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Columna  

¿QUEDARÁ EN LA HISTORIA?

Por el Dr. Rubén Torres (*)

 
Según el Nobel de economía 1973, Theodore Schultz, con la acumulación de capital humano, en inversiones en salud y educación, los países avanzan en productividad, hacen más sustentable su crecimiento y elaboran su desarrollo.
Pero nuestras condiciones macroeconómicas están en graves dificultades, con reducción de los niveles de ingreso de la población, aumento de la informalidad y la consecuente dificultad para acceder a servicios de salud por medio de la seguridad social.
Esto debería llevar a una redefinición de las fuentes de re- cursos: hasta hace unos años la tendencia era la incorporación de cotizaciones sociales basadas en el trabajo, hoy la tendencia es abandonar esa fuente de financiación de la salud con el trabajo (total o parcialmente) y su reemplazo por otras fuentes.
Teléfono para un Estado, que auténtico garante del derecho a la salud, no figura entre sus principales financiadores.
Así, el desafío de nuestro sistema de salud para extender la cobertura real garantizando una calidad homogénea en los servicios, genera discusión entre abocarse a una reforma, aumentar el gasto público sectorial, o aplicar “parches” para acallar “estallidos” coyunturales.
Esta última alternativa ha sido la más habitualmente elegida por las autoridades sanitarias. En los cuarenta años de democracia no se logró disminuir una inequidad, que resulta inaceptable para un régimen de estas características, y que dificulta alcanzar un crecimiento sostenido.
Los resultados dan cuenta, de ineficacias en las políticas y servicios, e irracionalidades que se manifiestan elocuentemente cuando otros sistemas consiguen más salud con el mismo, o menos dinero.
Todo sistema de salud tiene un modelo de gestión, su componente político, que define los valores que lo sostienen, sus prioridades, la función a desempeñar por el Estado (incluyendo la definición de los servicios a prestar por él y aquellos que se dejarán en manos del sector privado), y los límites de su poder de rectoría; un modelo de financiamiento, que define de dónde vienen los recursos, su asignación y (especialmente en un sistema federal como el nuestro), los mecanismos de transferencia desde los niveles centrales a los locales; y un modelo de atención, que establece la organización del trabajo (específicamente cómo y dónde se prestan los servicios).
Aunque resulta un error abordar el análisis del sistema de salud solo desde la perspectiva del financiamiento, los problemas de fondo preexistentes del sistema encubiertos durante la pandemia con aportes extraordinarios y menor consumo prestacional, y antes de ella con auxilios circunstanciales, se manifiestan hoy magnificados.
La discusión enunciada más arriba entre adoptar un cambio de rumbo o la aplicación de medidas coyunturales resulta indiferente en nuestra situación actual (y me atrevería a decir, que en todas las anteriores): deben aplicarse una serie de medidas coyunturales, pero con un claro sentido de cambio del rumbo.
Cabe mencionar el caso de la seguridad social nacional, donde la recaudación mensual promedio alcanza solo el 85% del costo del PMO, tomando en cuenta solo los aportes y contribuciones, pero solo el 29% de los agentes recauda lo suficiente para la cobertura del mismo, y contiene al 22% (poco más de 3 de los 14 millones de beneficiarios).
El llamado Fondo Solidario de Redistribución desmiente su condición de solidario y redistributivo, pues aplicados sus recursos, solo el 42% de los agentes alcanza a cubrir el PMO, cobijando a menos de 6, de los 14 millones de beneficiarios del sistema.
Se debieran corregir subsidios distorsivos como el SUMA, que otorga más fondos per cápita a beneficiarios de obras sociales con ingresos medios tres o cuatro veces superiores, que, a otras, que reciben menos, aun a igualdad del número de beneficiarios. O que increíblemente sostiene con subsidios per cápita cinco o más veces superiores a obras sociales de menos de mil beneficiarios, cuya capacidad de cobertura y sostenibilidad es inexistente.
Si las prestaciones de discapacidad se trasladaran al auténtico responsable de estas (el Estado nacional), que posee una agencia destinada al efecto, sin afectar ninguno de los derechos garantizados en la ley 24.901, y el alto costo pasara a ser cubierto por un fondo único y común para todos los ciudadanos (sin tomar en cuenta su cobertura), el 84% de las obras sociales, y el 80% de sus beneficiarios (12 millones) podrían cubrir el PMO.
Esta última medida contribuiría además a dirimir el dilema de asignación de recursos entre la equidad y la incorporación de tecnología innovadora: pues cuando se prioriza lograr condiciones de acceso, financiamiento y resultados de salud similares para todos; los recursos no alcanzan para incorporar nuevas tecnologías; y cuando se busca favorecer la excelencia de la respuesta, es muy difícil lograr su disponibilidad para toda la población.
Una cobertura de estas características contribuiría a despejar esta intolerable inequidad. Es imprescindible optimizar el sector estatal, responsable de la atención de más del 35% de la población, ordenarlo para trabajar coordinadamente sectores provinciales, municipales, OOSS provinciales, y participar en esquemas de articulación público-privada.
Cabría discutir además si resulta justificable tener delegaciones provinciales de PAMI y de la Superintendencia, con funciones que perfectamente podrían coordinarse. O si deben cubrirse al 100% medicamentos de dudosa efectividad, y a todos los beneficiarios de un subsistema… o sólo aquellos de imprescindible necesidad y a aquellos beneficiarios con dificultades ciertas de acceso.
Durante la pandemia se revalorizó entre la población en general y en el propio sector el rol de la salud pública, y se consiguió una buena integración público-privada, funcionando en redes mixtas que minimizaron temporalmente las fuertes inequidades.
Pero todo quedó en la historia. La equidad implica lograr que todos los argentinos tengan respuestas equivalentes en calidad y efectividad. O en términos ético-democráticos: no tolerar unos servicios de salud para pobres y otros para ricos.
Aliento la esperanza de que no quede en la historia

(*) Presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA).
 

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