Cuando un gobierno define y sostiene políticas básicamente reasigna recursos. La priorización de los objetivos de las políticas supone un acuerdo social sobre la necesidad o conveniencia de que algunos resignen más para que otros reciban más, consecuencia ineludible del hecho que nunca habrá recursos suficientes para que todos tengan todo.
En democracia ese acuerdo social se supone asegurado por la legitimidad del origen y el accionar del Ejecutivo, y la representatividad del Legislativo.
De manera que ninguna intervención estatal es neutra en términos económicos ni ideológicos.
El eufemístico bien común constituye una categoría inasible y variable, pero de uso habitual desde fines del siglo XVIII para justificar el rol redistributivo del Estado. En el discurso político se apela constantemente a la idea de justicia y del bien, pero, dado que en las democracias modernas no se cuenta con la participación activa de los ciudadanos sino a través de complejos procesos de delegación más o menos formal, los difusos límites de la noción de justicia o del bien común, en el plano de sus consecuencias prácticas, depende sustancialmente de las capacidades de influencia sobre el aparato político de diversos grupos de interés.
De allí la enorme relevancia del control social sobre el aparato estatal, la independencia de poderes, la transparencia en la gestión del conjunto del Estado, el rigor de la justicia, la libre expresión de las ideas, y la existencia de sanción social (además de penal) para quienes se apartan de las reglas.
La economía política ayuda a comprender las decisiones públicas en función de quienes son los que se benefician y quienes los que ceden.
Lo que hasta ahora conocemos de la política de Cobertura Universal de Salud (CUS) es que ha puesto en evidencia el carácter meramente declamatorio de buena parte del discurso sanitario argentino de las últimas décadas: no hay, a la fecha, verdadera cobertura universal. Aunque llevamos décadas declamando cobertura y gratuidad para todos, no hemos asegurado el acceso.
También que ha traído a la agenda política –y los medios- la cuestión del sistema de salud. Y eso es bueno.
Sin embargo, hasta el día de hoy quedan pendientes de explicación cuestiones sustanciales de la implementación de esta política, y de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías (AGNET). Y, como se suele decir: el diablo está en los detalles.
El Decreto 908/2016 define el financiamiento de la estrategia de CUS (cuyas finalidades se enumeran en nueve renglones de un Anexo), con ocho mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), por única vez. Curiosamente ese fideicomiso, cuyos principales efectores se encuentran bajo las jurisdicciones provinciales y municipales del Estado, será administrado por una Unidad Ejecutora integrada en partes iguales por el Ministerio, la Superintendencia y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Pero lo sustantivo de esa norma resulta ser el reconocimiento de la deuda del Estado con las Obras Sociales - un dilatado reclamo de los Sindicatos- que recibirán asistencia de un fondo especial de cuatro mil quinientos millones, y bonos por casi catorce mil trescientos millones (y sus intereses).
En resumen: la piedra angular de la propuesta parece ser la recuperación de esas acreencias por la Seguridad Social, mientras que los aspectos conceptuales de fondo e instrumentales de la política pública aparecen, en principio, postergados a la reglamentación o las decisiones de una administración centralizada.
No es menos llamativo que por el lado de la AGNET, el Ejecutivo propone la creación de un Consejo Asesor con participación de los propios regulados: los productores de tecnología, y un Consejo de Evaluación, con potestad para objetar al Consejo Asesor, con la participación de los financiadores de la salud del sector privado.
El contexto político –la necesidad de la búsqueda de acuerdos entre factores de poder- parece jugar, una vez más, un papel determinante a la hora de definir el rumbo de nuestra política sanitaria.

(*) Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas.