El Ministerio de Salud anunció un plan de Cobertura Universal de Salud, es un hecho auspicioso lograr colocar el área de salud dentro de la agenda política, sin embargo, no podemos ignorar que surgió como resultado de un arreglo de la deuda del estado con la Seguridad Social arrastrada desde el gobierno anterior y que ascendía a 30.000 millones de pesos.
El decreto 908/16 que establece un régimen excepcional de distribución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución de la Seguridad Social y donde esta mencionada la cobertura universal resulta insuficiente para definir una política sustancial. Todavía no hemos encontrado claridad en los objetivos, población beneficiaria e instrumentos para ponerlo en marcha.
Es necesario avanzar desde el punto de vista conceptual e instrumental. Una declaración de cobertura universal sin aclaraciones sobre el plan de beneficios y el nivel de calidad genera interrogantes acerca de que se termine dando origen a un modelo de cobertura para pobres, con estándares y criterios de calidad inexistentes. Aceptando que el pluralismo y la diversidad del sistema de salud argentino es tan fuerte y arraigado como para seguir idealizando la estrategia de un sistema único de salud no quiere decir que debamos construir subsistemas con doble estándar en cobertura y calidad.
En este sentido el proyecto de ley enviado al Congreso para crear la Agencia Nacional de Evaluación de tecnologías de salud (AGNET) en su artículo 5 donde se establecen las facultades en su inciso c) dice proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las tecnologías incluidas en el PMO, la canasta básica de prestaciones que se determina para el sector público o los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación pertinente. Significa esto la existencia de dos planes de beneficios según el nivel de ingresos rompiendo con un principio de universalidad y de calidad para todos.
Por otra parte, el financiamiento de salud para los sectores más desprotegidos de la población (15 millones de personas que no tienen cobertura formal) sigue siendo insuficiente y los 8.000 millones de pesos a distribuir entre los servicios públicos de salud del sector por única vez no parecen ser la solución al mismo. Se requiere una financiación sostenible y solvente en el mediano y largo plazo atada a los compromisos de gestión que implican responsabilidades conjuntas.
La propuesta parece desconocer también el componente federal que atraviesa el sistema de salud y la responsabilidad que tienen las provincias en la red pública de servicios (centros de salud y hospitales). Para alcanzar una cobertura universal con equidad es fundamental y decisivo que la red pública de salud alcance una capacidad resolutiva para que su oferta en servicios resulte suficiente y oportuna. Los avances en la construcción de redes, pero también en una mayor autonomía y autarquía de los hospitales en el modelo de gestión sostenido por modalidades de pagos e incentivos a directores, profesionales y resto del personal.
Los ministros de salud participantes del Consejo Federal de Salud deberían tener una participación mayor en el marco de la asignación de recursos y de proyectos que se lleven a cabo con el financiamiento destinado a la cobertura que está bajo la responsabilidad primaria de las provincias.
Finalmente, el tema recursos humanos debería estar presente de manera más clara dado que constituyen un cuello de botella fundamental al momento de asegurar acceso y calidad de servicios para todos.
El presidente Macri manifestó algo que creo muy relevante al momento de presentar el acuerdo y el proyecto: Estas cuatro herramientas que estamos comprometiendo son un paso adelante enorme. Por supuesto el papel resiste cualquier cosa, ahora hay que hacerlo y hacerlo bien. Lleva años de trabajo, pagar las deudas es fácil, rápido, hacemos un cheque y vamos a pagar y cumplir con lo prometido, pero todo lo demás va a requerir trabajo, compromiso, generosidad, que son todos temas que se necesitan en todos los órdenes de la vida.