El célebre pensador italiano Giorgio Agamben retomó con pertinencia la idea de que no existe “un bosque”, como tal, sino múltiples bosques, según quien lo mira o el rol que posee. Vale decir, existe un bosque para el guardia forestal, otro para el cazador, otro para el botánico, para el caminante, para el amigo de la naturaleza y para el leñador. Del mismo modo, podemos extrapolar el ejemplo hacia el campo sanitario. No hay uno sólo, como categoría absoluta. Hay uno para la persona internada en la terapia intensiva de un hospital; otro para la madre en trabajo de parto; otro para los padres de un hijo accidentado del que esperan su recuperación; otro para el médico que debe atender a un paciente atrás de otro; y la lista sigue, sin omitir la participación activa de empresarios y financistas.
De lo que se trata es de volver a colocar en el centro a la persona, en tanto ciudadano, con los derechos que le corresponden, como el tan meneado derecho a la salud. Sin el ser humano como eje, ningún sistema sanitario tiene finalidad, coherencia ni viabilidad.
Durante los últimos 60 años, los responsables de conducir los destinos del país -y en particular quienes han aplicado las políticas sanitarias- no han ofrecido algún dejo de pedido de perdón o de arrepentimiento por la sucesión de períodos de retroceso o de estancamiento en el campo de la salud. Parecieran profesionales de un ajedrez virtual, que se desentienden de las piezas y del tablero real, por más que sea en este último en donde el paciente y sus familiares sufren las consecuencias de las decisiones de aquel simulacro. Por momentos hacen venir a la memoria el cuento de Rodolfo Walsh, “Zugzwang”, en el cual el jugador, tome la decisión que tome, pierde el juego. De más está decir que el protagonista de esta situación en la que cualquier movimiento ocasiona una derrota, no es aquel que decide desde la abstracción de modelos ideales, sino ese ciudadano reducido a consumidor de servicios, o a mero enfermo. Como en el cuento de Walsh, está obligado a tomar una decisión, pero, cualquiera que puede condenarlo, por causa de los movimientos que anteriormente han hecho otros.
Cuando se hace referencia a las crisis que nos atravesaron, se suele no distinguir entre correlación y relación causal; caemos en buscar las explicaciones sólo en el contexto y no en su esencia nodal. Y así observamos que tanto la economía como la política actúan como partenaire del poder, término que no se refiere a un concepto comodín sino que traduce el hacer o no hacer, el posibilitar o no determinados eventos, el dar lugar o no al desarrollo de construcción o deconstrucción de políticas sociales o políticas de gestión. A este poder específico nos estamos refiriendo aquí: al biopoder.
Para salir de este panorama, el gobierno debería recuperar todas sus competencias en el área de la salud y redefinir a partir de su rol rector-garante-responsable, qué niveles de la macro, meso y micro gestión asume, cuáles delega y cuáles regula, con el fin el de garantizar la igualdad de acceso a los servicios asistenciales, de manera que se haga lo correcto en el momento indicado. Estos serían los principios de restitución institucional que la realidad impone como necesaria en salvaguarda del derecho a la salud.
La debilidad del actual accionar no pactado tiende a perpetuar y profundizar la fragmentación existente. De lo contrario, seguiríamos bajo este término encubriendo la inequidad que transparenta la injusticia social. No sólo se trata de articular los distintos sectores, como los oficiales, para oficiales y privados; sino también, en lo concerniente a la atención primaria, la secundaria ambulatoria y la terciaria de internación. Otro capítulo importante es el que compete a los gastos en medicamentos, cuya proporción impacta exponencialmente en el gasto en salud (aunque su nominación correcta sería gasto en enfermedad).
En lo que respecta a políticas sociales específicas del área, en ocasiones se observan iniciativas parlamentarias que no armonizan con las políticas de gestión. Hoy como máxima ambición se proponen resoluciones parciales que no dejan de ser coyunturales y que, para peor, operan en un vacío de estructura, entendiendo a éste como confusión amorfa. Se llevan adelante, entonces, iniciativas aisladas, descolgadas de planes federales y sin que se contemple su viabilidad financiera. Sin una interacción permanente entre el sector público y el privado, que incluya a los colegios médicos, las universidades y la sociedad civil, no hay solución posible para este accionar disperso, cuyos trazos sueltos disgregan el campo sanitario. Dicho campo está atrapado en su estado actual, como consecuencia de la falta de una planificación estratégica que responda a un plan de salud nacional. Nuestro país poseía una matriz activa al respecto, la que nos permitió alcanzar uno de los primeros niveles médicos del habla hispana. Hoy la prioridad estaría dada por ampliar el margen de maniobra y limitar la litigiosidad en un tema tan sensible como el de la salud.
Sabemos que los cambios que se plantean son productos naturales del devenir médico, económico y social, pero justamente por ello requeriría de una mesa de negociación permanente. Sólo esta capacidad podrá superar los problemas que en la gestión se manifiestan en forma cotidiana, superando las frecuentes discusiones que hacen referencia al costo y no a la falta de eficiencia. Es decir, se trata, como dijimos anteriormente, de lograr un acuerdo fundamental que involucre a todos los protagonistas, privilegiando no sólo el abordaje de las enfermedades, sino el potencial vital de las personas, haciendo hincapié en la prevención, diagnósticos precisos y rehabilitación. De esta manera, se podrá dar consistencia a un Sistema Federal Integrado de Salud y así evitar las desigualdades presentes. Una propuesta de estas características supera los lamentos del atrapamiento en el laberinto de la complejidad.
El debate sobre qué modelo sanitario queremos -y necesitamos- siempre termina centrándose en cuestiones relacionadas con el déficit presupuestario, y a partir de allí se desencadena un tramado de réplicas y contrarréplicas. En rigor de verdad, el recurso prioritario a ejercer es la racionalidad en la totalidad de la cosmogonía prestacional, secundada por la “caja de herramientas” con la que cuenta la gestión, a partir de un “observatorio de salud” en el que claramente se diferencian los indicadores teóricos -es decir aquellos que exteriorizan los problemas a resolver- de los indicadores críticos -que nos señalan las alteraciones a evitar por perturbaciones u omisiones en el despliegue de conductas saludables-. Es a través de este replanteo que puede tenderse a una nueva configuración sanitaria más racional y equitativa, capaz de afrontar los retos actuales y futuros de la salud de los habitantes de nuestro país. Huelga aclarar que el Estado no debe ceder nunca, en ese esquema, la atribución de ser el orientador general de dicho Sistema, para no conferirle a las fuerzas del mercado el dominio del mismo.
Estas breves reflexiones pretenden condensar pautas para vencer el escepticismo mediante un llamado a la racionalidad, a los códigos éticos, y a los valores morales. Sólo una labor mancomunada y solidaria puede rescatar a la medicina de este múltiple descarrilamiento que la acosa, y así superar la frustrante y declamativa expresión de “Salud para todos en el año 2000” que enunciara en 1978 en Alma Atá la Organización Mundial de la Salud. Es tiempo de pasar de los lamentos por una situación injusta, a la reparación que revierta ese resultado, como señalara el escritor francés Albert Camus