Los costos en tiempos de crisis suelen caer especialmente sobre las espaldas de los que menos recursos tienen. El año pasado, el estallido de los mercados financieros no fue la excepción. En ese contexto, se comprende la idea del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, de reformar el sistema de salud de su país, y nos retrotrae a los intentos que, en el mismo sentido, hiciera Franklin Roosevelt en los 30. Por supuesto, las trabas de aquel tiempo comparten líneas ideológicas con las que actualmente debe afrontar la gestión demócrata en Washington.
El New Deal, Nuevo Trato, Nuevo Reparto de Cartas, como se traduciría al español fue un conjunto de medidas económicas puestas en marcha por Roosevelt entre 1933 y 1937, para actuar de forma enérgica sobre las causas de la grave crisis de 1929. Esta nueva política económica se fundaba en el intervencionismo estatal. Y una de las áreas sobre las que se pretendía intervenir era la de la seguridad social.
La comisión designada por Roosevelt a tal efecto concluyó: “Estados Unidos tiene los recursos económicos, la capacidad organizadora y la experiencia técnica para resolver este problema.” Pero las presiones de las corporaciones médicas y del establishment obligaron al presidente a reducir su proyecto a la entrega de una subvención federal correspondiente a los gastos de salud de las familias más pobres y a la autorización de considerar los gastos de seguros privados como fiscalmente deducibles.
En 1937, la AMA (Asociación Médica Americana), impulsó el desarrollo del seguro privado y así surgieron Blue Cross para los gastos hospitalarios y la Blue Shield para los honorarios médicos. El proyecto Wagner-Murray de desarrollar un sistema de seguridad social fue denunciado por aquellos tiempos como “el primer paso hacia un sistema totalitario de tipo soviético cuyos médicos serían los vigilantes y los esclavos” y fue rechazado por el Congreso.
Recién en 1965, otra administración demócrata, comandada por Lyndon B. Johnson, crea dos programas de seguro público de salud:
• el Medicaid para persones pobres.
• el Medicare para los mayores de 65 años.

Hoy, ambos programas son subvencionados por el Estado, de hecho, un asegurador enmascarado.
Mientras tanto, la realidad muestra las limitaciones del seguro privado ante la pobreza y la desigualdad social. Ese panorama lleva a detectar el mal a conjurar: la sinergia negativa que conllevan enfermedad y pobreza, sin por eso obviar la necesidad de corrección de las distorsiones que el accionar vigente posee.
Llegados a este punto, es interesante señalar un dato. No es que Estados Unidos gaste poco en salud, sino que gasta mal. Estamos hablando de un país en que el gasto total de salud es de los más altos en el mundo: entre lo que destina el sector público y el privado, supera los dos billones de dólares anuales, y aun así tiene 48 millones de ciudadanos sin cobertura. Para estas personas, una consulta médica de rutina puede costar 100 dólares, pedir una ambulancia 500 dólares y dos días de internación pueden significar cerca de 10 mil dólares. Y para quienes son despedidos de sus trabajos, esa pérdida conlleva casi siempre perder el seguro médico privado.
La crisis desatada el año pasado, pero con pleno impacto en el corriente, es, según el economista y Premio Nobel Paul Krugman, “la más grave desde la Gran Depresión” de los 30. Esto llevó a que Obama estime que tres son las áreas críticas y por lo tanto prioritarias para el sostenimiento y la prosperidad de su país: energía, educación y salud. Y agregó el presidente de EE.UU.: “Somos la única democracia del mundo que no garantiza la cobertura médica universal a sus ciudadanos.”
Obama recordó que hace casi un siglo, otro presidente estadounidense, Teodoro Roosevelt, propuso una reforma del sistema de salud y que desde entonces casi todos los jefes de Estado y congresos han enfrentado ese desafío de una manera u otra. De ahí que, según el actual primer mandatario “ha llegado el momento de aprobar la reforma sanitaria”. Pero la oposición republicana ha acusado a Obama de querer “socializar” la medicina, cuando su manifiesta estrategia es competir con los caros seguros de salud privado mediante una oferta estatal.
¿El debate es fundamentalmente ideológico? ¿Solamente está en juego bloquear la llamada “opción pública”? ¿O en realidad se pretende mantener la oscuridad de un sistema, en particular en relación a sus costos desmesurados, que encubren despilfarro e ineficiencia? Un ejemplo de ello es la excesiva cantidad de estudios a los que frecuentemente son sometidos los pacientes, al no tener un expediente médico centralizado y computarizado.
Entre los opositores más fuertes a la reforma, obviamente están organizaciones como Blue Cross y Blue Shield, los dos seguros privados, que, ya en los comienzos de la polémica, invirtieron 10 millones de dólares para bloquear la transformación del campo sanitario. Dentro del mismo lobby, por su parte, la phRMA, que es la asociación farmacéutica más poderosa del país, invirtió más de 6 millones de dólares con el mismo fin, y la AMA aportó 4 millones.
Esas presiones contrastan con el hecho de que casi 48 millones de estadounidenses, incluyendo 9 millones de niños, no tienen seguro. Y está reconocido que los costos de los cuidados médicos crecen a un ritmo descontrolado: las primas del seguro médico se han incrementado 4 veces más rápido que los salarios durante los últimos 6 años.
Ese cuadro de situación llevó a Obama a proponer la creación de un sistema mixto estatal y privado, como así también reemplazar el régimen desregulado vigente. Se trata, de crear un seguro administrado por el gobierno que compita con las aseguradoras privadas con primas justas y estables que no dependan del estado de salud del adherente. Para ello propone bajar los costos a través de una inversión en informatización para la salud que alcanzaría una inversión de 10.000 millones de dólares anuales durante los siguientes cinco años.
Desde el sur del continente, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, afirmó que los cambios de Obama no son cosméticos, ya que son una alternativa para resolver la condición sanitaria que actualmente padecen muchísimos estadounidenses. Queda por ver cómo se desarrolla el juego de fuerzas entre distintos actores, y si el poderoso lobby proseguro privado se sale con la suya una vez más. Por lo pronto, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados, en una votación muy reñida. En el futuro se avecinan batallas político-comerciales igual o más duras.
¿Y en la Argentina? Aquí la eliminación de la exclusión social y la indigencia constituyen el desafío prioritario. Lo que está en juego es nada menos que la vida de la población presente y futura. La salud es condición indispensable de la dignidad humana, y una herramienta imprescindible para el desarrollo general del país, pero se vuelve insuficiente si no se la apoya con una fuerte decisión política.
Hoy, cuando escuchamos al cardenal Jorge Bergoglio reclamar “superar la deuda social y generar las condiciones que aseguren un desarrollo integral para todos”, no podemos dejar de hacer referencia al papa León XIII en su encíclica “Rerum Novarum” (1881) en la que pedía a los Estados que proveyeran “de un modo especial a que en ninguna circunstancia el obrero careciera de trabajo y que estos Estados tuvieran un fondo de reserva destinado no sólo a los accidentes repentinos y fortuitos inseparables del trabajo industrial, sino también destinado a la enfermedad, la vejez y los azares de la mala fortuna”. Ese texto es una indicación a esos Estados para que a la vez cumplan con un rol como organizadores del mercado y sean aseguradores frente a las consecuencias negativas de ese mismo mercado.
Los grandes problemas morales, políticos, y económicos no están desvinculados entre sí. Sabemos que es un camino plagado de incertidumbres y acechanzas. Evaluar la realidad para transformarla obliga a los argentinos a mirarnos en el más doloroso de los espejos y aceptar la tarea ineludible de actuar ante la adversidad hasta revertirla.