Desde hace algunos años se instaló en el universo de las ciencias médicas el principio de la “medicina basada en la evidencia”, que encuentra tantos defensores como detractores. Una de las tantas definiciones sobre medicina basada en evidencias (MBE) es que la misma procede de la utilización consciente, explícita y la previa evaluación de la mejor certeza científica, para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de la salud de las personas. Este criterio se contrapone a la medicina basada en la fe, en la autoridad, en la experiencia, o bien en la opinión. Sin embargo, más allá de las razones y fundamentos que avalan uno u otro criterio, todo enfoca hacia un destino único, el paciente como entidad que demanda hechos científicos, para los cuales se requieren conocimientos acordes.
Existen hoy varias agencias en el mundo que proveen información precisa a los estamentos políticos sobre diversos temas (NICE, Gran Bretaña; Iqwig, Alemania; la propia FDA, americana; la EMA, Europa; para mencionar algunos y no tornar tedioso el comentario). Su funcionalidad consiste en asistir a las decisiones que contribuyen, suman o restan a las personas y las coberturas necesarias.
Uno de los aportes significativos de la medicina basada en la evidencia, es la cuidadosa evaluación del costo-beneficio de terapias, tecnologías, criterios de gestión, aspectos que ponen en “evidencia” la importancia de la “oportunidad de decisión” ante el implacable avance de las especificidades terapéuticas que ha generado una monumental transformación de los “conocimientos”, imponiendo novedosas formas de abordaje clínico así como el descubrimiento de numerosas enfermedades y sus fuentes.
El nuevo siglo, sumado a la globalización y a los efectos del proyecto genoma humano, han promovido una metamorfosis compleja que va tomando forma distintiva según avanza el nuevo siglo XXI, del que transcurriendo una década, pone de manifiesto que muchos “supuestos” ancestrales de la medicina caen ante novedosas evidencias, tanto como replantea criterios que habían crecido, más al amparo de la comodidad de las estructuras, que a su correspondencia genuina con realidad. Sin embargo, así como en la pasada década de los ochenta, en el siglo XX, los sistemas de salud se vieron obligados a realizar profundos cambios a efectos de sostener su perdurabilidad y su adaptabilidad a los tiempos de entonces y a las necesidades sociales de la época.
Hoy podría decirse que estamos transitando un “momento” donde la dinámica de las circunstancias reclama un profundo cambio, negado por muchos, disimulado por los estamentos políticos, pero “evidenciado” en las necesidades acumuladas de las personas, tanto como por sus tremendas (¿dramáticas?) demandas contenidas, no resueltas.
Algunos suelen creer que esto se resuelve aumentando aportes, primas o cuotas, estrellándose contra la “evidencia” de que los resultados antes que verse resueltos, se ven atormentados por problemas mayores, nuevos y/o crecientes, que además de no contribuir en nada a los que pagan, tampoco le ayudan a reducir las expectativas inherentes al problema en sí. Todo pareciera indicar que se habla de medicina de la evidencia, pero cuando ésta llega a los campos administrativos y de gestión, se modifica el discurso y se niega la “evidencia”.
Con este paisaje, usualmente paradójico y contradictorio, las decisiones políticas se contravienen con las necesidades de gestión, al tiempo que políticamente se reconoce la importancia de los aportes de la medicina basada en la evidencia. ¿Entonces?...
La medicina basada en la evidencia demanda una correspondencia concomitante con las políticas sanitarias y sus ejes operativos. No comprender esto es aportar “vacíos” y restar “valor” antes que agregarlo. Parece simple, sin embargo las decisiones de esta década vienen a contramano de la realidad globalizada, donde las personas viven en un lugar y trabajan a cientos de kilómetros, incluso ejerciendo tareas muy distantes de sus cuarteles.
La protocolización de las patologías ha permitido descubrir y poner en “evidencia” históricos errores de procedimientos, ajustando los procederes a las estructuras que los contienen, para lo cual el aporte científico de la medicina basada en la evidencia (criterios mediante) ha sido angular.
Pero estos mismos protocolos al no ser correspondidos con sus respectivos ejes de gestión, basados en las mismas evidencias, han abierto baches en algunos casos y abismos en otros, donde las decisiones médicas se ven diezmadas y/o arrasadas y/o invadidas y/o anuladas por meras disposiciones administrativas que no se ajustan a las necesidades de las personas, aunque quizá sí sirven para favorecer que los libros contables cierren apropiadamente.
Un ejemplo temible es lo que cursa con las enfermedades crónicas, expansivas, que acumulan impedimentos antes que facilitar tratamientos. Para ello se buscan excusas extemporáneas y tangenciales al problema, cuyo único resultado formal es acrecentar la envergadura del mismo (problema). De este modo, se escucha hacer referencia a gastos catastróficos sin comprender ni tampoco dimensionar que, en salud, la catástrofe comienza cuando alguien es excluido de su necesidad intrínseca. Inmediatamente, se descarga una catarata de justificaciones viciadas de nulidad en su propia esencia, todas focalizadas en la eterna razón de la “carencia presupuestaria”, la cual representa un disparate en sí misma.
Seguramente, de realizarse un profundo análisis costo-efectivo de diversas terapias aprobadas y asumidas como “buenas”, se descubriría que al prescindir de los intereses del financiador virtual (o real), las propias instituciones las darían de baja rápidamente ya que las correspondencias “evidentes” confluyen matemáticamente (costo-beneficio genuino). Sin embargo, el cuerpo médico está lejos de poder participar, y peor aún, aportar “criterio” cuando el mismo parte de la premisa de ser descalificado antes de generarse.
Alguien sostiene que el mercado electoral es contrario al principio costo-efectivo… lo cual se estrella con una realidad cada vez más dramática de miles de pacientes que no encuentran respuestas a sus legítimas necesidades.
Pensar hoy, una salud “excluyente” o bien una salud presupuesto-dependiente, implica no entender la dimensión de la salud pública y su estructuración multidimensional. Posiblemente, el día que los estamentos políticos comprendan la importancia de los aportes de la “gestión basada en la evidencia”, verán reforzados significativamente sus plantillas de votantes, los que simplemente pretenden no estar abandonados a su suerte…
Mientras las convergencias no se favorezcan desde las estrategias, la salud (pública y privada) continuará en su camino de autodestrucción, en el que persiste sin hallar una salida porque asume que el modelo de presupuestos cerrados es el apropiado, lo cual es una falacia en sí misma.