Más allá de la intensa disputa acaecida en los últimos 100 días entre el Gobierno y el sector rural, y de las verdades que puedan corresponderle a cada uno, pero sí en la seguridad de que la salud constituye una poderosa herramienta de redistribución social, cabría ahora preguntarse si el destino aparente de los fondos planteado por la Sra. Presidenta contribuirá a alcanzar ese objetivo.
Mucho más cuando la bandera de la redistribución del ingreso es enarbolada igualmente por oficialismo y oposición, aunque a esta última la asiste la ventaja de la imposibilidad de evaluar la eficacia de sus propuestas más allá de sus dichos.
Las políticas de redistribución resultan, en cualquier circunstancia y bajo cualquier gobierno, difíciles y costosas de instrumentar, especialmente en términos de popularidad política, pues generan junto con el aplauso de los favorecidos (los menos favorecidos en términos de riqueza) una intensa reacción y repulsa por parte de los “desfavorecidos” (los más favorecidos en términos de riqueza). Por ello, estas acciones redistributivas sobre los más favorecidos (en términos de riqueza) de la sociedad requieren que las políticas públicas a diseñar para orientar los recursos privados y su distribución guarden una coherencia técnica irreprochable que ayude a hacer más consistente y transparente el mecanismo de solidaridad.
Esto adquiere una mayor importancia cuando en nuestro país, un régimen impositivo poco progresivo y un mecanismo de subsidios deficientemente orientado tiende a invertir la carga solidaria favoreciendo a los más protegidos (ricos o no) de la población.
Por ello, uno de los destinos proyectados para las retenciones en disputa, la construcción de 30 nuevos hospitales parece ofrecer una paupérrima oportunidad de mejorar la distribución de la riqueza.
En primer lugar, el gasto de bolsillo del 40% de la población más pobre (quintiles 1 y 2) está dirigido casi en un 50% a la compra de medicamentos, y un 25% restante a la atención ambulatoria, mientras que la hospitalización afecta menos del 10% de este gasto. Resulta importante establecer, que los gastos referidos representan para una gran parte de estos hogares, lo que definiríamos como “gasto catastrófico”, pues ponen en serio riesgo su subsistencia.
La inversión en atención primaria de la salud (en serio), la garantía de distribución gratuita de medicamentos, o aun la disponibilidad de agua potable y cloacas harían sí realista la intención de la redistribución.
Por otra parte, la incorporación de nuevos hospitales a un esquema organizativo y de gestión que constituye uno (sino el principal) problema del sistema de salud argentino, poco contribuiría a la satisfacción de los supuestos beneficiarios.
La oferta de camas hospitalarias no constituye un problema central del sistema de salud (con algunas excepciones puntuales, como por ejemplo ciertas zonas del Gran Buenos Aires), como sí lo constituye su ausencia de calidad, funcionamiento y gestión, donde esa oferta existe (como por ejemplo ciertas zonas del Gran Buenos Aires).
Posiblemente una adecuada modificación de la ley de obras sociales, que incluya la tan reclamada (aunque poco eficiente en términos de equidad) regulación de la medicina prepaga, rediseño o integración del Pami a la seguridad social (en todos los términos), corrección técnica de ese horror llamado monotributo y especialmente regulación seria de esa aberración conocida como “desregulación”, anteceden en las prioridades a la construcción de hospitales, y sólo vienen después de la garantía de cumplimiento (en igualitarios términos de oportunidad y calidad) del PMO para TODOS los argentinos, y no sólo para algunos , casualmente en términos de redistribución, los más protegidos por el sistema.
Caso contrario seguiremos discutiendo en el Parlamento (y aplaudiendo entusiastamente), la incorporación por ley al PMO de nuevas coberturas,…para algunos (los más favorecidos), mientras otros... (los menos favorecidos) no alcanzan ninguna cobertura, … o alcanzan alguna en deprimentes condiciones de calidad y oportunidad.
Por ello, esta aparente disputa entre la política de redistribución del ingreso del Gobierno y la avaricia desmedida de un sector, puede resultar una interesante oportunidad para destinar fondos en condiciones de transparencia y calidad institucional irreprochables, que devuelvan a cada argentino la confianza que nunca debió perder en la capacidad del Estado para mejorar la vida de todos, pero muy especialmente la de aquellos que menos tienen, y pareciera que en salud, (los hospitales) no son el camino. Desafortunadamente, tal como está formulada la propuesta gubernamental, no tiene potencial para impactar sobre los niveles de pobreza, la Sra. Presidenta de la Nación puede estar segura que existen opciones de política que tendrán un impacto mucho mayor en la reducción de la pobreza que las medidas que acaba de anunciar.
La sociedad argentina podría beneficiarse mucho, de escuchar las propuestas que los Sres. Legisladores poseen sobre cuáles son las prioridades y cómo podrían emplearse los tributos que se obtendrán, para de esta forma también abandonar la idea de que el crecimiento es bueno por sí solo, porque a la luz de los resultados cabría preguntarse si no sería mejor crecer menos y distribuir mejor, por lo menos en calidad de vida, para aquellos (más allá del número) pobres que aún persisten en la Argentina. Los ciudadanos tenemos derecho a escuchar este debate, los legisladores tienen el deber de darlo.