Casi en paralelo con el lanzamiento de la estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS) se produjo otro anuncio relevante para comprender el formato que el Gobierno Nacional parece imaginar para el Sector Salud.
Como ya hemos comentado, curiosamente la CUS se explicitó formalmente a través del decreto 908/2016, en el que se estableció la devolución al sistema de las Obras Sociales de $ 26.767.913.875,96.- del Fondo Solidario de Redistribución que no fueron oportunamente asignados al sistema, y por cuya restitución -como era previsible- la CGT presionó fuertemente en oportunidad del cambio de Gobierno.
En ese marco, se asignaron $ 8.000.000.000.- de tales fondos a financiar la estrategia de CUS, bajo el formato de un fideicomiso de administración, y poniendo a cargo de la administración de esos recursos a un sexteto de funcionarios: dos por el Ministerio Nacional, dos por la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.Salud), y dos por la CGT.
La tarea central de esta Unidad Ejecutora será definir los proyectos a financiar con este fondo, de acuerdo a un breve listado de objetivos propuestos.
Recientemente la Superintendencia aprobó el modelo de contrato para la constitución del fideicomiso.
El Ministerio ha avanzado en la firma de convenios de adhesión al CUS con varias jurisdicciones nacionales.
Queda pendiente, a nuestro juicio, definir más específicamente las reglas de decisión para la selección de los proyectos a financiar, así como los detalles de la prometida reestructuración de los programas de provisión de medicamentos (ex Remediar, ex CUS Medicamentos).
Y aunque no se ha planteado explícitamente, también la definición de un programa de inversión en infraestructura en el subsector - cuestión central para el desarrollo de la estrategia propuesta, considerando que a los fines de asegurar el acceso con equidad a los servicios resulta indispensable garantizar al menos un nivel mínimo de calidad de los mismos en todo el territorio nacional- inclusive con más urgencia que la confección del Padrón de beneficiarios.
Por otra parte, el Gobierno anunció, a través de la Superintendencia, la creación de la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP).
El impacto posible de su creación en el sector no puede minimizarse: se ha estimado la posibilidad de que se incorporen finalmente a la misma hasta dos millones de beneficiarios.
El proyecto es impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), bajo el liderazgo de Emilio Pérsico y Juan Grabois, que ya cuenta con experiencia en la gestión de servicios de salud a través de la Asociación Mutual Senderos.
Desde el punto de vista del financiamiento, la propia organización distingue dentro del denominado salario social, el salario directo, el indirecto y las asignaciones de la seguridad social.
La estrategia política de las organizaciones sociales que impulsan la nueva Obra Social es entendible. Entre nosotros las Obras Sociales son herramientas de consolidación del poder institucional que las sostiene: tradicionalmente los sindicatos, y en este caso las llamadas organizaciones sociales que aglutinan a trabajadores más o menos informales, mayoritariamente subsidiados por el Estado (salario indirecto).
Observando ya el “fondo” político en el que estos anuncios se producen, existe una novedosa armonía entre la CGT (representante, en definitiva, de los trabajadores de la economía formal) y el proyecto de la CTEP.
La relación de fuerzas entre las organizaciones sindicales (alineadas mayoritariamente en la oposición a la gestión de Cambiemos), el gobierno (necesitado de obtener control del conflicto social y ganar las elecciones de este año) y estas organizaciones que han ido ganando poder político y representatividad en la medida que las políticas económicas y sociales no han logrado reincorporar a gran cantidad de personas al mercado de trabajo formal -y que cuentan con acceso fluido a los despachos en el Vaticano-, determinan, nuevamente, la morfología del sector.
Un dato relevante, a la luz del recalentamiento de la relación entre la CGT y el Gobierno es el protagonismo recientemente otorgado al Ministro de Trabajo en materia del manejo de los fondos a transferir a la Obras Sociales, según se dijo, aun por encima del Ministro de Salud y el Superintendente de Servicios de Salud.
Una vez más, el sistema de salud argentino se configura al calor de la puja del poder político. Y cada vez un poco más fragmentado

(*) Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas.