Las Obras Sociales de Dirección han quedado atrapadas en un universo con ingresos rígidamente regulados, costos desregulados y demanda de servicios en aumento, producto de diversos factores no siempre racionales o necesarios, situación que a esta altura ha sido abundantemente explicitada a las autoridades por todos los integrantes del sistema.
Los adelantos científicos y el avance tecnológico han dado lugar a una pluralidad de tratamientos y medicamentos para la atención y detección cada vez más precoz de las enfermedades, al mismo tiempo que han aumentado la calidad y expectativa de vida. En todos los casos se trata de progresos que representan una conquista de la modernidad que nadie pone en duda. La controversia se suscita a la hora de definir cómo se afrontan los mayores gastos que provocan estos adelantos y otras variables de orden económico, político y social que impactan directamente en el progresivo aumento del costo médico, siempre por encima del costo de vida, en la Argentina y en cualquier otro país.
Sabemos que para la atención de la salud los recursos son escasos y las necesidades infinitas. Se incorporan nuevas prestaciones mediante el dictado de una vasta normativa, incuestionable desde el punto de vista humano, pero rara vez se establecen los procedimientos o mecanismos necesarios para obtener los recursos con los cuales financiar las nuevas obligaciones.
Es así como recae sobre las obras sociales la responsabilidad de brindar una canasta de servicios cada vez más amplia, incorporar afiliados sin restricción de edad ni enfermedades preexistentes, hacer frente al crecimiento del consumo, al aumento de precios derivado de una inflación que golpea a toda la sociedad y afrontar el alto nivel de litigiosidad que padece el sector.
En contraposición, estas entidades funcionan dentro de un marco regulatorio que limita el valor de los planes de salud y fija actualizaciones siempre inferiores al entendible incremento aplicado por los prestadores.
Este efecto se ha tornado más nocivo desde la promulgación de la Ley 26.682, que insólitamente alcanza a las Obras Sociales de Personal de Dirección, con lo cual les ha generado un doble control por parte de la autoridad de aplicación, nuevos requisitos y hasta la inscripción en dos registros del mismo organismo, el RNOS y el RNEMP, y otras obligaciones que la ley impone y que son de impacto negativo para la masa de afiliados por la desfinanciación que produce.
Este escenario termina por afectar las relaciones entre los sectores que conforman el ámbito de la salud, generando presiones y distorsiones que ponen de manifiesto la necesidad de trabajar en conjunto para encontrar soluciones razonables y garantizar a nuestros afiliados el acceso a una atención adecuada.
Así entonces, atrapados en esta confusión y cada vez más limitados en los recursos, percibimos un año de complejidad creciente y con una proyección difícil de evaluar.
Son muchas las voces en todo el país que están reclamando una solución a esta problemática.
Se impone entonces pensar acciones urgentes de corto y mediano plazo para paliar esta crisis y encontrar respuestas que redunden en beneficio de todos.
Una de las cuestiones fundamentales es la implementación de un sistema que promueva la atención primaria de la salud. También, que se autorice la aplicación de actualizaciones de las cuotas en función de los aumentos de costos que se plantean, que se continúe con la implementación y mejoras de los programas creados para garantizar la financiación de las obligaciones, que se promueva la creación de una agencia de evaluación tecnológica y se atiendan las propuestas tendientes a mejorar la Ley 26.682.


(*) FEDERACIÓN ARGENTINA DE OBRAS SOCIALES DE PERSONAL DE DIRECCIÓN.