Tal lo descripto en nuestra nota inmediata anterior, haciendo sucumbir el destacado modelo de salud español, el gobierno europeo ha hallado los argumentos adecuados para avanzar hacia la destrucción del sistema de equidades y con él, promoviendo la extinción del estado de bienestar.
El doble mensaje ensayado y luego ejecutado produce una dramática discrepancia entre aquello que se dice y lo que más tarde se hace.
Recientemente (Semana Santa), José Ignacio Echániz, Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, y responsable de sanidad en el Partido Popular (PP) actualmente en el gobierno de España, acusó a las sociedades médico-científicas, no gremiales, de defender (o ser o estar asociadas) los intereses comerciales de la Industria Farmacéutica, por ser ésta su fuente financiera. Dicha aseveración, ha dado lugar a que la Federación Nacional de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) reaccionara en consecuencia, defendiendo la honorabilidad científica y la reputación ética que dichas asociaciones tienen.
En un comunicado oficial, FACME, que agrupa a 39 sociedades científicas españolas, muestra su “más profundo rechazo” a las palabras del dirigente ‘popular’, ya que “ponen en cuestión la credibilidad de las sociedades médico-científicas en su labor profesional de revisión de la evidencia científica y de su responsabilidad a la hora de exponer su opinión, conocimiento y recomendaciones clínicas”.
“Defendemos la legitimidad de las sociedades médico-científicas de comunicar a la sociedad y a los decisores sanitarios su opinión profesional avalada por la evidencia científica contrastada”, asevera FACME, tras recordar que son entidades reconocidas por el Ministerio de Sanidad.
Esta asociación ha reconocido no obstante que entre sus apoyos financieros están la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, como así otras empresas privadas y los propios socios, una circunstancia que es “pública y transparente” y, en todo caso, “no afecta en modo alguno a su quehacer profesional”, ha insistido.
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Más allá de las visiones y los contenidos periodísticos que la circunstancia lleva implícitos, lo ocurrido pone en evidencia, una vez más (y van...) el temible desconocimiento que la clase política tiene sobre el funcionamiento de los ámbitos científicos y técnicos que acompañan a la profesión médica como mecanismo prestacional, poniendo en evidencia cuánta distancia hay entre los discursos y las políticas públicas necesarias a las gentes y sus demandas. Agregándose, cuánta deformación hay en las visiones políticas sobre las realidades que imperan en el mundo de los mortales, impidiéndoles realizar una lectura prudente de ellas (realidades) y sus consecuentes mensajes.
Podría decirse que así como las ausencias de estados han dado lugar a la toma de decisiones operativas que han quebrado la relación médico-paciente (iniciado aquí en la Argentina durante los años noventa), hecho aberrante si los hay, ahora se va por más, intentando quebrar la relación ciencias-medicina, la relación ciencias-industria farmacéutica, la consecuente relación profesión médica-industria farmacéutica, a lo cual puede agregársele numerosos paralelismos, tal los existentes entre todos los miembros del equipo de salud, demasiados por cierto.
Lo expuesto hasta aquí, deja al descubierto aristas impensadas sobre las ausencias políticas en los estados... el por qué de los recortes presupuestarios a investigadores (no necesariamente médicos) y/o a centros de investigación dedicados a adelantarse a los tiempos, agregando valor al hecho prestacional en sí mismo... el por qué de las abultadas y añejas deudas públicas acumuladas por años a los proveedores farmacéuticos y tecnológicos... el por qué de los recortes en los servicios en la salud pública... el por qué de la permanente negación de la incorporación de tecnologías de última generación a los servicios de la salud pública... el por qué de la difusión de los recursos de amparo judiciales a los que los pacientes deben recurrir porque los estados se niegan, mecanismos viles mediantes, a proveer como coberturas que deberían proceder como universales... el porqué de considerar gastos catastróficos en salud, a los tratamientos de última generación molecular, cuando esos mismos estados ausentes lapidan inversiones inútiles en fines para nada altruistas, mucho menos sociales, ni qué hablar de personales a favor de la vida de pacientes librados a sus respectivas suertes. Ello explica el por qué de sacar vacunas de un calendario perfectamente diseñado por la/s Sociedad/es de Pediatría, pero al fin y al cabo, no es más que un ejemplo de las ausencias precitadas. Demorar una campaña, también lo es... negar la diabetes mellitus, la artritis, o la EPOC, o el asma, o lo que a Usted se le ocurra, también va por la misma senda. No obstante ello, negar o burlar no modifica realidad alguna, antes bien la complica colocándola en un paisaje pleno de dramatismos.
Pero hay más... las sociedades científico-médicas o aquellas otras académicas, están huérfanas de estados porque las ausencias políticas no reconocen la importancia que las mismas tienen respecto a estrategias operativo-prestacionales, sus tácticas, sus “presupuestos”, concediéndoles entidad jurídica, pero negándoles el apoyo y la participación financiera que los estados debieran tener con aquellas instituciones que son angulares en y para la “inteligencia social”, o si se quiere para el derecho ciudadano, o formando parte del concepto de “garantía individual”... ya que ello forma parte de las responsabilidades que los estados debieran tener para con la ciudadanía... una responsabilidad rehuida permanentemente.
En el curso del 2012 y lo que va de 2013, Europa ha pulverizado el criterio presupuestario de la salud pública, por ende ha hecho lo propio con la investigación médica, desmantelando aquello que alguna vez (apenas ayer) funcionó de maravillas... prometiendo, incluso, que irá por más porque a los administradores políticos no les cierran los números, impericias mediante. Lamentable. ¡Ah!, y lo antedicho ya no se limita a España, corre por las calles de cualquier lugar, dentro y fuera de la Unión Europea