|
Medicina prepaga: ¿qué problemas enfrenta?,
¿cómo puede sortear las dificultades de financiación?,
¿cómo impacta en ella la Ley de regulación? Las
preguntas en torno al sector privado de la salud no
dejan de sumarse. Para acercar respuestas, Miguel Ángel
Troisi, de Medifé, Hugo Magonza, de CEMIC, Juan Carlos
Villa Larroudet, de OMINT, y Néstor Gallardo, de ADEMP,
reflexionaron sobre las dificultades y los desafíos del
sector.
El sector de la medicina prepaga enfrenta, hoy por hoy,
varias líneas de dificultades. Así lo dejaron en claro,
tras largas y esclarecedoras exposiciones, líderes y
especialistas del sector. El doctor Miguel Ángel Troisi,
Director de Relaciones Institucionales de ASE – Medifé,
el licenciado Hugo Magonza, Presidente de la Asociación
Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y
Director General del Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC), el
ingeniero Juan Carlos Villa Larroudet, Presidente
Ejecutivo del Grupo OMINT, y el contador Néstor
Gallardo, Presidente de ADEMP (Asociación de Entidades
de Medicina Privada), ahondaron en las diferentes
problemáticas actuales del sector: el efecto de la Ley
de regulación, la judicialización, la financiación, la
rentabilidad y la difícil fórmula para mantener el
equilibrio del sistema.
UN HORIZONTE OSCURO
“Nos toca enfrentar panoramas oscuros”, adelantó Troisi,
quien más tarde pasó revista de la situación actual del
sector privado. Luego de recordar que son seis millones
de personas los que, en nuestro país, deciden optar por
una entidad de medicina privada, Troisi destacó que “no
hay políticas que ayuden a este sector o que permitan
que la gente que nos eligió esté más protegida.”
 El ciudadano, comentó, adhiere a
una prepaga para lograr una mayor cobertura porque
entiende que, por lo menos, es mejor que la que puede
esperar del sistema público. Por eso, añadió, “se le
debe dar a la medicina prepaga el rol que realmente
tiene.”
No es novedad que la judicialización es uno de los temas
que más sufre el sistema de salud en general y la
medicina privada en particular. “Los fallos de la
justicia, que hace interpretación libre, perjudican las
relaciones entre los usuarios y la entidad: esto se da
permanentemente y no hay forma de contrarrestarlo”,
enfatizó Troisi.
En relación a la ley 26.682, que desde noviembre de 2011
regula la actividad de las empresas de medicina prepaga,
Troisi dejó en claro que, si bien era más que necesario
contar con un marco regulatorio, “no estamos conformes
con esta regulación porque hay algunos puntos que
afectan el futuro de nuestro sector.” Se refería, por
ejemplo, al polémico artículo que dispone el ingreso
irrestricto: “en este sentido, las autoridades nos dicen
que, al final, no fue grande ni inmediata la avalancha
de beneficiarios nuevos a cubrir obligadamente: es
cierto, pero el ingreso es permanente”, aclaró Troisi.
En el caso de Medifé, según expuso su representante, la
tasa de ingreso de beneficiarios con patologías crece en
un 250%. “Si a esto se le suman los problemas con las
cuotas y el gasto creciente en salud, resulta que
tenemos un panorama complicado.”
Con respecto a los aumentos de cuotas, Troisi aclaró
que, para las empresas, realizar aumentos conlleva
muchas dificultades: “El incremento permanente de cuotas
lo único que hace es disminuir la cantidad de gente sana
en cada cartera, y reconfirma a la población que sufre
patologías; así la relación entre sanos y enfermos, que
permite mantener el equilibrio financiero, se empieza a
desequilibrar.”
¿El futuro del sector? “Hay muchísimo por hacer”,
enfatizó Troisi. “Por el momento, vamos sobrellevando la
situación, esperando poder llegar a un diálogo más
resolutivo.”
FENÓMENOS COMPLEJOS
Hugo Magonza, por su parte, aportó una cuota de
optimismo: “Tengo una mirada muy positiva sobre el
sector y sus posibilidades; a pesar de las divergencias,
en la Argentina tenemos el sistema de salud que
probablemente sea el que más cobertura da en todo el
mundo.” Tanto desde el sector privado como desde la
Seguridad Social y el sistema público, estimó Magonza,
“el nivel de satisfacción de los pacientes es alto.”
Como panorama general para entender la actualidad del
sector, Magonza enumeró las problemáticas que conforman
un escenario a la vez múltiple y en tensión. La salud
entendida como fenómeno complejo y como bien social, la
desaparición de la idea de copago, la demanda siempre
creciente de la población, la influencia de los medios
de comunicación y las dificultades del profesional
médico, junto con el envejecimiento poblacional y el
aumento de las tecnologías, conforman las diferentes
aristas que hacen que la realidad del sector sea al
menos compleja. Para hacer frente a esta situación,
remarcó Magonza, “hace falta un estado presente, que
regule y que posea una mirada social para la toma de
decisiones sanitarias.”
 En relación al problema de la judicialización, el
Director General de CEMIC aclaró que “cuando un juez
toma decisiones, las toma mirando a un individuo, no a
la sociedad o a un sistema; lo que hace falta son
decisiones estructurales para que el juez pueda cumplir
su rol de la mejor manera”, de forma tal que sus
decisiones no sólo beneficien a los individuos, sino
también al conjunto de la sociedad.
Magonza también se refirió a una realidad que incide en
el sector salud de cualquier país del mundo: “El costo
de salud está siempre por encima del costo de vida, en
la Argentina y en cualquier otro país.” Especificó, así,
que lo que se necesitan no son herramientas para parar
los costos, pues hay que aceptar que los costos son
imposibles de detener, sino “para racionalizar.”
Con respecto a la reglamentación de la ley 26.682,
Magonza se mostró escéptico: “No tengan muchas
expectativas de que la reglamentación vaya a hacer algún
cambio: será lo que podrá ser porque partimos de una ley
muy mala.” Pero no sólo la Ley constituye una
complicación para el sector privado: “El sistema se está
desfinanciando y están en peligro las fuentes de
trabajo, la estructura de calidad y la atención médica.”
El problema se explica, al menos en parte, por la brecha
entre los aumentos solicitados para las cuotas y los
que, efectivamente, fueron aprobados. “Se trata de una
brecha del 11% que, a julio, significaban 4 mil millones
de pesos: es dinero que le falta al sistema”, especificó
el licenciado.
Entre las posibles soluciones, Magonza mencionó la
necesidad de pensar en la sustentabilidad a largo plazo,
la creación y puesta en marcha de un comité de
evaluación de tecnologías, la profundización de un
modelo de integración y la generación de un marco
normativo claro y preciso.
GESTIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN
Juan Carlos Villa Larroudet , Presidente Ejecutivo del
Grupo OMINT, comenzó aclarando que “el sistema privado
de salud está destinado a complementar al sistema
público y al de la Seguridad Social; no los sustituye en
sus responsabilidades.” Las empresas privadas de salud,
según expuso Villa Larroudet, tiene semejanzas, desde el
punto de vista económico, con las empresas de seguros:
“Somos agentes de salud pero cumplimos con
características actuariales: el riesgo tiene que ser
mesurable y tenemos que asegurarnos de que cobramos
todas las cuotas para poder cubrir los costos.” Por eso,
la regulación del sector, afirmó Villa Larroudet, debe
“proteger los derechos del usuario, definir el menú de
prestaciones y verificar el valor de las cuotas, pero
también ocuparse del equilibrio actuarial del sistema.”
En relación a la rentabilidad del sector, y
contrariamente a la percepción general, Villa Larroudet
especificó que está en línea con los valores del resto
del mundo, siempre por debajo del 5%. “En la Argentina,
históricamente la rentabilidad del sector rondaba el 3%;
en 2013, fue del 1%: esto es un llamado de atención.” No
obstante, el sector ha invertido fuertemente en
infraestructura, emplea a 250 mil personas e incluye a
580 empresas de medicina privada. En este sentido, “el
sector privado, en el país, ha hecho todos sus deberes
en los últimos quince años”, afirmó el Presidente
Ejecutivo de OMINT.
Villa Larroudet también listó los puntos de la Ley de
regulación que el sector de las prepagas encuentra
problemáticos. En un escenario donde el 1% de los
afiliados consume el 33% de los recursos, uno de los
puntos más resistidos es el de las enfermedades
preexistentes porque, detalló el ingeniero, “la
evaluación de los riesgos de los beneficiarios que
entran al sistema es esencial para asegurar el
equilibrio de las carteras.”
 “Creemos que no se debe aumentar el valor de las cuotas
pasados los 65 años”, aclaró también el representante de
OMINT. Según él, se requiere de una evaluación actuarial
y de gran sensibilidad social para sortear este dilema.
“En este tema tenemos que participar las empresas y
también las autoridades sanitarias, para garantizar que
exista el financiamiento necesario”, especificó.
El tema de la actualización de las cuotas, por otra
parte, es el más urgente según Villa Larroudet:
“Lamentablemente, trasladar la cuota es necesario.” Este
año, el sector se mantiene un 17% por debajo de las
paritarias, lo que, estimó Villa Larroudet, constituye
un riesgo severísimo para la salud del sistema privado.
“Este va a ser un reclamo permanente que tenemos que
hacer como sector porque se perjudican todos los
beneficiarios del sistema.” Además, agregó, “el traslado
incompleto de las paritarias se convierte en un descenso
de las inversiones.”
Con respecto a las prestaciones que, año tras año, se
suman al PMO, Villa Larroudet dejó en claro que es
preciso priorizar la cobertura para que cada prestación
se pueda financiar. El Presidente Ejecutivo de OMINT, a
la vez, no ve con buenos ojos la posibilidad de crear un
fondo para enfermedades de alto costo y baja incidencia:
“Yo creo que no tiene ningún sentido para el sector; el
que tenemos es un problema de media creciente, y un
fondo no lo resuelve.” En cambio, postuló, “para poder
financiar es necesario incluir gestión.”
Para finalizar, Villa Larroudet enumeró las condiciones
necesarias para generar un cambio positivo del sector
privado: modificar la Ley, generar mecanismos de
actualización de las cuotas que garanticen el traslado
de las paritarias en tiempo y forma y no incluir en el
PMO prestaciones que no tengan financiamiento asegurado.
Además, sintetizó, también “es preciso realizar
evaluaciones económicas para las decisiones sanitaras y
generar incentivos para la inversión y la excelencia
académica.”
NECESIDAD DE CAMBIOS
Néstor Gallardo, Presidente de ADEMP, comenzó
confirmando lo dicho por el representante de OMINT
acerca de la rentabilidad de las prepagas: “Parecería
ser que ganar dinero cuando se presta un servicio de
salud está mal visto; sin embargo, lo que se cree que es
un gran negocio es, en realidad, un negocio en el que
los riesgos superan las expectativas genuinas de
ganancias.”
Al reflexionar sobre el origen de la medicina privada,
Gallardo enfatizó que las entidades de medicina prepaga
nacieron ante la necesidad de generar una cobertura que,
antes, no existía. Añadió que, en realidad, “mucho del
dinero que estamos gastando lo estamos gastando en
servicios que el Estado debería dar y no puede dar.” ¿Es
un problema de falta de recursos?”, se preguntó
Gallardo. “Yo diría que no falta dinero. El sistema de
salud argentino es uno de los más completos del mundo;
el problema está en la forma en que se accede a las
prestaciones.”
 La posibilidad de subsistencia del sistema se ha puesto
en jaque con la aparición de la Ley de regulación,
estima Gallardo. “Las prepagas en ningún momento se
negaron a un marco regulatorio”, aclaró. Continuó luego
la comparación con las empresas de seguros: “A una
compañía de seguros ninguna ley le exige que asegure
autos ya chocados y, en cambio, la Ley de medicina
prepaga establece la obligatoriedad de darle cobertura a
personas que llegan al sistema con enfermedades
preexistentes.” El tema, postuló Gallardo, es más de
imagen que de realidad: “Como resulta muy agradable a
los oídos saber que los legisladores se están ocupando
de la salud, ellos tienen que decir que exigen a la
entidades de medicina prepaga que paguen todas las
prestaciones, sin saber de dónde salen los fondos.” Eso,
agregó, pone en riesgo al sistema entero.
Si a este panorama ya complicado se añade la cantidad de
leyes que fueron emitidas por patología, “resulta que se
están diezmando los recursos que tiene la actividad
privada de la salud.” Esto, según el contador, va a
implicar la paulatina desaparición de entidades de menor
tamaño y la pérdida de cobertura para gente mayor que ha
aportado durante muchos años.
Para finalizar, Gallardo coincidió también que revisar
la Ley es prioritario para generar panoramas más
optimistas para el sector. Si estos temas no se revisan,
“va a tener lugar una paulatina pero segura pérdida de
la calidad médica.”
Fuente: Jornada -
La Protección Social del Mañana. “Los desafíos, los
deseos y las Posibilidades” - Universidad Isalud.
|
