El aseguramiento de los trabajadores se funda en la necesidad de convertir la incertidumbre de las contingencias sociales (vejez, salud, trabajo, etc.), a las que todos estamos expuestos en un riesgo previsible de asumir.
El financiamiento se entendió posible desde los “aportes” de los trabajadores y las “contribuciones” de los empleadores.
Los sindicatos se organizaron en nuestro país por rama de actividad y de acuerdo a ello comenzaron a brindar -cada uno en función de sus posibilidades- diferentes actividades que respondieron a necesidades de su población beneficiaria, en especial las sanitarias. Han transcurrido muchos años desde los inicios en nuestro país del sistema de seguros sociales de salud.
Durante la década de los 90 se iniciaron las primeras acciones de reforma, que incluyó a los denominados seguros sociales de salud.
La base argumental que sostenía la necesidad de reformas se centraba sobre la denominada “cautividad” (es decir: los afiliados a una obra Social, no tenían la posibilidad de “elegir” su aseguradora).
La cautividad no aseguraba una mejor prestación de servicios: precisamente la ausencia de competencia entre los seguros impedía una mejora en la calidad.
A ello se agregaban otra serie de argumentaciones como el desvío discrecional de los recursos, no sólo intrasistema, sino además alentado y promovido por sucesivos gobiernos (valga decir por ejemplo.: fondos especiales contemplados para “apoyo financiero”).
De todas formas la cautividad fue el argumento central de las reformas en los seguros sociales de salud, interpretándose que la misma generaba baja prestación de servicios, mala calidad, mala asignación de los recursos, etc. dado que imposibilitaba la mejora institucional a través de la competencia es decir : “la voz y el voto de los beneficiarios”… su posibilidad de elegir.
El eje de la reforma se inició en el año 1993 a través del decreto 9/93, y sucesivas normas que le dieron sustento: La historia de la desregulación tiene tantos capítulos como decretos del Poder Ejecutivo Nacional la instrumentaron.
Como es de suponer el financiamiento de los seguros sociales (atado a una proporción de aportes y contribuciones) se encuentra vinculado al mercado de trabajo.
En general y en la actualidad, todas las variables mencionadas tienden a demostrar que en nuestro país la eficiencia del sistema de los seguros sociales se encuentra con grandes dificultades no sólo en sus formas de financiamiento, sino a su vez en su capacidad de dar respuesta equitativamente a las necesidades de la población (a lo que su atomización contribuye).
Desde los primeros filósofos y economistas que debieron posicionarse ideológicamente respecto de la naturaleza del hombre y las relaciones de intercambio (aun antes de la denominada “revolución industrial”), la concepción básica y predominante fue que la libertad individual constituía el “motor”, estimulante de la iniciativa personal, de las innovaciones y del crecimiento y desarrollo a través de la competitividad.
Sin duda que ante este nuevo escenario muchas OO.SS. “han sabido hacer las cosas bien”, mientras otras permanecieron en la “turbiedad”.
Plantear que ha habido excesos por parte de algunos y hayan existido algunos comportamientos oportunistas y que lo mismo habilita a desandar el camino recorrido, es lo mismo que decir que los organismos de regulación y control debieron cumplir un rol exigible, que no cumplieron.
Esta “modalidad del péndulo” en nuestro país, con avances y retrocesos, con características opuestas, no nos permite logros sustentables. Parecería más lógico que si ha habido cuestiones atendibles de ser corregidas, regular y controlar adecuadamente para sostener un camino que en muchos aspectos ofreció mejores resultados a los beneficiarios, ha respetado su derecho a elegir y ha obligado por lo mismo a los agentes del seguro -para retenerlos- a brindar servicios que antes no brindaban, a reconvertirse en su gestión y a mejorar en general la calidad del sistema de seguridad social.
Las sociedades se organizan en torno a valores que deben sustentar un accionar político,… cuyo resultado debiera ser el bienestar, que alcance a la mayoría.
Si bien la libertad individual no puede ejercerse a costa del “bien común”, tampoco puede coartarse limitando sus beneficios no sólo individuales sino cuando permiten una mejora de las instituciones.
Es probable que muchos agentes del seguro se vieron imposibilitados de prever los cambios. Otros aun reconociéndolos no supieron, no pudieron o no quisieron, adaptarse a los nuevos rumbos,…. tal vez enquistados en posiciones de privilegio, no esperaron que los cambios los alcanzaran.
Los mecanismos de competitividad (dada por la denominada “opción de cambio”) han obligado a un permanente esfuerzo por sostener una creciente mejora organizacional, la que redunda en beneficio del conjunto social.
Retroceder no significaría más que “igualar para abajo” y eso no es lo que merece la sociedad.
Las OO.SS. son una gran cantidad de organizaciones, diferentes y dispersas, que -aunque dicen responder a una misma legislación y estar reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud reproducen la fragmentación del subsistema- el diferente tipo y capacidad de respuesta frente a las necesidades de sus beneficiarios, así como las ineficiencias derivadas de la gestión, las convierte en muy distintas y con profunda segmentación.
La fragmentación y la segmentación han sido señaladas como las causas principales de la ineficiencia e inequidad de todo el sistema de salud en la Argentina, lo que además es evidente en el subsistema de Obras Sociales.
La libre opción de cambio instalada en las OO.SS. Nacionales, permitió que se pierda la cautividad y se otorgó la posibilidad de elegir.
La incorporación de mecanismos de competencia entre seguros múltiples, indudablemente generó “ganadores y perdedores”.
A pesar de los resquemores de quienes no supieron ver a tiempo la orientación que adoptaba el sistema y por lo mismo no se adaptaron al cambio, vieron disminuir progresivamente su cartera de beneficiarios.
Intentar establecer nuevamente “impedimentos”, al traspaso de afiliados entre las Obras Sociales Nacionales, constituye “un paso atrás”, no sólo porque afecta la voluntad y la libertad de elección de los afiliados, sino también porque la desregulación ha obligado a la mejora de un sistema que -aun basado teóricamente en la solidaridad- ha sido conocido desde siempre por su ineficiencia.
Es más solidario ofrecer mejores resultados a la población y la posibilidad de desarrollo y crecimiento conjunto del sistema, que la solidaridad acotada que se practicaba “puertas adentro”.
La cautividad en la que los afiliados se encontraban no sólo afectaba su libertad de elección sino -y tanto o más gravemente que aquello- la asistencia y las prestaciones médicas que efectivamente recibían.
Esto es decir que, en este caso puntual, la orientación normativa favoreció en especial al conjunto social, no sólo en términos sanitarios, sino también en términos de exigir una mejora en la gestión en los Seguros de Salud Nacionales.
Es cierto que ha habido algunas irregularidades en los traspasos, pero ello no resulta un argumento válido, porque pueden ser controlados con otro tipo de medidas que no constituyan un retroceso.
Por otra parte salvo aquellos casos conocidos de OO.SS. vinculadas a prepagas (que constituiría la irregularidad más notoria y que además son identificables), el resto ha debido incorporar mecanismos innovadores que mejoraron las prestaciones y la gestión.
La opción de cambio ha sido imprescindible para eficientizar la administración, mejorar la gestión, brindar efectivamente servicios asistenciales y de calidad, reducir (o eliminar) los desvíos espurios y “cuidar” a los afiliados.
Y muchas OO.SS. lo han logrado sin asociarse a ninguna prepaga. Acaso, ¿No debería valorarse la diferencia?
De prosperar alguna iniciativa tendiente a eliminar la opción de cambio ¿Qué incentivos habrá para hacer las cosas bien y cada vez mejor?…
Incorporando trabas a la libre elección por parte de los afiliados: las Obras Sociales que no brindan los servicios ¿porqué deberán hacerlo?
Y las que han logrado una buena administración, cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma, brindan servicios asistenciales y muchos otros servicios para mejorar la calidad de vida de sus afiliados y de aquellos que los elijan ¿Por qué deberán seguir haciéndolo?
Si se pretendiera una verdadera solidaridad inter-gremial, la asociatividad debería darse entre las mismas Obras Sociales Nacionales Sindicales, sin intervención de los prepagos (a los que debería regularse mediante una adecuada legislación) y debieran funcionar como un sistema marginal que provea servicios a quienes quieran contratarlos (y no a quienes se ven forzados por tener hoy malos servicios).
Pero esto obligaría a resignar posicionamientos personales.
En este ámbito son muchos los intereses en juego y llamemos a las cosas por su nombre: “está en juego la atención de casi 14 millones de argentinos”.
La atención en la corrección de los “desvíos” deberá generar nuevas normas en el escenario, mostrando así que es posible mejorar la opción de cambio, sin dar marcha atrás lo que sería en este caso un grave retroceso.