Los argentinos tenemos muchas tareas pendientes. Una de ellas, implica un desafío impostergable: la conformación de un sistema de salud. Desafío complejo, si los hay, ya que el presente sanitario argentino amerita a futuro, reajustar sus estrategias, su estructura y su cultura. Y esas modificaciones deben suceder tanto en el plano del accionar médico como en el de la asignación de recursos. ¿O es que pretendemos mantener el esquema actual de atención de la salud? ¿O que nuestra configuración sanitaria es equitativa, eficiente y efectiva?
Hay importantes sectores de la población que padecen los efectos de la distribución desigual de la riqueza. Y son esos mismos sectores que, justamente por su ubicación en la escala social, tienen más cantidad de necesidades insatisfechas. Sin embargo, los recursos utilizados para paliar sus desventajas no crecen como deberían.
La desigualdad social en el plano de la salud comienza ya con el escaso relevamiento de las necesidades de la población de menores recursos, y de la evaluación de las demandas a los sistemas de producción de servicios. Las distorsiones continúan luego en cuanto a internaciones, tratamiento, rehabilitación y demás áreas. Por lo tanto, la eficiencia en la gestión y en la reasignación de los recursos son piezas decisivas para comenzar a revertir décadas de atraso.
Pero mal podemos pensar en volver más eficiente el uso de los recursos existentes, sin una planificación estratégica que los oriente, sin una estructura armónica que vertebre las distintas partes del sistema, y sin un cambio cultural. Si analizamos los porcentajes presupuestarios dedicados a la prevención, la educación sanitaria, la curación y la rehabilitación, comprendemos por qué nos encontramos ante una ausencia de estrategia que lleva a destinar más dinero a curar enfermos, que a prevenir los males y a educar a la población.
En cuanto a la falta de una estructura armónica, la evidenciamos en la no correspondencia entre la atención primaria, las distintas instituciones de internación según niveles de complejidad, la ausencia de centros socio-sanitarios para asistencia prolongada, y la inexistencia de centros de emergencia de acuerdo con la distribución territorial y biodiversidad de la población, con los grados de vulnerabilidad que esta caracterización representa. Del mismo modo, observamos una carencia en la regulación del flujo de pacientes en los distintos niveles, y fallas logísticas entre los diversos componentes de la configuración sanitaria nacional. Donde debe imperar el conocimiento, se deja la interacción librada a la espontaneidad.
Culturalmente en tanto, tienden a detectarse comportamientos que siguen una lógica de renta, más que de producción de servicios. En esta dimensión cultural encontramos también a usuarios con demandas aguijoneadas por medios de comunicación, y a médicos, con prácticas que van desde lo estéril hasta lo perjudicial, como también ordenar estudios complementarios superfluos, e indicar medicamentos innecesarios.
A estas pautas sobre la planificación estratégica, a la necesidad de una estructura y de un nuevo marco cultural, debemos agregar la imperiosa necesidad en desarrollar una red tecnológico-informática, clave para el control de un sistema complejo como el sanitario. Para conocer la atención médica, comprender y justificar los recursos científicos, técnicos y económicos que se necesitan en un nuevo marco, es imprescindible contar con una herramienta informática que integre todos los datos que produce el campo sanitario.
Claro que para controlar la información, también debe el paciente asumir un rol activo. En ese sentido, es importante establecer la entrega de la llamada “factura sombra”, en la que se detalle toda la información del servicio médico que se brinde. Esos datos permiten focalizar los gastos, transparentar los costos y comprometer al prestador con la puesta en marcha de un mecanismo informativo idóneo, como así también evaluar el grado de satisfacción de los usuarios.
¿Con qué nos encontramos, si “auscultamos” el modelo de atención en salud del país? Por un lado, tenemos un aspecto recaudatorio, conformado por rentas generales, contribuciones laborales y patronales, pago de cuotas y otros mecanismos de financiamiento, alejados de toda equidad.
Encontramos también una apuesta a la alta tecnología, sin que exista correlación evidente con el beneficio de sus resultados, ya que de éstos no hay registro sistemático. Esa obsesión por el último avance tecnológico, además, encarece las prestaciones. El uso acrítico de la tecnología devalúa cada vez más la observación detallada y la reflexión clínica, actitud básica en la búsqueda de la evidencia científica, desvirtuando la esencia de la tarea médica. No debemos confundir racionalidad y reflexión con aplicación de tecnología.
Un aspecto trascendente detectado: prácticas de alto costo humano y en dinero, cuestionables desde un respaldo científico. ¿Ejemplos? Cesáreas, histerectomías, apendicectomías y otros tipos de prácticas, que se fomentan permanentemente. Tenemos además ausencia de prácticas preventivas, que generan un posterior aumento de los costos. Un caso paradigmático es la falta de diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino.
Otro tema no menor a subrayar es el de los subsidios encubiertos como la cobertura de descuentos en medicamentos, en la que no existe intervención sobre las líneas de investigación y producción de la industria farmacéutica, para direccionarla hacia necesidades emergentes, como por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Al mismo tiempo cabe señalar la falta de cobertura, en una proporción adecuada, sobre las patologías odontológicas.
Encontramos, además, falta de continuidad y monitoreo en los programas de atención. Y, finalmente, registramos dificultades en transformar las acciones llevadas a cabo durante la coyuntura, sin su correcto correlato dentro de un plan maestro de transformación de la condición sanitaria.
Un problema nodal, repetimos, es la falta de correlación entre la asignación de recursos y la eficiencia derivada de la gestión. Esta última obligaría a elaborar pautas de competencia y complementariedad como las que promueven los presupuestos por resultados. Tenemos ese nudo. Y además, un drama que mencionamos: el del creciente gasto en tecnología no necesaria, una particularidad más del consumismo, producto del mercadeo médico.
Ante esa encrucijada, volvemos al desafío: lograr la equidad también en la recaudación, lo que implica la responsabilidad empresaria en general. Y que esa equidad se traduzca no sólo en alivio a quien padece los riesgos, sino también en una justa carga para quien provoca la vulnerabilidad.
Un ejemplo concreto para clarificar lo que proponemos: habiéndose detectado lluvias ácidas en Noruega y Dinamarca, y tras comprobar que éstas provenían de Inglaterra, es este país quien se hace responsable de los daños y perjuicios que ese tipo de precipitaciones había generado. Utilizando esta experiencia, podrían aplicarse similares criterios sobre aquellos sectores empresariales que, por el uso de determinados recursos, son responsables directos de malformaciones congénitas y patologías variadas. De más está decir que una política semejante implicaría analizar los comportamientos éticos de quienes provocan esas situaciones, de quienes deberían controlarlas o eliminarlas, y de quienes las ocultan.
Si ese desafío puede desarrollarse con éxito, podremos aspirar a tener como meta un acceso a un sistema sanitario oportuno, adecuado, equitativo, sostenible, bajo el concepto de justicia y dignidad humana.