Para los observadores del tema Salud, el año termina con varias cuestiones que, hasta el momento, plantean interrogantes y preanuncian, al menos en algunos casos, fuertes tensiones en el ambiente de la política sectorial.
La crisis en el interior del Ministerio de Salud le agregó incertidumbre al curso de algunas líneas de política cuyo futuro, más allá del discurso, podría estar en cuestión.
Crisis que parece ser resultado de indisimuladas tensiones entre funcionarios de alto nivel que se conocían desde el inicio de la gestión y que repercutieron sobre el funcionamiento de Programas muy sensibles.
El cuestionamiento público de algunas entidades y personas que expresaron legítima preocupación sobre las consecuencias sanitarias de la situación, y un equipo de funcionarios variopinto y poco homogéneo en origen político, experiencia y capacidad que resultó ser un blanco rentable, además, para la crítica opositora en los umbrales de un año electoral, detonaron la crisis que puso en cuestión la continuidad del Ministro.
La epidemiología de este verano, seguramente terminará de definir el costo político a pagar por la gestión.
En cualquier caso, y con algunos cambios de funcionarios ya realizados y otros todavía pendientes, entramos en el final de año con un trámite trabado en el ámbito parlamentario para el proyecto de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. A esta altura el proyecto del Ejecutivo es claramente inviable, y tampoco existe consenso en la Comisión respectiva del Senado, que emitió dos dictámenes.
Tres cuestiones particularmente sensibles alejan a las diferentes propuestas: la integración de la Agencia, incluyendo su conducción y órganos asesores, los requisitos de idoneidad y conflicto de interés de todos sus integrantes, y la cuestión de la canasta de prestaciones para el ámbito público.
En el primer caso, es evidente la desconfianza de “la política” sobre “lo técnico”. Además de las necesidades coyunturales de la política partidaria, y cierta confusión en cuanto a los alcances reales del accionar de una agencia de este tipo.
En el segundo caso la cuestión es más compleja. El proyecto oficial directamente no lo mencionaba. Y será, en caso de prosperar la agencia, una cuestión muy observada.
Finalmente, el explícito blanqueo de dos programas prestacionales, uno para la seguridad social y prepagas y otro para el subsector público expresado en el proyecto oficial ha puesto en pie de guerra tanto a quienes toleraron esta situación durante muchos años pero ahora le atribuyen malignas intenciones al oficialismo, como quienes sinceramente creen que una política gubernamental, lejos de consolidar una situación de evidente inequidad, debería orientarse a eliminar la misma.
Tanto más cuando el Poder Ejecutivo ha sancionado el decreto 908/2016, de Cobertura Universal de Salud.
Y este es otro tema que requerirá definiciones concretas en el inicio de 2017. Hemos señalado ya los interrogantes que plantea la asignación de ocho mil millones de pesos destinados a financiar un escueto pero ambicioso programa de nueve líneas en el decreto. Así como la ausencia de las jurisdicciones en la Unidad Ejecutora a cargo, donde llamativamente sí se integra la CGT.
El “territorio” está fuera de la jurisdicción nacional. Pero en principio el Ministerio no ha incluido a sus autoridades en las decisiones sobre la ejecución del programa.
Es inevitable preguntarse cuánto de la dinámica y habitualmente inestable –cuando se trata de gobiernos no peronistas- relación entre CGT y Gobierno afectará el futuro de la CUS, y de qué modo.
Al igual que la anunciada creación de la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP), promovida desde sectores cercanos al Papa y con el visto bueno de la dirigencia sindical. La OSTEP podría llegar a ser la segunda en tamaño y, en los hechos, constituir por sí misma una especie de seguro público de salud, all’ uso nostro. Una alternativa que parece no haber estado prevista en la planificación del CUS.
En materia de desencuentros, resultó llamativa también la contramarcha impuesta por la Secretaria de Comercio al aumento de las cuotas de la medicina prepaga aparentemente acordada con la Superintendencia de Salud. ¿Será éste un fenómeno aislado, o un hecho vinculado con la debilidad de la gestión Ministerial? Hasta ahora todo parecía andar sobre ruedas en la relación Ministerio, Superintendencia y Prepagas.
En el mismo gobierno, pero con una gestión enfocada al reordenamiento de una estructura anarquizada y poco transparente, el Pami encara la negociación de precios con la industria farmacéutica: se trata nada menos que del 40% del gasto total en medicamentos de la argentina. Quizá sea una batalla sorda. Pero será batalla al fin.
No es difícil imaginar esta cuestión en la Agenda Presidencial. Y que no debiera estar al margen de la formulación y ejecución de una política de desarrollo (y acceso) universal a la salud.
En el próximo año es previsible que la búsqueda de acuerdos políticos sea más dificultosa. Y que sea, efectivamente, la política la que defina una vez más el rumbo de las decisiones sanitarias.
Y la política es un juego con ganadores y perdedores.

(*) Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas.