impugnación de
paternidad por parte del hijo de una pareja
 que
fue sometida a este tratamiento. “Si se da este caso
de un chico que hace la impugnación y comienza la
búsqueda porque se sostiene que hay que permitirle
las características biológicas de quien aportó el
semen; y conoce la ley sueca, que dice que a los 18
años puede averiguar en el banco de semen quién es
el donante. Hoy en la Argentina, donde no hay ley
específica, yo me pregunto cómo hace este señor para
rechazarle la demanda. Esto es un absurdo.”
El Dr. Bossert se refirió también a la necesidad de
legislar sobre los controles sanitarios de quienes
realizan las donaciones para evitar anomalías
hereditarias y culminó su exposición mencionando
legislación y casos suscitados en distintos países
sobre inseminación post mortem, alquiler o préstamo
de vientre y planteó la controversia sobre el
congelamiento de embriones descartados de
tratamientos de fertilización.
INFORMAR A LOS JUECES
 El
Dr. Oscar Cochlar, Gerente de Gestión Estratégica de
la Superintendencia de Servicios de Salud, que
ofició de coordinador del último panel del coloquio,
convocó a los presentes a continuar participando en
“los grupos de investigación” en los que se está
trabajando en el abordaje de la discapacidad y otras
temáticas como enfermedades infecciosas y oncología.
Y destacó que durante el evento “la integración que
existió entre los profesionales de la ciencia de la
medicina, abogados y magistrados fue enriquecedora
para todos”. El funcionario sostuvo que una
dificultad que suelen tener es que “el juez admita
la necesidad de educarse en estos temas.”
En la ceremonia de cierre, el Dr. James G. Apple,
Presidente de la Academia Judicial Internacional de
Estados Unidos, agradeció a quienes colaboraron en
la organización del encuentro y anunció que la
Academia desarrollará dos programas más en la
Argentina y uno en Estados Unidos. “Los estamos
planificando para 2008 y 2009 y se van a seguir
implementando programas en la Argentina en los temas
de interés para los jueces, que son vitales para el
desarrollo del sistema legal de vuestro país. El
objetivo es que estos programas realizados en la
Argentina sean modelo para otros países.”
Por su parte, el Dr. José Pedro Bustos, Gerente de
Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de
Servicios de Salud expresó que “este tipo de
coloquios sirve para fortalecer a las instituciones.
Uno
de los objetivos principales que tienen estas reuniones es desmitificar
esta oposición entre el Poder Judicial y las
empresas de medicina prepaga, o los
 Agentes
del Seguro de Salud, en donde, por un lado los
jueces no comprenden las necesidades de los
prestadores de salud, y por otro lado los
prestadores no comprenden el alcance de las
decisiones judiciales.”
Finalmente, Tomás Sánchez de Bustamante, Presidente
Fundación OSDE, agradeció nuevamente a quienes
hicieron posible la realización de la quinta edición
del coloquio y citó al escritor italiano Claudio
Magris: “Tras las cosas tal como son hay una promesa
que es la exigencia de cómo debieran ser”. Y
concluyó: “Nuestro rol institucional es aportar en
la construcción de una sociedad democrática; es ser
una herramienta útil que pueda utilizarla todo el
conjunto.”. |
