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Una Ley que merece un debate serio |
Por el Dr. Jorge Gilardi
Presidente de la Asociación de
Médicos Municipales
de la CBA |
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La Cámara de Diputados votó por el
proyecto de Ley Nacional de Salud
Mental que se propone garantizar el
derecho a la protección de la salud
mental de todas los argentinos.
Desde la Asociación de Médicos
Municipales, sostenemos la necesidad
de un abordaje interdisciplinario e
intersectorial del asunto, lo cual
es incuestionable por ninguna
disciplina en la actualidad, dado lo
complejo de la índole de los
problemas a tratar.
En este sentido, la medicina debe
participar en el proceso de
diagnóstico y tratamiento, y no como
pretende este proyecto, que habla de
un equipo pseudo-interdisciplinario
que surge del borramiento de las
incumbencias que nosotros defendemos
firmemente desde hace tantos años.
El artículo 12, por ejemplo, señala
que “la prescripción de medicación
sólo debe responder a las
necesidades fundamentales de la
persona con padecimiento mental y se
administrará exclusivamente con
fines terapéuticos y nunca como
castigo, por conveniencia de
terceros, para suplir la necesidad
de acompañamiento terapéutico o
cuidados especiales”. Esta
aclaración demoniza al médico en el
ejercicio de su saber científico y
no contribuye a justipreciar la
necesidad de su integración en el
seno del equipo multidisciplinario
de salud. Si el uso de la medicación
psiquiátrica (y esto puede hacerse
extensivo a todo tipo de medicación)
se aparta de los fines para la que
fue concebida, deben ser aplicados
los marcos regulatorios ya previstos
por las asociaciones científicas y
profesionales, que prevén sanciones
para quienes vulneran los principios
deontológicos del quehacer
profesional.
Además el texto cuestiona los
desvíos que la internación
significa, pues constituye uno de
los graves problemas que suelen
afectar a la atención psiquiátrica.
Sin embargo, desconoce que la
internación no coactiva ni indebida
resulta necesaria para los fines
terapéuticos y que, como tal, debe
ser perfeccionada como una
herramienta que sirva al proceso de
restablecimiento y a la paulatina
reinserción social del paciente. A
pesar de esto, señala la necesidad
de que se trabaje hacia la
progresiva supresión de los
establecimientos psiquiátricos, pero
no indica con claridad cuáles serían
las estrategias de reconversión que
se pondrán en marcha durante este
proceso hasta lograr su definitiva
sustitución.
El cierre de los neuropsiquiátricos
resulta una prédica de muchos
sectores, pero su aplicación
debilitaría aún más a las
instituciones que hoy dan una
respuesta pública a las necesidades
de atención de miles de personas
excluidas de toda contención y ayuda
social. Cambiar y mejorar estos
hospitales monovalentes no implica
necesariamente abogar por la
institucionalización masiva, sino
considerar el derecho que los
pacientes tienen de recibir la mayor
protección y comodidad posible, que
resguarde su bienestar mientras otra
alternativa de sustitución a la
internación no haya sido consumada.
Resulta inconcebible que, además,
dicho proyecto no aborde, ni
siquiera en el plano discursivo, los
problemas que hoy afectan a las
franjas etarias más vulnerables y
demandantes de atención, como los
grupos infantojuveniles y de la
tercera edad. Tampoco enfrenta la
problemática de las adicciones, que
desde el uso de alcohol hasta de
otras sustancias peligrosas
constituye una de las dificultades
más importantes en la actualidad.
En síntesis, si bien la importancia
que tiene regular un área de la
salud que carece hoy de una
normativa a nivel nacional es digna
de remarcar, denunciamos que todo lo
actuado ha sido sin el consenso de
las entidades gremiales,
profesionales y de las instituciones
más representativas del sector.
Asimismo, una ley que debe ser
aplicada en todo el territorio
nacional debe lograr el más alto
grado de acuerdo entre las
provincias, sin cuya adhesión nada
de lo que allí se formule puede
sustentarse en la acción cotidiana y
en la práctica de los servicios de
salud. |
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