Como todos los años en esta época, el sector atraviesa picos de máxima tensión en las discusiones por los aumentos de precios de los Prestadores con las Entidades de Medicina Prepaga (EMP) y de éstas con el Gobierno para que autoricen el aumento de las cuotas a los usuarios. Lamentablemente, un proceso que naturalmente debiera darse entre el libre juego de la oferta y la demanda, en un contexto de mercados con muchos oferentes que compiten, se complica innecesariamente.
Todas las EMP se esfuerzan día a día en ofrecer planes médicos de alta calidad a costos lo más bajo posibles para ganar mercado. Si alguno intentará cobrar cuotas muy altas para obtener rentabilidades excesivas, perdería rápidamente asociados que migrarán a otras que ofrezcan planes con la misma calidad a precios inferiores. La gente no suele pagar de más y permanentemente averigua otras opciones.
Como comentara en la columna de mayo*, el sector no tiene un nivel de concentración que requiera la intervención del Estado. Vale aclarar también que muchas de las principales Prepagas son Entidades sin fines de lucro.
Este año el Gobierno se encuentra en una situación de mayor poder aún de negociación, al estar vigente una ley que obliga a las entidades a requerir una autorización formal a la Superintendencia de Salud para aumentar sus precios.
Los Prestadores a su vez comienzan a hacer frente a los mayores costos por las alzas salariales de la paritaria del sector y, en muchas ocasiones, sin poder conseguir que las EMP le aumenten el valor de las prestaciones, amparándose en que no pueden comprometerse a aceptarlos sin aumentar el precio de los planes a los asociados.
Algunos interpretan que el último aumento se resolvió cuando algunos prestadores importantes comenzaron a cobrar copagos a los asociados de las EMP y este conflicto adquiriera gran repercusión mediática. Pareciera que la presentación de estructura de costos o demostraciones actuariales que técnicamente demuestran la clara necesidad de aumentar los precios, no es suficiente para las autoridades. La opinión pública mayoritariamente considera que los valores de los planes de las EMP son muy altos, que los aumentos de los precios son excesivos y por consiguiente sea una medida de alto costo político para el Gobierno la autorización de los mismos, que por supuesto intenta evitar. La situación es compleja.
En el mes de julio la Universidad de Belgrano realizó una encuesta de más de 600 casos en la Ciudad de Bs. As. que nos ayuda a entender la situación:

En los últimos 5 años, ¿el sistema de salud pública en la Argentina mejoró, empeoró o se mantiene igual?
Empeoró 69% - Mejoró 4% - Se mantiene Igual 11% - NS/NR 16%

Si pudiera elegir, ¿preferiría que lo atendieran en un hospital público o en un sanatorio privado?
Sanatorio Privado 86% - Hospital Público 14%

¿Los funcionarios públicos deberían atenderse en los hospitales públicos o es correcto que también lo hagan en sanatorios privados?
Hospitales Públicos 84% - Les es indiferente 11% - Sanatorio Privado 4% - NS/NR 1%

¿Considera que los aumentos en los sistemas de medicina prepaga durante el último tiempo han sido bajos, moderados o excesivos?
Excesivos 74% - Moderados 26%

Vemos que los ciudadanos en general confían más en las Clínicas, Sanatorios u Hospitales Privados, que en el sistema de cobertura universal a través de los Hospitales Públicos e inclusive consideran que sería beneficioso que los funcionarios se atendieran allí, en el supuesto que al experimentar ellos mismos la atención que se brinda, el servicio va a mejorar.
Sin embargo están también disconformes con los altos costos del sistema privado.
El “atajo” que encuentra el Gobierno para “satisfacer las necesidades” de sus contribuyentes -¡y votantes!-, es controlando los precios de la Medicina Privada. Sin embargo este atajo sólo conducirá a deteriorar la calidad, provocar mayor concentración y algunos creen que eventualmente pueda eliminar un sector que brinda cobertura a 6 millones de argentinos. Sector que finalmente le ahorra al Estado el gasto que representaría que estas 6 millones de personas se atendieran en el Sistema Público.
El camino virtuoso, aunque seguramente más largo, es mejorar la percepción de la calidad de atención en los Hospitales Públicos, con lo cual la gente podrá optar libremente a pagar las altas cuotas del sistema privado o utilizar el sistema público. El mejor ejemplo que tenemos en el país es quizás el de la Universidad, donde se puede encontrar aun similar percepción de calidad en las Universidades Públicas que en las privadas. Lamentablemente no sucede lo mismo en la educación primaria y secundaria donde la brecha de percepción de calidad entre unas y otras se sigue ampliando según varias encuestas.
En el medio de este conflicto entre Prestadores y EMP están los médicos, que lamentablemente algunas veces han sido la variable de ajuste en los últimos años. La atención médica poco a poco se ha ido deteriorando, aumentando considerablemente la cantidad de consultas aunque éstas son cada vez más breves, con muy poca posibilidad de construir relaciones adecuadas de médico-paciente y la imposibilidad concreta que los médicos puedan realmente hacerse cargo de la salud de los usuarios del sistema.
Así como en muchas localidades del interior del país encontramos prestadores que dependen fundamentalmente de los aranceles del Pami y la Obra Social Provincial, en algunas ciudades grandes del Interior y en el AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires) hay Clínicas y Sanatorios que dependen de los aranceles de las EMP. Aquí el conflicto va a agudizarse en estos meses con picos de máxima tensión entre unos y otros.
Son negociaciones dónde todos tienen razón y algunos ya comienzan a jugar en esta disputa su supervivencia. Como en la selva, lamentablemente sobrevivirán los más hábiles y fuertes.
Esperemos que Prestadores, EMP y las Autoridades puedan encontrar caminos de solución. Lamentablemente las posibilidades de que esto ocurra son muy bajas.

*(http://www.revistamedicos.com.ar/numero69/columna_pasman.htm)