La presencia de los sindicatos argentinos en la organización, administración y financiamiento de los servicios de salud de los trabajadores en relación de dependencia no tiene precedentes en otro país.
Los sindicatos que crecieron apañados por el Estado durante la presidencia de Perón (1946-1955) se quedaron luego de la caída de éste, conviviendo con militares y gobiernos civiles con escaso poder para establecer nuevas reglas de juego.
En 1970 y como consecuencia del temor del gobierno militar a una expansión de lo que había sido el movimiento social conocido como “el Cordobazo” se aprueba un decreto ley 18.610 que establecía en forma obligatoria la administración de los aportes y contribuciones a cargo de los trabajadores de los sindicatos reconocidos en cada categoría correspondiente.
El sindicalismo ha repelido cualquier intento de organizar la administración y el financiamiento para ponerlo al servicio de todos, durante los interregnos de democracia existente.
Fue el principal obstáculo que tuvo el mismo Perón y su Ministro de la época Domingo Liotta y luego durante el gobierno democrático elegido en octubre de 1983, Alfonsín y su Ministro Aldo Neri. La ley 23.660 actualmente en vigencia fue una negociación realizada en el seno del Congreso entre un peronismo en ascenso y un radicalismo en caída libre. La ley así como su debate muestra las diferencias y consensos alcanzados y que hoy sin dudas requiere de una nueva instancia de debate y actualización que permita poner la legislación a la altura de los tiempos.
La entrada de Menem en 1989 al poder fue sostenida por los sindicalistas y no se planteó en ese período cuestionamientos a la propiedad de los sindicatos del manejo de las obras sociales, pero sí se las condicionó con disminución de aportes y contribuciones y la introducción del sistema de libre elección. La reglamentación de la ley 23.660 fue utilizada como instrumento de implementación de una política específica para la seguridad social.
Durante los años noventa la salud contributiva (seguridad social) fue tratada como un mercado para atraer y ampliar inversiones internas y externas y en consecuencia se apartó totalmente del colectivo de personas sin trabajo formal y pobres que se atienden históricamente en el sistema público en manos de provincias y municipios. El sistema se segmentó aún más de lo que estaba y se dejó de discutir acerca de instancias de integración del financiamiento y de la organización de un sistema único.
La crisis 2001-2002 constituyó una oportunidad para redefinir el sistema, algo que no sería posible porque los sindicalistas que habían sostenido la política de los noventa aislando la seguridad social para evitar que el Estado se introdujera en “sus cajas” vuelven a tener un rol fundamental en el nombramiento del Ministro de Salud de Duhalde el Dr. Ginés González García quien recupera el financiamiento de la seguridad social de los aportes reducidos por el gobierno de Menem y brinda autonomía y seguridades al grupo sindical. Algunos intentos realizados desde la Superintendencia y que amenazaron con la introducción de mayor eficiencia y transparencia de la obras sociales, terminaron eyectando al Superintendente Rubén Torres.
Duhalde no sólo inventó a Kirchner, sino que también ayudó a que Moyano fuera adquiriendo cada vez más poder y administrara más negocios. Desde 2002 en adelante no dejó de crecer el poder y la influencia de Moyano y su grupo en la seguridad social.
Los Kirchner trataron a la Seguridad Social en Salud como una propiedad de los sindicatos e hicieron poco y nada para ordenar e intentar vincularlo con el sistema de salud. La crisis que ha desatado el manejo de las historias clínicas fraguadas, medicamentos truchos y subsidios de la administración de prestaciones especiales (APE) pone en la superficie la oscuridad de los negocios que se han ido pergeñando con los años y que tiene primero en la autoridad regulatoria (INOS, luego el ANSSAL y finalmente la Superintendencia) a una instancia que no ha cumplido con su deber de regular, de controlar, de defender los intereses de los beneficiarios y no estar cooptados por los mismos administradores de los fondos.
La política argentina es responsable directa de esta situación porque el Congreso que debe ser el lugar donde se representa a los ciudadanos en todos sus aspectos, ha permanecido callado y cómplice de este poder sindical de la Argentina que agobia y que no tiene que ver con la representación de los trabajadores. Tiene que ver con negocios y con manejos del poder sindical.
El Poder Ejecutivo es prisionero de la relación con los sindicatos y la negociación salarial, y esto trasciende a los gobiernos peronistas también los radicales tuvieron que entregar poder al sindicalismo en la materia convirtiéndolo en un actor que hoy hace ruido al mismo sistema democrático. Estamos asistiendo a movilizaciones y huelgas por la prisión de un sindicalista que es acusado de una muerte por represión a cargo de un grupo armado de su propio sindicato, asistimos diariamente a la muerte de personas vinculadas a los sindicatos, manejos irregulares y mafiosos con historias clínicas, medicamentos y subsidios, y podríamos seguir.
Los legisladores argentinos, elegidos por el pueblo, son los que tienen que poner el tema en la agenda y más allá de los partidos que representan se impongan límites. La población todavía no termina de comprender y asimilar cuál debería ser su rol para obligar a respetar los compromisos que se asumen en el momento de las elecciones. Mi sueño es que un día llegue una resolución 125 de la salud que permita tomar conciencia ciudadana de que los legisladores deben ser nuestros representantes y rendir cuentas.
Es el Poder Legislativo quien tiene que establecer los límites de los actores en una sociedad democrática. Así como se terminaron con algunos privilegios de los militares incompatibles con la democracia es necesario avanzar en una nueva legislación laboral y de la seguridad social que permita recuperar esas instituciones para todos y no estén al servicio de oscuros intereses particulares.