Se inicia una nueva etapa política en nuestro país. Y con ella se generan nuevas expectativas.
Se ha designado nuevo Superintendente de Servicios de Salud en la persona del Dr. Luis Scervino, médico cirujano que se desempeñaba en calidad de Director Médico de una obra social, y Vicepresidente del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Persona conocedora y conocida del sector, enfrentará desafíos vinculados a la regulación y al financiamiento del Sistema.
La gestión saliente ha sido muy elogiada por las instituciones en lo vinculado a los aspectos patrimoniales y financieros del sector, especialmente en lo que se refiere a la asignación del Fondo Solidario de Redistribución. En esta nueva etapa, pensamos, se hace necesario reforzar y mejorar esos puntos y avanzar definitivamente en la regulación de los sectores (obras sociales y empresas de medicina prepaga), y para ello nos permitimos generar algunos pensamientos.
La impronta que intentan mostrar las nuevas autoridades nacionales avanza hacia los mecanismos de consenso y concertación. Y en esa línea será prioritario conducir desde el conocimiento y la transparencia del sector. A modo de ejemplo, señalemos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó de publicar los datos de la recaudación de la Seguridad Social (Obras Sociales) en agosto de 2013, y que la población en general no accede a los datos de distribución de los aportes del Fondo Solidario de Redistribución, ya sea en los subsidios (SUMA, SUMARTE y SUMA 70), como en los reintegros del Sistema Único de Reintegros (SUR). Es de desear entonces que los datos sean publicados para el acceso de todos los ciudadanos.
No olvidemos que la Argentina es un país federal, y cada Provincia conserva para sí el establecimiento de su propio sistema de salud ya que no es competencia delegada hacia el Gobierno central (art.121 de la Constitución Nacional). Entonces, las actuales autoridades tienen la misión de unificar criterios prestacionales con el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta además otro desafío a sostener cual es el de trabajar en conjunto con el Ministerio nacional y las provincias. En estos últimos años, la Superintendencia de Servicios de Salud funcionó como un organismo autónomo de las políticas nacionales en materia de salud.
En esa misma línea, se hace imprescindible generar consensos con los restantes poderes. En el caso del Poder Legislativo la necesidad apunta a evitar la legislación por enfermedad o por derecho. En este punto la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ha sido un enunciado del programa de salud expuesto por el ahora Ministro de Salud Dr. Jorge Lemus, que deberá trabajar en conjunto con la SSSalud en lo que hace a las llamadas “patologías tuteladas”, y con ello establecer cuáles serán los criterios médicos o científicos de incorporación de patologías al Programa Médico Obligatorio.
También será necesario avanzar en el terreno judicial. El último artículo publicado de nuestra autoría (“medicina de la ciencia o medicina de la sentencia”) refleja la realidad del sistema: La judicialización de la salud. El valor de la relación usuario – entidad de salud parece estar regida por las decisiones de los Tribunales y ello es algo que merece una valoración política y social más amplia. Los sistemas solidarios no pueden depender de las prioridades contenciosas.
Las leyes que regulan el sector de obras sociales datan de principios de la década del 90. En estos 25 años de trayectoria de las normas muchas cosas han cambiado. Desde la cautividad a la opción de cambio, desde la máquina de escribir a la computación, pasando por el incremento de la población cubierta y los diferentes mecanismos de financiamiento, consideramos que las normas requieren de una actualización acorde a los tiempos que vivimos. Sin aspirar a una modificación de la ley de obras sociales que -como es obvio- requiere otro contexto político y otros tiempos, la Superintendencia deberá avanzar en mecanismos de automatización, sobre todo en lo atinente a la asignación de recursos del Fondo Solidario de Redistribución.
A partir del año 2011 en el que se incorporó la regulación de la medicina prepaga, la estructura organizativa de la SSSalud ha crecido de manera exponencial, pero sin que se haya visto hasta ahora el resultado en materia de rectoría del Sistema. Uno de los datos de mayor relevancia que desconocemos es cuántos usuarios están “cruzados” con las obras sociales, es decir, aquellos que pertenecen a la seguridad social y complementan sus planes de medicina prepaga con aportes y contribuciones.
En ediciones anteriores hemos señalado la necesidad de regular el valor de las cuotas por preexistencias, como así también avanzar en todos los aspectos que no han sido regulados (modelos de contratos, establecimiento de valores mínimos para los prestadores, etc.).
Para poder lograr objetivos ambiciosos en la regulación de la salud se necesita la participación de todos. Participar en el ánimo de generar un sistema que contenga valores y políticas sustentables en el tiempo. Ese es el desafío.