Quiero comenzar este artículo con un recuerdo a mi querido maestro Ramón Prieto, quien expresaba: “Sólo la autocrítica perfecciona al ser humano, y cuando se amplía a la comunidad desbroza los caminos que conducen a la plena realización nacional y social dignificando la condición humana, liberándola del estigma de la postración, la pobreza, la dependencia y tornándola capaz de unificar al país en derredor del bien común y de encauzarlo hacia la espiritualidad y la construcción del mayor de los capitales: la fraternidad y la paz.”
Es tiempo entonces de, como comunidad, analizar nuestros errores y poner en marcha los mecanismos para superarlos. En particular, el caso que hoy nos ocupa para ilustrar esta necesidad de autocrítica como sociedad, es el de la Administración de Programas Especiales (APE), absorbida recientemente dentro de la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud.
En esta etapa nos ayudará reflexionar sobre los distintos pasos que llevaron a que un organismo que debe existir para cumplir una función sanitara impostergable, haya quedado envuelto en situaciones irregulares y en el riesgo de que los errores del presente hagan naufragar un ente a todas luces necesario. Así, las fallas en su funcionamiento llevan a hacer dudar sobre la necesidad de su existencia, y esto confunde y genera el riesgo de llegar a eliminarlo por el hecho de estar mal instrumentado.
El caso de la APE es una muestra de lo que acabamos de plantear. Es fundamental señalar los déficits intrínsecos de su estructura, que por la profundidad de aquellos, comprometen el buen cumplimiento de las funciones para las que fue creada. Y, al mismo tiempo, es necesario destacar el rol positivo que juega, en especial para garantizar niveles de equidad en la atención sanitaria. Es, cuando funciona bien, una herramienta básica para la producción de servicios asistenciales en el campo de la salud, reforzando la búsqueda por lograr equidad y así apuntalar la justicia social.
Ahora bien, este reconocimiento no debe obstruir la necesidad de someter a examen este engendro en el que se ha convertido la APE. Lo primero es recalcar que discutir la existencia o disolución de la APE por sus ineficiencias en la actual situación sanitaria, sería semejante a plantear la disolución del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en lugar de formular los cambios que corregirían sus errores.
La APE, recordemos, reintegra a las obras sociales los costos que éstas tienen que afrontar por ciertos tratamientos de alta complejidad. Enumeremos alguna de las patologías que solventa este organismo: implantes cocleares, trasplantes renales, medicaciones antirretrovirales, medicación oncológica, hormona de crecimiento, prestaciones para personas discapacitadas, tratamiento de la hemofilia, control de la enfermedad de Chagas y muchas más.
La creación de dicho organismo fue por decreto en enero de 1998, a partir de aportes de empleados y patrones a las obras sociales. Más allá del objetivo final que se buscaba con su nacimiento, éste también se vio impulsado por los problemas financieros de las obras sociales, la falta de crédito para prestadores y la urgencia que ameritaban muchos casos médicos que no podían esperar búsquedas urgentes de dinero para salvar vidas.
De esta manera, los afiliados a obras sociales pueden tener garantizado el acceso a distintos tratamientos de complejidad, sin depender de si la entidad a la que están afiliados puede garantizar en el tiempo necesario el pago de dichas intervenciones. Imaginemos cómo se profundizaría la inequidad social si un afiliado de una obra social sindical tuviera que pasar meses hasta que ésta pueda encontrar los recursos para recibir medicamentos que combaten alguna severa enfermedad que padece.
Hoy, la APE es una herramienta defectuosa, pero con un nuevo plan maestro nacional, podría enderezar su rumbo. Claro que en simultáneo, tendría que construirse el ya mencionado en estas páginas Sistema Federal Integrado de Salud, que implicaría un nuevo modelo sanitario. En este esquema, la APE quedaría subsumida dentro de un específico Fondo Compensador de Enfermedades Especiales, entidad que en la Argentina no existe. Cabe señalar que hay experiencias cercanas de dicho Fondo; sin ir más lejos, la hermana República Oriental del Uruguay sí lo posee.
En una sociedad integrada y plural, el Fondo Compensador de Enfermedades Especiales es una pieza de valor angular, que al estar imbuida de criterio solidario, posibilita el devenir de la salud como derecho individual, hasta alcanzar la salud como derecho social.

DE LOS POSTULADOS IDEALES

Ahora bien, el dilema actual es cómo estructurar un ente autónomo que intervenga en la logística de la atención médica con racionalidad, eficiencia y transparencia. Dicho ente debe intervenir en tres niveles:
1) la identificación en el padrón de afiliados, lo que posibilita su verificación y fecha de ingreso
2) la elevación de la Historia Clínica, que objetiva, no sólo el diagnóstico, su evolución y confirmación de lo solicitado, sino también la oportunidad de lo requerido en relación al camino crítico de la enfermedad
3) la acreditación de la institución médica resolutiva y su compromiso en el seguimiento del paciente, a fin de respaldar las conductas propuestas.

La aplicación de estas premisas, ideales de un Sistema de Salud, permitirían superar la visión mecanicista, cuyo enfoque administrativo prevalente, opaca la responsabilidad médica.
Por otra parte, en una nueva configuración sanitaria, el Fondo Compensador de Enfermedades Especiales trabajaría en estrecha relación con un Observatorio de Salud, imprescindible en cualquier esquema superador del actual. De este modo, dicho Fondo aportaría información de primera calidad, sobre patologías y costos al Observatorio.
En síntesis, no se trata de eliminar la función de la APE, sino de construir dicho Fondo, en el marco de una reforma total del actual modelo sanitario. En un nuevo ordenamiento, que implicaría un genuino Sistema Federal Integrado de Salud, ese Fondo sería una herramienta, coordinada por una autoridad, pero articulada plenamente con la sociedad en el que está inmerso. Además, el mencionado Fondo debe considerarse como un instrumento logístico que responda a una táctica y a una estrategia determinada, para dar soluciones en pos de un genuino acceso a la salud para todos los habitantes de este país.
Hoy, en lo referente a la APE, estamos en conflictos y juicios que no serán fácilmente resueltos, dada la debilidad estructural en los que están contenidos y que los llevan a una confrontación que día a día acrecienta el daño sobre los pacientes. Estos no son espectadores, son las víctimas de lo que sucede. Es de esperar que en el futuro inmediato quienes tienen la responsabilidad de intervenir en el campo sanitario, avancen en la concreción de un nuevo modelo de salud para todos los habitantes de nuestro país. Y en particular, que se implemente el mencionado Fondo Compensador de Enfermedades Especiales, dentro de una organización racional, equitativa y transparente.