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Desde
que su imagen se hizo conocida al frente del Pami,
Graciela Ocaña, de 47 años, Licenciada en Ciencias
Políticas, se encargó de mostrar un perfil más
vinculado al trabajo que a las palabras. Sin
embargo, en la entrevista que nos concede en su
despacho, no evita las definiciones políticas: las
presenta como el fundamento de cada uno de los
hechos de su gestión.
Hemos escuchado muchas veces la frase “la salud
debe pasar a ser una política de Estado”. Pero,
parecería que siempre había otros temas primero:
seguridad, etc.
Yo creo que la salud hoy, para el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, es un tema adoptado.
Ahora, ésta es una discusión: para nosotros la salud
no es el tratamiento de la enfermedad, sino que
tiene que ver con áreas como la prevención, la
infraestructura. No puede haber salud si no hay agua
potable, si no hay cloacas; no puede haber salud si
no hay hábitos saludables en una comunidad; no se
puede hablar de salud si no hay una comunidad
organizada para garantizar esas condiciones de vida.
Yo creo que esto la Presidenta lo tiene muy en
claro. Hubo una primera etapa del gobierno de Néstor
Kirchner en la que el presiente se vio necesitado de
resolver los temas más urgentes. Hoy hay una visión
más estratégica y más de largo plazo. La Presidenta
convocó el 1 de marzo al acuerdo socio- sanitario. A
mí me parece que esto es central: hacía mucho tiempo
que un presidente no convocaba a los argentinos a
reformular su sistema de salud.
¿Es esto ahora factible? ¿Se puede hacer
realidad?
Yo creo que hoy la salud es política de Estado
porque, básicamente, es una necesidad de los
argentinos. Lo que tenemos que discutir es qué salud
queremos, porque a veces comparamos lo que se gasta
en salud por habitante con lo que se gasta en otros
países en dólares y, entonces, parece que se
distorsiona. Cuando uno suma lo que gasta el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales, la
seguridad social y lo que pone cada argentino de su
propio bolsillo a través de la medicina prepaga,
privada o de coseguro, estamos hablando de cifras
cercanas al 9% del PBI. Entonces cuando uno compara
la inversión que otros países hacen en dólares o
euros, tenemos cifras bastante parecidas, pero lo
que es cierto es que nosotros no tenemos la calidad
de atención que tienen esos lugares. Hay muchos
recursos que se pierden por la falta de articulación
de estos fondos que se invierten en salud.
Este Ministerio pasó por situaciones difíciles,
incluso estuvo a punto de desaparecer. ¿Cuál va a
ser el rol del Ministerio de acá en adelante?
El Ministerio tiene que ser el gran articulador
de todo el sistema sanitario: para esto necesitamos
trabajar en conjunto con la seguridad social, con el
Pami, con las obras sociales provinciales y con las
provincias. Lo que hay que hacer son economías en
escala que permitan asignar mejor estos recursos.
Esto creo que cambia el mapa sanitario. Nosotros
queremos que la articulación que logramos dentro del
Pami podamos volcarla hacia fuera y trabajar en
indicadores comunes: en la cara y el registro de la
población. Tenemos que lograr una política de salud
integral que pueda tener un estándar mínimo de
atención para todos. Después, cada sector podrá
introducir las modificaciones que crea más
convenientes para mejorar la atención, pero es
imprescindible tener esos estándares. El sector
público tiene que tener modelos de calidad, no sólo
estándares de calidad de la atención, sino también
de infraestructura, hotelería, equipamiento.
Nosotros no creemos que el sector público y el
sector privado tengan que competir. Es ridículo que
el sector público adquiera equipamiento que está en
manos del sector privado porque se produce un
dispendio de fondos que también hay que regular.
Tampoco se puede tener una cantidad de equipamiento
en un mismo lugar, incluso dentro del sector
privado, porque eso lo que hace es aumentar los
costos de la prestación. Hay que trabajar mucho en
la escala y el Ministerio tiene que cumplir un rol
central.
¿El
Ministerio solamente atiende a quienes no tienen
cobertura o atiende las necesidades de toda la
población?
Muchos ministros plantean la necesidad del seguro
público de salud para los que no tienen cobertura y
la verdad es que un ministro no puede abordar la
problemática individual, la tiene que abordar como
una totalidad, estableciendo estándares de
retención, estableciendo protocolos de tratamientos
similares. Después, por supuesto, alguno podrá
ofrecer hotelería privada, dos camas, etcétera. Esos
son servicios adicionales. Ahora, el Estado tiene
que dar la oportunidad de que todos tengan una
garantía. Y ésa es la obligación.
A cuatro meses de gestión, ¿tiene un diagnóstico del
mapa sanitario argentino?
Creemos que es imprescindible tener ese mapa porque
es el que te permite hacer referencia y
contrarreferencia. Estamos trabajando en eso, se ha
avanzado muchísimo, ya tenemos, en algunas
provincias, prácticamente barrida toda la situación;
en otras, estamos un poco más atrasados y esperamos
en el corto plazo poder concluir con esta tarea. En
las provincias de las que ya tenemos todos los datos
ya hemos empezado a hacer este abordaje: ya
comenzamos a hacer esta red de referencia y
contrarreferencia para establecer dónde hace falta
inversión que, insisto, debe hacer el Estado.
¿Que políticas piensan implementar con respecto a
los recursos humanos? Usted firmó acuerdos con las
universidades, ¿Hay que orientar la formación hacia
sectores que el área necesita?
Así es; armamos un consejo consultivo que va a
trabajar en la temática de formación, en el programa
de salubridad escolar, donde la universidad tiene un
rol central, no solamente en la elaboración del
programa, sino también en la ejecución del mismo. En
el Pami apostamos mucho a los recursos de la
universidad, y ahora, desde el Ministerio, todos los
decanos de facultades públicas ligadas a la salud
han colaborado y están trabajando conmigo. El Estado
puede hacer inversión en equipamiento,
infraestructura o tecnología, pero muchas veces lo
que vemos es que hay zonas del país en donde no se
cuenta con los profesionales que se requieren para
la atención. En algunos casos, esto ocurre por falta
de incentivos a estos profesionales. Es un tema que
no lo van a poder resolver por sí solos ni la
Nación, ni las provincias, ni el municipio, ni
ninguna obra social, pero creemos que integrando los
esfuerzos se puede lograr que un profesional tenga a
cargo la atención de toda la gente de una zona y que
sea abonado por todos los que tienen beneficiarios
en ese lugar. Entonces, me parece que ésa es la
tarea central: integrar esos recursos y
administrarlos, para que temas como la falta de
enfermeras o la falta de personal crítico no vuelvan
a discutirse en la Argentina.
¿Cómo se corrige la fragmentación del sistema?
Si el Ministerio vuelve a tomar el rol rector, puede
resolver este problema. Yo me he reunido con
autoridades de la COSSPRA (Confederación de Obras y
Servicios Sociales Provinciales de la República
Argentina), el Pami y la Superintendencia, y creemos
que, en conjunto y en el marco del Ministerio,
podemos hacerlo. Vamos a hacer que la Cosspra pueda
participar a nivel regional y en algunas reuniones
del COFESA (Consejo Federal de Salud). Para nosotros
eso es central para poder articular políticas. Si no
se articulan los recursos, no vamos a tener nunca,
por el tipo de sistema que tenemos (desintegrado y
con múltiples financiadores), eficiencia. Hay que
regionalizar y el dinero tiene que servir para
servicios; no puede ser que el dinero termine no
dando servicios.
Entonces, ¿cree necesario un acuerdo sanitario?,
¿cuál sería el rol de las provincias, del Cofesa?,
¿cuál sería el alcance de este acuerdo?
El acuerdo se tiene que plasmar en una ley y hay
mecanismos que estamos estudiando para proponerlos
en el 2° semestre de este año. Cuando uno suma el
Pami, las personas sin cobertura que son asistidas
por la provincia y los municipios y las obras
sociales provinciales, en general, estamos hablando,
en el peor de los casos, del 70% de la población.
Entonces, si nosotros, que somos los principales
financiadores, ponemos un acuerdo, establecemos
nuestros estándares, creo que podemos ordenar el
sistema. Lo que pasa es que se mueven muchos
intereses por detrás de este tema. Aunque esto no
sea políticamente correcto, entre todos tenemos que
darnos cuenta de esto, y fundamentalmente la gente,
porque el dinero que aporta no llega al servicio.
Esa distorsión hay que terminarla. Muchas veces el
mismo sistema propende a que muchas obras sociales
no den servicios. Queremos que el hospital público
vuelva a tener los recursos que le corresponden. No
queremos premiar la ineficiencia, debemos premiar la
eficiencia. Esto lo hicimos en el Pami con muy
buenos resultados.
El modelo financiador atraviesa crisis muy
serias, tanto en el sector privado como en el
público. Si bien en los últimos años hubo una
mejora, hoy hay una fuerte puja por la distribución
de los recursos ¿Cómo se resuelve este tema?
Yo creo que hay una puja redistributiva, que es algo
lógico y es algo bueno. La verdad, prefiero discutir
en una mesa, como me ha pasado en el Pami, con los
distintos actores del sistema y no estar discutiendo
cuántos meses no les voy a pagar, como se discutía
en 2000 y 2001: cuando todo el mundo estaba tratando
de sobrevivir. Ahora que hemos mejorado, se da una
puja redistributiva entre todos los sectores y
actores del sistema. Lo que creo es que hay una
cantidad de dinero que debe ir a quien da los
servicios de prestación y eso, con costos lógicos y
razonables, mantenerlo.
También es una decisión: ¿qué es lo que se premia
dentro del sistema de salud, la aparatología o el
conocimiento? Eso también da una indicación de la
salud que tenemos: podemos tener una medicina muy
cara y que el médico sea un mero derivador. Eso es
lo que hay que discutir en la Argentina: si el
modelo de medicina es ése, si es la libre elección,
como muchos quisieron imponer. Creo que es una
discusión que también se tiene que dar en el sector
profesional porque también valoriza o no su trabajo.
Yo creo que un sistema sanitario que atienda la
salud y no la enfermedad tiene que estar basado en
un médico que pueda tener a su cargo la población,
que pueda hacer el seguimiento y que pueda tener el
conocimiento necesario para poder atender al
paciente. Es muy difícil, si yo tengo la libre
elección del médico, aplicar políticas de
prevención, de atención primaria de la salud. Creo
que es una medicina que ha encarecido al sistema y
que ha dado como resultado la atención de la
enfermedad.
¿Cómo
se cambia el paradigma de la atención de la
enfermedad? ¿Aplicando políticas de prevención,
cambiando el modelo?
Es eso, pero también hay que hacer esta discusión a
nivel profesional porque es un tema central: qué
retribuimos más, cómo manejamos los medicamentos, de
costos crecientes, cómo transparentamos los
distintos incentivos que hay en el sistema y que los
profesionales reciben. Todo eso tiene que ser muy
transparente porque esos son fondos que no van a la
atención, sino a otro lugar. Lo más fácil es decir:
“queremos más plata”, pero la verdad es que en la
Argentina ha aumentado el presupuesto de salud pero
eso no trajo como consecuencia mejores servicios.
Los hospitales están siempre abarrotados y no hay
turnos, ¿son un síntoma de que estamos fallando?
Hay que hacer que la atención primaria funcione.
Porque si alguien llega a la atención primaria y el
médico no está, o está y lo manda a hacerse un
análisis, esa persona sale del sistema. Decide
entonces ir al hospital. Ese problema se puede
atender en el centro de atención primaria si tenemos
los recursos y el personal adecuado. Nosotros
tenemos que desconcentrar el hospital porque tiene
que cumplir el rol de hospital y no el de resolver
todos los problemas. Los hospitales se han recargado
porque hay una relación de 4 o 5 camas cada 1.000
habitantes, cuando en los 80 era de 7 camas. En el
sector privado también cerraron muchas
instituciones, lo que también alteró esa relación
histórica. En la zona metropolitana hay un problema
muy serio de falta de camas para todos los
servicios, una situación muy crítica. Por eso la
inversión que hay que hacer es muy grande y tenemos
que hacerla muy racionalmente: ver bien cómo podemos
utilizar esa inversión de la mejor forma, con un
buen mapa sanitario, que sirva para toda la
población. No sirve poner 200 ambulancias si no lo
hago estratégicamente.
¿Cuál es la política en relación a los
medicamentos?
Vamos a afianzar las políticas que se llevaron
adelante a partir de la ley de prescripción de
genéricos, afianzando también el ANMAT, que regula
la política de medicamentos en cuanto al control.
Hemos constituido un programa para articular toda la
red pública, que existía y que estaba trabajando un
poco desarticuladamente en el Congreso, en el
Ministerio, con la Comisión de Tecnología, para
establecer en conjunto estrategias para
medicamentos, sobre todo para las enfermedades
obligadas, donde no hay interés económico pero sí
hay interés sanitario para el país. Articular y
lograr buenos estándares; que todos los esfuerzos,
que muchas veces se dan desde marcos locales, puedan
tener una instancia más nacional.
¿Cómo ve el fenómeno de “judicialización de la
salud”?
Con mucha preocupación, porque el amparo, que fue
una institución muy buena y muy necesaria desde el
año 2000 al 2003 por la situación de crisis, luego,
usado sin racionalidad, elevó los costos del
sistema. Terminó siendo el negocio para unos pocos.
Yo no digo que todos los amparistas estén
involucrados, pero lo que vemos (y hemos denunciado
a la Justicia) es que hay acuerdos entre prestadores
y abogados. Entonces, la mayor parte de los amparos
de todo el país se manejaban de la misma forma por
esas prestaciones. Esto no puede aceptarse. A
nosotros nos parece muy importante el rol que los
jueces deben cumplir: hay instancias previas para
acordar si corresponde o no la prestación. Por
supuesto que cada caso es individual y debe ser
tomado como caso, pero creo que también deben
existir claros protocolos de tratamiento, que
faltan. Protocolos de tratamiento que sean
indiscutibles. Todos sabemos que en el sistema hay
incentivos y que, a veces, ciertas recomendaciones
no se dan tanto por caso individual, sino por ese
incentivo. Allí se da una violación ética del
profesional. Se terminan cubriendo muchas cosas que
no tienen evidencia científica y que representan
intereses de los sectores. Desde afuera, eso es muy
difícil de ver. Detrás de este mundo se mueven
muchos intereses y mucho dinero que no va a las
prestaciones, sino a llenar los bolsillos de algunos
vivos.
En cuanto a la gestión en sí, al Ministerio se lo
criticó en los últimos tiempos porque las vacunas no
llegaban o porque los medicamentos para el sida
faltaban. ¿Eso se debe más a un tema de poca
eficiencia o de falta de recursos?
Antes había cuatro stocks de medicamentos, y no
compartían la información, entonces los programas
compraban un poco desarticuladamente: nosotros hemos
trabajado los últimos meses en empezar a rearticular
la gestión.
¿Cómo logramos tener equipos, gestión y calidad
en la gestión?
Yo no soy de hacer mucho discurso y me llaman la
hormiguita porque soy una mujer que trabaja.
Demostré en el Pami que se pueden hacer las cosas
con trabajo. Acá hay un equipo de gente que me
acompaña en ese trabajo; básicamente lo que queremos
es ordenar la gestión porque con una estructura
desordenada es difícil lograr la articulación.
Primero estamos organizando el Ministerio: tenemos
un stock único, queremos lograr que toda la
información sea compartida por todos. Estas son las
cosas que hemos modificado. Seguramente han causado
en los sectores más internos algún ruido o
comentario. En el Pami, la mayoría decía algo al
principio. Yo lo que pido es que me dejen trabajar y
que me juzguen por los resultados y no por lo que
digo, porque no me gustan mucho los discursos. Soy
muy testaruda, y voy, y voy, y voy... y así se puede
cambiar la realidad. Lo del Pami lo hicimos con
muchas horas de trabajo y con mucha convicción.
Júzguenme por lo que hice.
¿Ese
sería el mensaje para los argentinos?
No, para los argentinos no porque me van a juzgar
por eso. Quizá para los sectores que en algunos
momentos me miran con mucha desconfianza. Creo que
ninguno puede dudar que soy una persona muy
razonable, ejecutiva y que cuando digo algo, se
cumple. El sector tampoco puede negar que la
situación del Pami cambió totalmente con mi gestión:
los prestadores cobran en tiempo y forma, nadie les
pidió ningún contrato, trabajan con tranquilidad, y
se puso como objetivo elevar la excelencia, así que
el que más presta más gana.
Esto tenemos que llevarlo al sistema en general:
fijar estándares mínimos y garantizarlos con el
trabajo en conjunto y la integración de los
financiadores, si no, no hay solución posible. |