Según los números que publica el Ministerio de Salud de la Nación existen en la Argentina unos 1.500 establecimientos asistenciales con internación, y otros 8.700 sin internación, de dependencia nacional, provincial o municipal. Todos ellos constituyen la famosa “trinchera” del subsector público, a la que tantas veces se apela en el discurso político y gremial.
Una trinchera, claro está, heterogénea. Unas instituciones sacralizadas o demonizadas con igual pasión de acuerdo con las necesidades políticas de los distintos momentos de nuestra historia, objeto por igual de esperanzas y mentiras. Territorio de abnegación y transfuguismo. De vocación, mística y la más miserable hipocresía: la de medrar con el sufrimiento de los que menos tienen.
Recientemente la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires explicó descarnadamente la situación de los hospitales de su jurisdicción. No es posible creer que se llega a tal estado de cosas simplemente por errores o desidia.
Claro que la Ministra Ortiz puede hacerlo porque nada la relaciona con gestiones de gobierno anteriores. Otros responsables de salud provinciales y municipales no gozan de esa posibilidad. Y lo que es peor, algunos ni siquiera tienen acceso a la información básica sobre el estado actual de la oferta de servicios en su jurisdicción.
En su heterogeneidad, sin embargo, algunos rasgos centrales son característicos del rótulo “subsector público” además, claro está, de la propiedad y el financiamiento.
En primer lugar, obsoletas modalidades de organización y gestión, que convierten al estatal en el pilar menos adaptable, y por lo tanto menos efectivo y eficiente a la hora de responder al cambiante panorama sanitario del siglo XXI. Hemos señalado ya alguna vez lo poco que han cambiado conceptual y funcionalmente nuestros hospitales en dos siglos.
En segundo lugar, la clara evidencia de que, al igual que la mayor parte del aparato estatal, las instituciones públicas se han centrado más en el interés y la conveniencia de los sectores corporativos que acceden a su conducción (léase: el interés político, económico o ambos de las administraciones, partidos, sindicatos, corporaciones, proveedores) que las necesidades e intereses de los usuarios, que son los que pagan. Y a los que, dicho sea de paso, ahora reconocemos abiertamente como “población sin cobertura” después de años de declamación de cobertura “universal”.
El mito de la gratuidad de la atención en los establecimientos estatales – porque nada es gratuito y mucho menos para los que menos tienen, gracias a un sistema fiscal marcadamente regresivo -junto con la noción largamente abonada a través de los años de que los gobernantes conceden beneficios que deben agradecerse con el voto- cuando en realidad sólo cumplen con sus funciones, sumada al descarado desarrollo del clientelismo han desdibujado el papel del ciudadano frente al Estado. Su capacidad de reclamo por sobre el interés corporativo. Y su dignidad.
Finalmente, la desarticulación dentro del subsistema es proverbial. Unas instituciones donde la fractura entre el poder real, el formal, y los liderazgos es tan marcada, y cuya razón de ser se ha centrado a lo largo de los años en el sostenimiento de esas pujas y no en su misión social, articulan escasamente no sólo entre sí, sino inclusive al interior de las propias organizaciones.
La promesa del programa de Cobertura Universal de Salud lanzado por el Ministerio Nacional es que ocho mil millones de pesos serán destinados a cuestiones sustantivas del mejoramiento de la red estatal. Todavía no conocemos el plan que fundamente esa cifra, ni los aspectos operativos de esta transferencia de recursos, ni está clara tampoco la participación que las jurisdicciones tendrán en la asignación de esos fondos - que serán manejados por una Unidad Ejecutora integrada por el Ministerio, la Superintendencia de Servicios de Salud y la CGT- más allá, aparentemente, de la formulación de proyectos.
Esta última cuestión no es menor. Pertenecen a la órbita nacional sólo el 0,66% de los establecimientos con internación, y el 1,54 de los que no tienen internación en todo el país.
Hay varias definiciones de fondo, entonces, todavía pendientes.
Mientras tanto, en los hospitales conviven la maravilla y el espanto. En proporciones desiguales.

(*) Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas.