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Se multiplican
las iniciativas legislativas prometiendo prestaciones
médicas sin mayor financiamiento
Reporte
Económico FAOSDIR
Se han detectado en el Congreso Nacional aproximadamente 140
iniciativas legislativas, entre ambas Cámaras, proponiendo
la incorporación al sistema de salud de nuevas prestaciones.
En el 2009 se detectaron 57 iniciativas en la Cámara de
Diputados y 42 en el Senado. En los 9 meses que van del 2010
ya se detectan 24 iniciativas adicionales en Diputados y 17
en el Senado. En términos muy simplificados, podría decirse
que hay entre 2,8 a 4,8 iniciativas por mes proponiendo
incorporar nuevas prestaciones o que hay entre 1,6 a 2,8
propuestas por año y por legislador miembro de las
respectivas comisiones de salud proponiendo una nueva
prestación.
Las propuestas son de todo tipo. Van desde problemas
complejos como la infertilidad, conductuales como la
bulimia, la anorexia, el alcoholismo, la ludopatía (adicción
por el juego), prestaciones no convencionales como la
acupuntura y la zooterapia (tratamientos a seres humanos
utilizando animales), hasta aquéllas tan simples como las
dirigidas a combatir la pediculosis.
En algunos casos se estipula directamente que la prestación
de referencia debe estar incluida en el Programa Médico
Obligatorio (PMO) que es el conjunto de prestaciones que las
obras sociales están obligadas a otorgar con los recursos
que reciben de la seguridad social. En otros, la alusión es
indirecta. Se pide reconocer a la prestación como una
disciplina médica o se la declara dentro de un “programa
nacional” con lo cual se incorpora dentro de las
prestaciones que el sistema de salud en su conjunto debe
otorgar. De esta forma, implícitamente y a la larga las
obras sociales quedan obligadas a suministrar estas
prestaciones cuando una nueva regulación así lo estipula o
la justicia –a través de los amparos– así lo entiende.
EL PROBLEMA NO ES LA INCORPORACIÓN,
SINO EL FINANCIAMIENTO
Proponer incorporar nuevas prestaciones a la cobertura de
las obras sociales no es cuestionable. Lo es proponer
incorporarlas sin prever recursos adicionales.
 Esta
conducta legislativa exacerba la escasez de recursos del
sistema. Con esto, genera riesgos de negación de servicios,
deterioro en la calidad y una floreciente litigiosidad de la
minoría que presiona a través de amparos judiciales por
recibir preferencialmente prestaciones que se terminará
negando a la mayoría. Así, la aspiración de mayor acceso a
los servicios médicos (que es lo que es dable pensar que
motoriza las propuestas de incorporación de prestaciones)
termina provocando una alta inequidad.
La regla de oro para la equidad en los seguros sociales es
generar promesas de prestaciones consistentes con los
recursos disponibles. Priorizar un conjunto bien definido y
limitado de prestaciones, consistente con los recursos, hace
posible garantizar a todos el mismo trato y nivel de
accesibilidad. Un ejemplo concreto es la Ley de Garantías
Explícitas en Salud de Chile (Cuadro 2).
En el país vecino se explicita cuáles son los recursos per
capita disponibles. Luego, en base a protocolos, estudios de
costos y análisis de prioridad y efectividad, se elige un
número limitado de patologías con definición de la cantidad,
calidad y tiempo en el que se brindarán las prestaciones
respectivas.
 Proponer
nuevas prestaciones implica respetar esta metodología.
Ciertamente que muchas patologías y prestaciones quedan
fuera de la cobertura obligatoria. Esto es porque el
criterio prevaleciente no es prometer prestaciones sin
sustento presupuestario, sino prometer lo que es
financiable, para todos, por igual. De esta forma, en la
Argentina se promete, pero en los hechos se termina
excluyendo gente de la cobertura. En el criterio de las
Garantías Explícitas de Chile se excluyen prestaciones, pero
las que se prometen se brindan en las mismas condiciones a
toda la población. Por eso, antes de seguir multiplicando
promesas no financiables, cabe hacer un prudente llamado a
la reflexión.
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