Tradicionalmente los organismos internacionales - OMS, OPS, UNICEF- y, en particular, los profesionales dedicados al campo de la Salud, hemos hecho hincapié en los determinantes sociales de salud y enfermedad, como parte del fundamento general de la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS), para adecuar la gestión de los servicios a la situación sociodemográfica de los países. Desde este punto de vista, las decisiones macroeconómicas no están primordialmente implicadas en la gestión de la atención médica. Sin embargo, los factores macroeconómicos estuvieron íntimamente vinculados el desempeño de los sistemas de salud, desde el Siglo XIX. Naturalmente, no sólo es un campo que excede los contenidos de nuestra formación básica, como para citar solo fuentes científicas, también suelen ser útiles ciertos comentarios económicos de carácter periodístico, para contar con lenguajes más accesibles.
Llama la atención que en algunas situaciones del mercado los argentinos acuden a países como Bolivia, Chile, Brasil y EE.UU., para comprar ciertos productos industriales complejos (electrodomésticos, ropa, dispositivos de uso médico e incluso medicamentos), mientras que los prestadores asistenciales de esos países perciben proporcionalmente más que en la Argentina. Esa diferencia determina que, para adquirir servicios sanitarios y educativos, a bolivianos, brasileños, peruanos y ecuatorianos les conviene hacerlo en nuestro país, mientras que en otros productos ocurre a la inversa. Arriazu (1) señala que el primer factor de análisis es el costo de los bienes y servicios en dólares (US$), diferenciando su valor medido por el poder de compra de los dólares y el valor de mercado de la divisa corriente en cada país. Atribuye este fenómeno a que nuestro país tiene fuerte distorsiones en los precios relativos, debido a costos laborales, infraestructura, incentivos y carga tributaria. Según el poder de compra, si en EE.UU. la canasta de bienes y servicios que componen el PBI (según FMI) vale 1, en Argentina es 0,459. En base a esta comparación hay países caros y baratos.
Para comparar en términos “macro”, las organizaciones sanitarias de Chile y Argentina son emblemáticas. El modelo original chileno es el de Servicio Nacional de Salud, similar al National Health Service (NHS) británico, en un país de estructura unitaria, financiado por un Fondo Nacional de Salud (FoNaSa). Desde 1980, se incorporaron entidades de cobertura privada (ISaPre’s, Instituciones de Salud Previsional), pero sus afiliados debieron mantener una contribución parcial al FoNaSa, lo que permitió sostener la viabilidad de ambos subsistemas, aunque el privado cubre menos del 20% de la población. Para determinar el paquete de servicios cubiertos, establecieron el GES (Garantías Explícitas de Salud), definiendo necesidades prioritarias de protección y porcentajes de cobertura, es decir, desde el polo de la demanda potencial. El Sistema de Salud argentino, en cambio, es pluralista (público, seguridad social y privado) en una estructura federal, donde las provincias tienen autonomía decisoria en materia de Salud. Las contribuciones al sistema son obligatorias para los trabajadores formales, en forma similar a la Seguridad Social (SeS) alemana, y la prestación de servicios es administrada por entidades de origen sindical o provincial (OS’s, Obras Sociales). Pero a diferencia de Alemania, la titularidad de la recaudación corresponde a cada entidad. Para definir los servicios cubiertos, se partió de la oferta de cada especialidad. En el momento actual, como la sustentabilidad del sistema está comprometida -más de la mitad de las OS’s no alcanzan a financiar el costo de los servicios básicos-, los usuarios procuran adherir a coberturas privadas (EMP’s, Empresas de Medicina Prepaga) adicionales.
Entre las causas actuales podemos citar costos relativos distorsionados, un alto grado de corrupción operativa, fragmentación institucional con limitada capacidad de regulación y un gran porcentaje de empleo informal. Pero en la génesis del diseño de nuestras coberturas, se pueden señalar factores “macroeconómicos”. En la década del 60, dos grandes instituciones gremiales de la Provincia de Buenos Aires, FeMeBA y FeCliBA, establecieron listados de prestaciones médicas y sanatoriales, con el fin de ordenar las condiciones contractuales de los prestadores con las OS’s, consultando a sociedades científicas y entidades especializadas -respectivamente fueron publicadas como el “Libro Verde”, para los médicos, y el “Libro Rosa” para los sanatorios. (2) Una década más tarde (1977), se incorporaron aquellos digestos al Nomenclador Nacional (NN), que, con sucesivas e innumerables modificaciones para adecuarlo a la inflación, subsistió hasta mediados de la década del 90. En ese entonces, a efectos de cumplir compromisos con el FMI e instrumentar la denominada “desregulación de OS’s”, se utilizó la base proporcionada por el NN, para diseñar el Programa Médico Obligatorio (PMO), agregando nominalmente el concepto de APS. La crisis económico-institucional de 2002 -donde más del 50% de la población se sumergió bajo la línea de pobreza-, determinó un PMO de Emergencia. Lo demás son múltiples historias más recientes, que seguramente están en la memoria de los lectores, pero a lo largo de esa línea de tiempo, persistió un rasgo macroeconómico histórico: las prestaciones que integran la cobertura de nuestra SeS, parten conceptualmente del polo de la oferta, predominando un enfoque reparador antes que preventivo, y una mayor valoración de las prestaciones de alta complejidad tecnológica.
A los aspectos funcionales analizados, que están dentro del alcance de las políticas gubernamentales, deben agregarse factores demográficos y sociales, que escapan a las facultades inmediatas de las autoridades. Campanario menciona un estudio de CIPPEC que señala que en Argentina y Uruguay la tasa de natalidad se ha reducido a niveles de 1.4 y 1.5, mientras que se requiere 2.1 por pareja para mantener estable la población a largo plazo. (3) Por su parte, Liotti comenta que el PAMI -impulsado por las repetidas moratorias del período 2003-2015- alcanzó unos 5,4 millones de beneficiarios, incluyendo 1,1 millones mayores de 80 años y 5.323 de más de 100 años. (4) Estos mínimos ejemplos, permiten suponer que la pirámide demográfica se está acercando aceleradamente a un formato rectangular. Las tendencias señaladas sugieren la necesidad de replantear los paquetes de beneficios tradicionales, contemplando apoyos sociales que nuestras coberturas no prevén. Además de la reducción de hijos por cada pareja, los embarazos suelen ser buscados después de los 30 años, dado que ambos cónyuges tienen ocupaciones competitivas. Las coberturas en general no proveen apoyo doméstico para el hogar, asistencia para la lactancia materna y niñeras, como en Inglaterra y Alemania. Tampoco hay prestadores suficientes para rehabilitación cognitiva, acompañantes para personas de autonomía limitada, actividades de esparcimiento para adultos mayores y asistencia domiciliaria para mayores sin convivientes.
El sistema -en forma global- parece esmerarse en proveer medicamentos de alto costo, nuevos procedimientos robotizados de menor invasividad, operaciones de alto riesgo en pacientes complicados y otros avances tecnológicos. Pero sin prescindir de esos adelantos, cabe destacar que no forman parte de las prioridades prestacionales, acciones sencillas tendientes a proteger la calidad de vida de los usuarios, en los momentos críticos en que las necesitan.

Bibliografía:
1) Arriazu R.: Argentina necesita una “hormona” de competitividad y crecimiento. Clarín, 21-diciembre-2025: 39.
2) Reale A., Laspiur J., O’Donnell J.: El Nomenclador Nacional; sus antecedentes y características en el sistema arancelado. Medicina y Sociedad, Vol. 1, N° 1, Buenos Aires, 1978: 29-34.
3) Campanario S.: La economía de la baja natalidad, una disrupción de la que se habla menos que la IA. La Nación-Economía, 28-diciembre-2025: 12.
4) Liotti J.: La mutación más profunda y silenciosa. La Nación, 18-enero-2026: 34.