En pocos días más, los argentinos decidiremos democráticamente quienes nos gobernarán por los próximos 4 años. Más allá de los resultados, resulta un momento propicio para pasar revista a lo realizado y esbozar una agenda futura.
En esa mirada hacia atrás, no debe omitirse (como frecuentemente sucede en muchos análisis) la situación de base, producto de la más fenomenal crisis que el país y el sector atravesaron en las últimas décadas (con un país desmembrado y una Nación que se diluía, en cesación de pagos, con una ordenación institucional seriamente amenazada y un profundo cuestionamiento del principio de autoridad), y mencionar entonces dos períodos claramente diferenciados: uno que va desde comienzos de 2002, y que abarca el 2003, en que los responsables de la salud en las provincias y en la Nación, realizaron un importantísimo esfuerzo, que debe medirse más por lo que se evitó que sucediese en términos de lesiones al sistema, por el serio impacto de la crisis en los servicios públicos y privados; y que tuvo como objetivo principal evitar que el sistema sucumbiese. La vigorosa recreación del COFESA, constituyó un espacio clave para esa acción, del mismo modo que el Comité de Crisis, que creado en ese momento, permitió la activa participación de los distintos actores del sector, cuya muy prudente acción, aún más allá de este espacio, cabe acotar, fue un invalorable aporte para capear el temporal. Un segundo período (2004-2007) está signado por los acuerdos alcanzados en el Plan Federal de Salud, fruto de los cuales se ha reposicionado la atención primaria como modelo prestador esencial del sistema; se ha garantizado el acceso a medicamentos a los más pobres a través del programa Remediar, se ha instaurado el programa de salud sexual y procreación responsable, se ha aumentado la cobertura de inmunización, y se ha disminuido fuertemente la tasa de mortalidad infantil, entre otros logros.
En resumen, podríamos decir que se ha producido una poderosa recuperación de la función de rectoría del Ministerio de Salud Nacional, en especial de las dimensiones de aquellas que tienen que ver con las funciones esenciales de salud pública , la conducción sectorial y la regulación.
Hacia el futuro, la Argentina enfrenta dos fuertes desafíos en salud: proteger el terreno ganado y garantizar el acceso de toda la población a servicios y medicamentos sin las brechas actuales (en términos de calidad, oportunidad, etc.), fruto de la gran segmentación del sistema.
Justamente dentro de esa función rectora a la que hicimos referencia, se encuentran otras dimensiones: la armonización del financiamiento (en términos de monitoreo y ajuste de las complementariedades en los recursos de las diferentes fuentes para asegurar acceso equitativo a los servicios de salud para la población); la armonización de la provisión de servicios (en términos de promover las complementariedades entre diversos proveedores de servicios y grupos de usuarios y extender la cobertura en la atención de salud de manera equitativa y eficiente), y la garantía de aseguramiento. Está claro que las dos primeras están lejos de ser cumplidas, y ello no es resultado de la desidia del Ministerio de Salud Nacional, sino de la conjunción de dos factores cuya solución transita por los terrenos de las decisiones políticas y de la calidad institucional, que, en serio, nos conducirán a ser un país en serio (sin perdón de la redundancia).
El primer factor es la rígida relación jurídica e institucional entre Nación y Provincias en nuestro sistema federal, que requerirá un consenso realmente serio para su redefinición (que seguramente supera la decisión de un tercer senador o la nacionalización del sistema previsional). El segundo, de más sencilla resolución (en serio) es la integración (en serio) a la conducción sectorial del Ministerio de Salud, del sistema nacional de obras sociales, el Pami y la regulación de los seguros privados.
Porque aun, cuando los índices de empleo y pobreza se encuentran en franca mejoría, ésta y el desempleo, continúan siendo elevados, por lo cual la clara mejora experimentada en la recaudación y los servicios de las obras sociales y del Pami, no deben ocultar la necesidad de una articulación entre ellas (en todas sus expresiones: nacionales, provinciales, universitarias, etc.), los servicios del subsector público y el aseguramiento privado.
No intentarlo, en las excepcionales condiciones de crecimiento de la economía y de mejora de los indicadores que disponemos, pueden llevarnos a que posiblemente en algunos años hablemos de una oportunidad perdida (en serio). O lo que es peor, que confirmemos el pensamiento de Bertrand Russell: Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas.