Por estas horas se debate en el mundo cómo reformar los sistemas de salud para sostener las coberturas sociales afectadas por la crisis financiera que se ha instalado para permanecer por un lapso tan prolongado como incierto. Hecho que ha dejado en evidencia cuánto se han despreciado las “evidencias” que ha proporcionado la realidad en la última década (ver columnas del autor en las ediciones de Revista Médicos Nº 60, 61, 62). Una de dichas evidencias ha dejado en claro que la salud debe ser abordada desde todas las políticas, no sólo la sanitaria, ya que hacerlo desde esta última indefectiblemente genera un dramático criterio de exclusión que tampoco resuelve el presupuesto, aumentando y geometrizando las deficiencias, que finalmente se traducirán en más pacientes abandonados a su suerte y más personas sin acceso alguno a la atención necesaria e imprescindible que resguarde al conjunto.
Cuestiones tales como la nutrición, la educación, la vivienda, el medio ambiente o las condiciones laborales influyen en la salud de la población, modificando los consumos y orientando las demandas. Si dichos focos no se atienden apropiadamente las consecuencias impactarán en los servicios y en sus economías aun cuando la ausencia de políticas apropiadas se empecine en negarlo o disimularlo.
Los factores determinantes indican que no tiene importancia alguna el número de hospitales construidos como tampoco aumentar su cantidad, pero sí debe atenderse la incidencia de aspectos intangibles relativos a la calidad de vida, las condiciones de trabajo, y todo aquello que afecta a las personas, desde el transporte, la polución, la calidad de las aguas y del aire, su alimentación, y los numerosos etcéteras que proporciona la civilización, demostrando una vez más que la cantidad no hace a la calidad.
Los estados suelen estar divorciados de las realidades que enseña la salud pública, de allí que los estamentos políticos desconozcan sistemáticamente la información que emana de los indicadores prestacionales. La dependencia política que muestra la salud ha comprometido seriamente la resolución de problemas básicos que ésta impone sobre las personas, demandando decisiones reñidas con los requerimientos elementales de la gestión las que luego afectarán a la gente, su epidemiología y también a los recursos. Una vez más, el único gasto catastrófico que produce la atención médica es aquel que no se resuelve en tiempo y forma, dejando abierta la posibilidad de agravar el cuadro clínico por ausencia y/o carencia y/o deficiencia en la atención y su sentido de oportunidad, lo cual redundará en un costo multiplicado hasta el infinito, dejando en claro que ese paciente no atendido demandará el recurso básico necesario para atender a otros mil prójimos.
La conducta política mundial ante la crisis económica ha sido desmantelar los sistemas, tanto los perfeccionados como aquellos otros que caracterizan a países desordenados como lo exhibido en América latina (por tomar un ejemplo). Desmantelar implica recortar, limitar, borrar, acotar los presupuestos reconocidos por sus antecedentes concretos. Desmantelar significa quitar importancia a la salud pública, afectando decisivamente a la sociedad involucrada. Existen evidencias científicas precisas acerca que la alteración negativa de las condiciones laborales (trabajo en negro, falta de puestos, contratos basura, etc.) dará como consecuencia una realidad negativa en la salud física y mental de las personas, aspecto no menor que se trasladará masivamente a la atención primaria y de allí consumirá especialidades por doquier.
Muchos de los focos desatendidos secuencialmente en la década de los noventa se están traduciendo en un aumento significativo de los casos de tuberculosis, hepatitis, diabetes, obesidad infantil, por mencionar apenas a la punta del iceberg que promete hundir más de un barco a la deriva. Siendo más expresivamente claros: el mundo humano se está convirtiendo en el viaje del Titanic.
Cualquier deficiencia en la resolución de los casos de los pacientes crónicos produce alteraciones que se magnifican de manera proporcional generando un efecto tipo tsunami de consecuencias imprevisibles, aún cuando los estamentos políticos se ocupen en negarlo manipulando la realidad y sus indicadores. Léase, el mal subyace y perdurará acrecentándose.
A esta altura de las circunstancias seguir ensayando políticas de exclusión social se revelará en peores resultados. La no existencia de la universalidad en la cobertura social de la salud pública, sustentada en el criterio de expulsión para reducir costos y minimizar el impacto ha demostrado ser falaz y hasta perversa. Mientras las administraciones se siguen empobreciendo, los libros contables enseñan cada vez más rojos. En salud, cuando las ecuaciones particionan o limitan, automáticamente aseguran su quiebre, el que terminará dañando al conjunto por relación asincrónica de defectos.
Recortar gastos es equivalente a excluir, excluir lo es a negar y ésta última lo es a ocultar, lo cual no quiere decir que el problema desaparezca. Por el contrario, esta (in) conducta de gestión en salud dará como consecuencia un temible universo de demandas contenidas que incluso afectarán gravemente a aquellas que se hayan resuelto, modificándolas e incluyéndolas en un nuevo segmento de complicaciones que demandarán más servicios no contemplados.
Consciente o inconscientemente la sociedad humana está asistiendo a una época de metamorfosis múltiples que buscan sus espacios. La genómica y la epigenética, por caso, están nutriendo de conocimientos a las ciencias médicas, elementos que no podrán ser negados ni tampoco burlados por las concepciones políticas y sus carencias presupuestarias. Ello demanda una renovada apreciación de las investigaciones clínicas, de los métodos de evaluación de la relación costo-beneficio-riesgo, y del potencial de los consumos sanitarios y asistenciales. Si alargar los períodos de supervivencia no se traduce en sostener estándares de calidad de vida, la consecuencia se mostrará peor aún en relación a su capacidad de daño económico y es evidente que dejar morir a los pacientes no es la solución del problema (tal se suele escuchar en los corrillos políticos)...
En este punto queda claro que no son pocas las personas que, padeciendo un estado de absoluta indefensión, están desamparadas ante eventuales problemas en su salud. En tal caso, pensar que dicho problema no resuelto no perjudicará a otros, es acrecentar el error. Luego, por cada enfermedad no atendida se desarrolla una potencial expansión que puede afectar a 4-10 personas que no lo estaban, y dicha progresión (matemáticamente verificada) se expresa a través de una capacidad de multiplicar el problema hasta límites insospechados (intangibles). Traducido, la verdad es que los desamparados son muchos, muchos más que los amparados...
La consecuencia es lógica y proporcional al problema inducido. Cuanto más demanda contenida hay, más grave será la proyección epidemiológica de los daños, los que desde luego impactarán en aquellos considerados como “amparados”. Ni qué hablar de lo que harán con los presupuestos virtuales, ésos que suelen formar parte de libros pero que no lo son de ninguna realidad.