En agosto pasado las empresas y entidades del mercado de la salud, comenzaron a aplicar a los socios directos los aumentos de sus cuotas. Efectivamente, con un 15% de incremento inicial, estiman agregar un nuevo aumento, hasta totalizar una cifra promedio del orden del 32% de ajuste.
También han comenzado a informar al sector corporativo un porcentual similar que será escalonado en dos o en tres oportunidades según el caso.
Sin dudas, el incremento de salarios del sector de la Sanidad -cuya Paritaria se ubica en torno al 32% de incremento- es un elemento de gran influencia en la estructura de costos de las empresas de medicina prepaga.
Pero claramente no es el único factor. Otros factores no menores son la incorporación permanente de coberturas obligatorias, que no surgen solamente del organismo regulador natural -la Superintendencia de Servicios de Salud- sino de otras fuentes.
Un poder no menor de nuevas iniciativas de coberturas médicas es el Congreso de la Nación. De hecho, en forma reciente, las Obras Sociales de Personal de Dirección de empresas advirtieron que a lo largo de 2009 se presentaron en la Cámara de Diputados nada menos que 57 iniciativas y en la de Senadores 42 iniciativas legislativas con el objeto de proponer la incorporación de nuevas prestaciones al sistema de salud.
Vaya como prueba la sanción de la -ley 26.558 -denominada ley celíaca- en diciembre de 2009. En su artículo 9°, la norma establece las obligaciones de cobertura asistencial que las obras sociales y prepagas deberán cumplir para con los celíacos, las que comprenden "la detección, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento [...] incluyendo las harinas y las premezclas libres de gluten”, es decir la incorporación a la cobertura obligatoria de la base de los alimentos para los enfermos celíacos.
Si bien la Ley aún no ha sido reglamentada, en abril de este año la Cámara en lo Civil y Comercial Federal procedió a ordenar a una de las más importantes entidades prestadoras de servicios médicos, la cobertura de parte del costo de harinas y premezclas libres de gluten para una niña celíaca en la misma proporción en que lo haría con un medicamento.
Por otra parte y en lo que va del año 2010, el número de iniciativas no ha mermado: se han agregado 27 iniciativas en Diputados y 17 en el Senado.
El Lic. Carlos Conte, uno de los mejores especialistas en Discapacidad, me comentaba que en los últimos años, según una investigación que llevó adelante, se han presentado en el Congreso de la Nación, no menos de 170 iniciativas para normatizar la obligatoriedad de incluir coberturas para este sector tan especialmente sensible.
En otro orden de cosas, el Director Financiero de una de las empresas más importantes del mercado, me señalaba que el crecimiento del gasto que se genera por Amparos Judiciales y litigiosidad en general, alcanzaba al 40% anual: la gente espera cada vez más del sistema de salud y ha encontrado en el marco judicial, el medio a través del cual satisfacer esas expectativas.
Asimismo, expresaba que a las empresas les resultaba imprescindible recuperar el retraso que se les había generado a partir de que a fines del 2009, se llevaron adelante incrementos de cuotas proyectando aumentos de costos del orden del 20% para el presente año, cuando la inflación real está superando holgadamente esa cifra.
En el contexto actual, ¿Qué debería esperarse a futuro? Naturalmente más incrementos en los precios de las cuotas.
Resulta obvio que una parte de los incrementos de precios están relacionados directamente a factores vinculados con los incrementos de los costos médicos que todos ya conocemos, como son la creación de tecnologías más costosas, el mayor uso de la ya existente, la aparición de nuevos medicamentos de alto costo, el envejecimiento poblacional y la mayor utilización del sistema en su conjunto.
Pero si bien claramente todos estamos de acuerdo con ampliar la cobertura a los grupos mas desprotegidos y en la necesidad social de hacer igualitario el acceso a la salud y a una mejor calidad de vida, el gran debate que nos debemos: es quién es el que debe financiar todos estos cambios.
En mi opinión, decididamente no pueden ser ni las Obras Sociales -ni las empresas de medicina prepaga- las que sabemos no cuentan con ingresos ilimitados. La “salud” de este sector también debe ser cuidada.
No será una contribución a la sociedad contar con instituciones quebradas o forzadas a incrementar fuertemente sus precios –que finalmente amigo lector pagamos nosotros, los consumidores - para cubrir prestaciones que parecería que deberían estar a cargo del mismo Estado en las áreas de Desarrollo Social o de Acción Social.
Alternativamente, también se cuenta con importantes fondos excedentes en la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud –se habla de unos 800 millones de pesos anuales-, los que perfectamente podrían financiar una importante cantidad de los costos que estas nuevas medidas generan.
En resumen, se trata de canalizar de forma adecuada e inteligente las justas iniciativas de los diferentes sectores sociales.