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Las entidades del cuidado de la salud no están cartelizadas
Con el
inicio del año, vuelve la discusión sobre el valor de las
cuotas de la medicina privada. El gobierno autorizó un
aumento del 8 por ciento para todo el año, pero el
presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada
sostiene que cada empresa definirá el momento y el monto de
aumento que aplicará. Los factores que influyen en cada
decisión.
Numerosas fueron las noticias vinculadas a las idas y
vueltas entre el gobierno y las prepagas sobre los aumentos
a aplicar. Hacia fin del año pasado los principales medios
informaron que “las prepagas empezaron a enviar facturas con
subas de hasta un 15 por ciento”. En realidad, se trataba de
un incremento del 12 por ciento que ya se había autorizado
en agosto. Finalmente el Secretario de Comercio, Guillermo
Moreno informó que el aumento autorizado para 2010 es del 8
por ciento, a aplicarse en forma escalonada durante todo el
año. Sin embargo, consultado por Revista Médicos, el
Presidente de la Asociación de Entidades de Medicina
Privada, Pablo Giordano, informó que “el aumento del 12 por
ciento no se ha aplicado en el mes de enero en la mayoría de
las entidades de cobertura médica privada”.
Sobre la forma en que las empresas aplicarán el incremento
autorizado para este año, fue categórico: “Las entidades del
cuidado de la salud no están cartelizadas. Cada institución
define el momento y el monto de aumento de cuotas que
requiere para asegurar a sus asociados la prestación del
servicio en tiempo y forma”.
También relativazo el alcance del anuncio de la autorización
del aumento, al afirmar que “no existe ninguna ley, decreto
o resolución que determine los precios de una cobertura
médica privada. No hay norma que faculte al Estado para
imponer precios máximos a este sector. Al tratarse de una
actividad privada, se rige por las normas del derecho común
(Código Civil, Código de Comercio y normas complementarias),
y éstas no contemplan las facultades que pretende irrogarse
el Estado.
 Giordano
aclaró que “los aumentos de cuotas en cada entidad responden
a diversos factores, tales como suba de aranceles de
sanatorios, centros de diagnóstico, incrementos en los
precios de medicamentos, aumentos de sueldos por paritarias
para el personal de sanidad y de comercio, subas en las
tasas de uso de los servicios, incorporación frecuente de
nuevas prestaciones (prácticas y fármacos) al Programa
Médico Obligatorio (PMO), judicialización de la cobertura
(amparos que ordenan la cobertura de prestaciones no
contempladas en las leyes o excluidas de los contratos),
impuestos y tasas (IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque,
etc.)”.
“Pocos entienden que toda extensión de cobertura o
incorporación de tecnología médica o fármacos novedosos,
inexorablemente producirán aumentos de las cuotas que abonan
los asociados”, agregó.
En ese sentido, destacó el hecho de que “la cobertura médica
privada no recibe subsidios y paga impuestos, los recursos
provienen exclusivamente de las cuotas de sus asociados”.
SOBRE EL PMO
El alcance e implementación del Programa Médico Obligatorio
es tema de discusión permanente para todas las entidades de
salud. El titular de ADEMP sostiene que “la multiplicidad de
normas existentes desvirtúan los límites de cobertura
inicialmente establecidos y determinados en el PMO. No
existe ningún seguimiento de los costos que insume la
prestación del PMO, ni evaluación de las posibilidades de su
financiamiento”. Asimismo, sugirió que una manera de lograr
mejorarlo sería hacerlo “más preciso y con el soporte de
guías clínicas y protocolos”.
Giordano se manifestó a favor de la idea de segmentar la
cobertura. “La implementación de planes parciales de
cobertura, permitiría poner en manos del usuario del sistema
una opción que complemente su acceso a los servicios que le
brinda la cobertura obligatoria (ej. Pami-obra social u
otra) o los hospitales públicos”. La situación actual que no
permite ninguna cobertura menor al PMO provoca “que muy
pocos tengan todas las prestaciones de salud y una inmensa
mayoría de ciudadanos no reciba nada en salud”.
JUDICIALIZACION
Otro de los factores que preocupan a las entidades son la
judicialización de la medicina y los amparos y medidas
cautelares. Giordano sostiene que “la falta de imparcialidad
y el desconocimiento por parte de los señores Jueces de las
obligaciones y derechos de las partes en un contrato de
Medicina Privada y la normativa vigente, lleva a que un gran
porcentaje de los fallos de éstos pongan en cabeza de las
Entidades del Cuidado de la Salud obligaciones que son
propias del Estado”.
Esta situación viola, según Giordano, los contratos
celebrados entre particulares. “Se parte erróneamente del
concepto que el derecho de la salud es un derecho absoluto e
ilimitado y de raigambre constitucional, razón por la cual
las Entidades del Cuidado de la Salud deben hacerse cargo de
toda prestación médico-asistencial que les soliciten sus
asociados, sin importar si tal prestación se encuentra o no
prevista en el contrato que dio origen a la vinculación, si
el PMO la contempla como obligatoria para los agentes del
seguro de salud, o si las erogaciones necesarias para
cumplimentar la prestación provocarán un desequilibrio entre
los ingresos y egresos de la Entidad que finalmente la
llevarán a la quiebra”. De este modo “se perjudicarán
también los asociados supuestos defendidos”, afirma Giordano.
DE CARA AL FUTURO
El presidente de la Asociación de Entidades de Medicina
Privada sugiere algunas líneas de acción que permitirían
hacer más sustentable el modelo. “Se debe asumir que no hay
recursos económicos para asegurar todo y a todos en salud,
ni en nuestro país ni en el mundo. El PMO debe adecuarse a
los recursos disponibles para que todos los habitantes en
cualquier lugar del país tanto sea en los hospitales, obras
sociales como sector privado puedan recibir las prestaciones
necesarias”.
Lejos de rechazar la intervención estatal en la actividad,
Giordano afirma que “el Estado debe recuperar su
protagonismo como generador y armonizador de las políticas
públicas de salud, dejar de transferir sus obligaciones
indelegables de asistencia sanitaria y requerimientos
sociales a las obras sociales y entidades privadas, y
ocuparse de la desnutrición infantil que es la usina que
produce discapacitados”.
Para ello sugiere que la Superintendencia de Servicios de
Salud, “debería ser el ente técnico de todas las
instituciones de salud tanto públicas como privadas, contar
con un equipo de evaluación de tecnologías e informar en
forma inequívoca los alcances de cada prestación”.
“No habrá cobertura universal y protección social en salud
sin financiación pública”, concluyó.
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