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 QUO VADIS SALUD - PRESTADORES


Propuestas para un sector viable


Héctor Vazzano, Gustavo Mammoni y Jorge Gutsztat dejaron en claro que el panorama en el sector prestador es poco alentador si se tiene en cuenta la disminución del gasto en salud, la ausencia de un sistema de protección integral y obstáculos que debe sortear como el pago del Impuesto al Valor Agregado que luego no se puede debitar en la actividad. Sin embargo, plantearon líneas de acción para revertir la situación.

La mesa sobre el sector prestador estuvo encabezada por el doctor Héctor Vazzano, presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia de Buenos Aires (FECLIBA), acompañado por el doctor Gustavo Mammoni, presidente de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA) y el contador Jorge Gutsztat, representante de la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL). Durante la exposición, el panel profundizó sobre aspectos vinculados al gasto en salud, la coparticipación federal y la financiación de las provincias, el pago de impuestos y otros gastos no considerables, como el IVA. Si bien las exposiciones presentaron una visión crítica de la situación general del sector, ésta fue complementada con propuestas concretas que permitirían abordar soluciones.
Héctor Vazzano fue el encargado de introducir y presentar la disertación que abrió la segunda parte de “Quo Vadis Salud”. El presidente de FECLIBA se refirió a la dificultad que tendrá el sector en cumplir los objetivos propuestos, e indicó que en el último año se registró “una fuerte disminución del gasto en salud en los niveles nacionales, provinciales y municipales”.
Además, cuestionó el modelo sanitario, al que calificó como “atomizado” y cargó contra “algunos legisladores que no escuchan” sus reclamos.
“Tenemos que hacer un esfuerzo supremo para imponer esta circunstancia, para que se viva en un mundo real aparte de ese otro mundo que se vive, en el que parece que no importan las cuestiones básicas para el ser humano”, resaltó.
Y agregó: “Se necesita desde el punto de vista legislativo un programa de protección social integral, pero no está en el presupuesto y entonces no se podrá cumplir con la meta”.
El escenario planteado parecería indicar que el sistema de prestadores merece un enfoque diferente por parte del Estado, teniendo en cuenta que no está en juego la realidad de un grupo de empresas sino la de un sistema de salud pública con gestión privada, como lo define Vazzano.

EL SECTOR COMO AGENTE SOCIAL

Por su parte, Gustavo Mammoni repasó en detalle el momento que viven los prestadores y enmarcó la situación en un esquema socioeconómico al señalar que el rol que cumplen por estos días es el de “agente social”. “La crisis económica, internacional y nacional, siempre afectan la fuente de financiamiento del sector”, sostuvo el titular de CONFECLISA.
Presentó índices aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Sabemos que en la crisis hay un aumento de la mortalidad infantil, un empeoramiento en la salud mental, una reducción en los gastos públicos en salud, en los gastos privados en salud y en la cobertura de seguros de salud, y el BID plantea que estas cosas hay que vigilarlas”, agregó.
En tanto, mostró una mirada poco alentadora respecto del presupuesto en salud para el próximo año y advirtió que será menor. “Si bien el presupuesto, que tiene media sanción, dice que habrá un incremento, hubo una disminución de alrededor de 500 millones en relación al gasto total. Va a bajar la obra pública, y entonces no se podrá cumplir con metas que se nos habían fijado, porque se reduce de alguna forma el gasto público”, indicó Mammoni, y auguró que también “bajarán los subsidios”.
Sobre la media sanción al presupuesto, opinó que el Proyecto de Ley que se envió al Congreso podrá ser “fuertemente alterado en su composición por el Poder Ejecutivo o por el Jefe de Gabinete de Ministros a lo largo del año gracias a la ley 26.124, conocida como Ley de Superpoderes”.
El gasto en salud, según el Presidente de CONFECLISA, sufrió en los últimos años variaciones, tanto en el sector público como en la seguridad social, esto es obras sociales nacionales y provinciales, además del sistema previsional. En tanto que el gasto público en materia sanitaria se incrementó. Por ejemplo, en 2001 registraba 6.500 millones de pesos, en tanto que en 2006 esa cifra trepó a 14.000 millones.
Esta tendencia derivó en que la atención en las obras sociales haya disminuido, al menos en términos provinciales y recrudeció además la situación en las provincias, que de acuerdo con los datos aportados por Mammoni en la Conferencia, no atraviesan por una buena situación, sobre todo a raíz de la transferencia de fondos y la coparticipación federal.
“En 2002 el Ministerio de Salud contaba con el 9,66% del gasto total en la provincia de Buenos Aires, para llegar en 2008 al 6,95%, un reflejo de la situación de estos días”, estimó.
La sugerencia de Mammoni para destrabar una etapa conflictiva es crear “Consejos provinciales de salud con la participación estatal y del sector privado para el debate y la definición de los lineamientos en políticas de salud”.
“Estos Consejos serán los coordinadores de la integración de todos los subsectores del sistema de salud”, afirmó, y puso énfasis en la importancia de poner en marcha convenios entre lo estatal y lo privado.
“Si bien macroeconómicamente no tenemos datos que puedan indicar que estamos verdaderamente mal, si los tenemos en lo que respecta a salud que dicen que debemos que estar atentos”, concluyó.

EL PAGO DE IVA SIN DESCARGA, UN OBSTACULO PARA EL SECTOR PRESTADOR

El principal conflicto al que hizo referencia Jorge Gutsztat, y que afecta a la actividad de las clínicas y sanatorios fue el pago del Impuesto al Valor Agregado, que luego no se puede debitar en la actividad.
“Todo el crédito que adquieren las clínicas y sanatorios en las compras no es un crédito como el de cualquier otro rubro de la economía, es pérdida. No se lo puede aplicar al débito que surgiría de la venta, porque la venta está exenta. Y eso significa un 5,97 por ciento”, destacó, al tiempo que agregó que las contribuciones patronales de una clínica “están en el orden del 6,91%”.
El representante de CEPSAL habló de “una discriminación negativa” hacia las empresas que atienden la seguridad social. “Si hablamos en valores absolutos la incidencia del IVA en una institución mediana con un costo mensual de 5 millones de pesos es de aproximadamente 300 mil pesos, que en el caso de cualquier empresa de otro rubro sería un crédito a compensar con los débitos generados en la venta. El problema es que en una clínica que presta servicio de salud estamos hablando de un gasto y como tal debe reflejarse en el cuadro de resultados”, amplió.
De este modo, graficó: “la institución pierde un 5,97 % del costo o en el caso de este ejemplo, unos 300 mil pesos mensuales por este solo concepto”.
En tanto, añadió que los servicios públicos “pagan un IVA del 27% y no del 21%” y “no existe ningún tipo de exención” para quienes brindan un servicio a la salud.
Para ratificar su premisa de “discriminaciones” a las que es sometido el sector prestador dentro del mercado, agregó otro ejemplo vinculado, incluído en ese componente impositivo, a otro impuesto que, según Gutsztat, es distorsivo. “Hay un impuesto que se llama a la ganancia mínima presunta; es del 1 por ciento sobre el activo, y se computa a cuenta del impuesto a las ganancias. Esto parece razonable, porque las clínicas tienen activos importantes, como edificios, o equipamiento. ¿Pero qué clínica da ganancia si todavía estamos en emergencia sanitaria?”, se preguntó y aseguró que este tributo “es distorsivo y adiciona, al igual que el impuesto al cheque”.
Gutsztat remarcó algunas diferencias entre el sector y otra actividad a la hora de dar inicio a una inversión. “Si dispusieran unas 150 camas en una institución, frente a otra iniciativa, de 9 mil metros cuadrados a mil dólares el metro, con una inversión total en equipamiento y construcción de 18 millones de dólares, el IVA que pagaría el sanatorio de seguridad social sería de un total de 3.780.000 pesos, cuando otro sector no pagaría nada de este impuesto, porque otra actividad lo tomaría a cuenta de las ventas futuras que va a tener”, resaltó.
Asimismo, expuso la necesidad de que todas las cámaras se hagan eco de la problemática, en tanto pidió que se los “autorice a utilizar el crédito de IVA no recuperable a cuenta de otros impuestos, por ejemplo contribuciones patronales”. “Esto tiene un problema técnico: las contribuciones patronales van a la ANSES y al IVA es un impuesto coparticipable. Pero la discriminación es tan negativa que entendemos que con una buena legislación, y la unión de todas las cámaras, tenemos que lograr modificar esta situación”, exhortó.
También consideró importante alcanzar una eximición del impuesto a la ganancia mínima presunta, además de otros adelantos a cuenta de ganancias. “Entendemos que las clínicas y sanatorios no están dando ganancias”, indicó Gutsztat.
En otro orden, señaló que la demanda de recursos “es continuamente creciente”. “Cada vez la demanda de recursos para seguridad social es mayor, por el aumento de medicamentos, las nuevas tecnologías que tenemos en este momento, cada una implica un mayor costo, una suba de salarios, mayor inflación. A eso hay que agregarle otro problema: la prestación de salud es un seguro contra todo riesgo, sin franquicias, sin exclusiones, y además no contempla otros aspectos que otro seguro tiene, que es la fuerza mayor”, indicó. Y añadió: “Hemos sufrido una pandemia en los últimos meses y los prestadores pusimos a disposición clínicas y sanatorios de la autoridad regional o nacional de salud para la atención. Esto significa que estamos dando un servicio público que no es reconocido como tal”.
En ese sentido, opinó que las instituciones encargadas de prestar un servicio de salud están a cargo de brindar una actividad pública de gestión privada. Y cerró con la premisa de que “el prestador tiene que asumir costos cada vez mayores”.
“Solicitamos que los prestadores de la Seguridad Social sean eximidos del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los motivos comentados y paguen el Impuesto a las Ganancias cuando corresponda”, subrayó.
El panel del sector prestador ofreció al auditorio que asistió a Quo Vadis Salud un horizonte que refleja y expone, una vez más, una situación crítica en materia de servicios, con falencias que según su visión obstaculizan el accionar de las empresas.

 

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