El anuncio por parte del Ministerio de Salud de la próxima creación de una Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, hecho a fines de marzo pasado, no fue una sorpresa: ya lo adelantaba el documento emitido originalmente en 2014 por el Grupo Medeos, en el que participaron activamente diversos referentes del sector que actualmente integran el Gabinete Nacional, incluyendo al propio Ministro y al Superintendente de Servicios de Salud.
Aun así, la ratificación pública por parte de las autoridades de la voluntad de avanzar concretamente en el proyecto generó un fuerte impacto en el ambiente de académicos, financiadores y prestadores de salud. No es para menos. Todos coinciden en la relevancia del problema que plantea la descontrolada incorporación al mercado sanitario de tecnologías terapéuticas y diagnósticas que impactan fuertemente sobre la economía del sector, y por lo tanto de las personas (aunque este aspecto suele ser menos mencionado), y en muchos casos sin firme evidencia de aportes ciertos a la salud y calidad de vida. E inclusive con evidencias que resultan o pueden resultar dañinas.
Salvo para quienes desean operar en el sector de la salud como pescadores en una pecera, contar con una Agencia imparcial, prestigiosa y transparente para regular la incorporación de tecnologías sería un paso adelante muy importante en la dirección acertada, en términos de lograr mejores resultados sanitarios para los argentinos.
Sin embargo, ante tanta expectativa es necesario tener en cuenta algunas cuestiones poco mencionadas, al menos por estos días. Nos referiremos a tres de ellas.
En primer lugar, y curiosamente - siendo herederos del “se acata, pero no se cumple” de las Leyes de Indias- pareciera que una Ley y la constitución formal de la Agencia significarían, de por sí, el inicio de la solución.
Es obvio pero necesario resaltar que el contexto cultural de nuestra institucionalidad incluye la naturalización del flagrante incumplimiento de normativas diversas (inclusive de rango constitucional), la simpatía por la discrecionalidad más que por las reglas, la excepcionalidad como herramienta, el cortoplacismo, la permeabilidad de lo público frente a lo privado, y la politización de las decisiones técnicas.
Todos riesgos mortales para una Agencia que, aquí y en cualquier lugar del mundo, es previsible se verá atravesada por múltiples conflictos de interés. Conflictos multimillonarios, por cierto.
En nuestra Argentina, éste no es un riesgo menor.
En definitiva, no será el texto de la Ley el que defina la “forma” ni el “funcionamiento” de la Agencia, sino el contexto político e institucional en el que se desarrolle, y la calidad de las discusiones y los acuerdos previos que sienten las bases de un proceso de maduración de las cualidades de sus dictámenes y el peso de los mismos, es decir: la calidad y el prestigio de sus miembros, investigadores y directivos. Y ese proceso no será breve.
En este sentido, la responsabilidad de las autoridades de Gobierno va mucho más allá de la formulación de un proyecto, y se extiende a la generación amplia y paciente de las mejores condiciones políticas para dar sustentabilidad a un proceso político institucional de largo aliento.
En segundo lugar, no hay duda que la racionalidad en las coberturas prestacionales implica consecuencias económicas directas: reducir el gasto en intervenciones poco o nada efectivas, o incluso lesivas es, en sí, un objetivo deseable frente a la presión de los costos crecientes, y las dificultades para el financiamiento que amenazan a las personas y a los prestadores.
Sin embargo, es imprescindible considerar la evaluación de las tecnologías desde la perspectiva de los resultados en salud, es decir: las necesidades de los usuarios, y no tanto las necesidades económicas de los financiadores. Ambos enfoques pueden resultar parecidos, pero son diferentes.
Si la evaluación de tecnología se considera una herramienta de regulación del mercado (por la vía del gasto) los resultados serán necesariamente diferentes a los de considerarla como un recurso útil para mejorar la calidad de la atención, los resultados en términos sanitarios y un aporte a la equidad, en el marco de un sistema cada vez más inequitativo.
Finalmente, la Agencia deberá ser un aporte trascendente a la reforma del sistema de salud argentino, pero, en el mejor de los casos, será insuficiente para otorgar al mismo una racionalidad sistémica, un modelo, unas reglas de juego hoy inexistentes, que apunten en la dirección de mayor justicia y menor sufrimiento, que son los objetivos de un sistema de Salud. En este sentido, la autoridad sanitaria (nacional y jurisdiccional) tiene la responsabilidad de equilibrar los intereses y urgencias sectoriales frente a las necesidades del conjunto social.
De tal modo, no debe ser la Agencia un fin en sí mismo sino un eslabón más de un proceso abarcativo, complejo, integrador, en cuyo marco el concepto de cobertura universal, por ejemplo, no sea sinónimo de un padrón de pobres a cargo del Estado.

(*) Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas.