El Gobierno ha impulsado recientemente una nueva reglamentación que obliga a registrar los casos de insuficiencia renal y cáncer, incorporándolos al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Como cualquier medida que apunta a un mayor registro y prevención es sumamente positiva, y desde luego, se trata de enfermedades claves de la sanidad. Pero al mismo tiempo, si no es acompañado de las herramientas logísticas, profesionales y administrativas, la iniciativa quedará a mitad de camino, desperdiciando su potencial.
En más de una ocasión hemos advertido lo falaz de gestionar la salud con normativas que no se traducen en procedimientos concretos, como si se tratara de sacar una ley por cada enfermedad. Desde luego que la gestión sanitaria debe contar con un marco jurídico claro, pero su centralidad pasa por el ejercicio profesional sostenido sobre estructuras físicas (edilicias, instrumentales, insumos) y organizativas (articulación entre efectores, comunicación intrainstitucional, coordinación en red, y un largo etcétera) adecuadas y actualizadas. Ello requiere, además, capacidades de planificación estratégica, gobernanza institucional, monitoreo evaluatorio y conducción operativa que permitan integrar recursos, anticipar escenarios, ordenar prioridades y garantizar respuestas eficientes en contextos de creciente complejidad sanitaria.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) muestra un aumento sostenido a nivel mundial, lo que llevó a la OMS a considerarla una prioridad de salud pública. Actualmente es la novena causa de muerte y se proyecta que podría ubicarse entre las cinco primeras hacia 2040. En Argentina, se estima que 1 de cada 8 adultos presenta algún grado de ERC, afectando a cerca de cinco millones de personas. Su evolución silenciosa genera un elevado subdiagnóstico, ya que muchos pacientes desconocen la enfermedad hasta etapas avanzadas.
Dado que el daño renal inicial suele ser silencioso, la enfermedad debe buscarse activamente mediante estudios simples de sangre y orina, lo cual no es difícil, pero necesita iniciativa y constancia médica. La detección se basa en la Tasa de Filtración Glomerular estimada, calculada a partir de la creatinina en sangre, y en el Cociente Albúmina-Creatinina urinario, que permite identificar daño renal precoz. Estos estudios deberían darse con periodicidad en todas las personas a partir de los 50 años, y obviamente antes si existen otros factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedad cardio- vascular. Tornándose prioritario, además, frente al persistente aumento del envejecimiento poblacional.
Desde los aportes fundacionales del francés Jean Hamburger, quien realizó en 1952 uno de los primeros trasplantes renales exitosos, y de su discípulo Gabriel Richet, pionero en diálisis, insuficiencia renal aguda y fisiología tubular, la nefrología moderna desarrolló las herramientas que transformarían el tratamiento de la enfermedad renal. En Argentina, ese impulso tuvo una rápida recepción: en 1955 Alfonso Ruiz Guiñazú realizó las primeras hemodiálisis con un riñón artificial construido en el país, y en 1968 comenzó la hemodiálisis crónica en el CEMIC, a cargo de Félix Etchegoyen, Luis Jost y Mario Turin.
La consolidación de la especialidad estuvo estrechamente ligada a la visita de Hamburger en 1960 y al curso que dictó en Buenos Aires, considerado un hito para la institucionalización de la nefrología argentina. En ese contexto sobresalieron Víctor R. Miatello y su grupo, junto con Oscar Morelli y Luis Moledo, quienes impulsaron la investigación clínica, la biopsia renal, la diálisis y la formación especializada, además de publicar uno de los primeros tratados argentinos en la materia. Ese mismo año se fundó la Sociedad Argentina de Nefrología, coincidiendo con el surgimiento de la nefrología moderna como especialidad a nivel mundial.
Hoy, frente a la profunda extranjerización industrial, la diálisis acentúa la dependencia externa, al depender de tecnologías e insumos importados que, además de encarecer los costos, profundizan una dependencia tanto material como cultural. Ya en 2007, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, en el Registro Argentino de Pacientes en Diálisis Crónica se contaban 25.000 personas; hoy ascienden a casi 40.000. El Registro de Centros de Diálisis indicaba entonces 471 unidades, de las cuales 394 eran privadas, entre multinacionales y pymes médicas.
Si nos concentramos en la parte privada vinculada al capital multinacional, vemos que estas empresas operan centros y producen insumos, integrando verticalmente el negocio y vendiendo a precios internacionales. El paciente queda así reducido a “cliente cautivo”. La lógica de funcionamiento concentra servicios en zonas densamente pobladas, favorece circuitos intraempresa y puede derivar en dinámicas cuasi monopólicas, con un volumen económico significativo.
Entre los insumos importados para diálisis figuran monitores, bombas de agua, agujas de fístula, bicarbonato, cloruro de sodio, resinas de intercambio iónico y filtros, entre otros. Lo producido localmente (jeringas, vacunas antihepatitis B, hierro, gasas) representa la franja de menor costo. Se evidencia así la de- pendencia tecnológica externa. En este punto se expresa con claridad la tensión entre una economía del conocimiento subordinada a la mercantilización y la ausencia de autonomía productiva, que sólo puede revertirse con industrias locales capaces de generar empleo, conocimiento y bienes accesibles.
Frente a esta encrucijada, el financiamiento aparece en el centro de la escena, aunque muchas veces subordinado a un “sistema de enfermedad”, más que a un sistema integrado de salud. En este último, el eje debería estar en criterios médicos de prevención y diagnóstico temprano que eviten la llegada a la diálisis. La clave es eludir el tobogán de la dependencia permanente del “afuera”, fortaleciendo la prevención como política sanitaria central.
La detección precoz y el tratamiento de protección renal son las medidas más apropiadas para la enfermedad renal crónica (ERC). Ello implica orientar recursos hacia pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, periféricas, cerebrovasculares, prostáticas, lupus y vasculitis, mediante profesionales capacitados y métodos simples y de bajo costo, basados fundamentalmente en estudios básicos de sangre y orina, de amplia accesibilidad y alto rendimiento sanitario.
Para eso es necesario centralizar esa información en un Centro Documental Dinámico con gestión de datos. A ello se suman la educación sanitaria, los cambios de hábitos, el control glucémico y el abandono del tabaco. Incluso, si bien el foco debe estar en la prevención, se observa también un retroceso en la visión de desarrollo del país que había en los años 60, cuando se construían riñones artificiales localmente en sintonía con la ciencia global.
Llevar adelante estas políticas evitaría el incremento de los costos del tratamiento dialítico en un esquema donde gran parte de las piezas provienen del exterior y se pagan a precio dólar. Ante hospitales públicos fragmentados y un sector privado heterogéneo entre pymes y multinacionales, resulta necesario revertir la dependencia tecnológica mediante coordinación, regulación y estrategia.
En este sentido, el Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), creado en 2023, ha desarrollado Consultorios de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (CERCA) en distintos centros del país, constituyendo nodos relevantes a potenciar.
El laberinto del campo sanitario argentino debe articularse con el Estado como garante y orientador de recursos, para evitar inversiones antieconómicas guiadas por lógicas competitivas de mercado no regulado. Este panorama muestra, una vez más, que no habrá destino nacional sin un esfuerzo estratégico sostenido, abandonando la recepción pasiva de tecnología que hoy profundiza la deuda externa y social. Si un país no tiene libertad de maniobra ni capacidad innovativa, por más bellas palabras que pronunciemos, siempre estaremos limitados en nuestro desarrollo.

(*) Doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director Académico de la Maestría de Salud Pública y Seguridad Social de la Universidad del Aconcagua - Mendoza; Director de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Concepción del Uruguay – UCU. Coautor junto al Dr. Vicente Mazzáfero de “Por una reconfiguración sanitaria pos-pandémica: epidemiología y gobernanza” (2020). Autor de “Una vida plena para los adultos mayores” (2024); “La Salud que no tenemos” (2019); “Argentina Hospital, el rostro oscuro de la salud” (2004-2018); “Claves jurídicas y asistenciales para la conformación de un Sistema Federal Integrado de Salud” (2012); “En búsqueda de la salud perdida” (2009); “La Fórmula Sanitaria” (2003).