Reiteradamente, desde esta columna se ha sostenido que de un modo casi imperceptible las iniciativas de la actual gestión sanitaria vienen modelando una reforma sustancial del sistema tal como lo conocimos hasta este momento.
Este avance sutil hasta hace poco, intenso en las últimas semanas, se asienta en dos principios centrales: la reducción de costos en el sector público y la desregulación compulsiva del modelo. Y todo sin consideración de las condiciones socio económicas en las que se desenvuelve la iniciativa.
Como si los desesperantes niveles de pobreza e indigencia no incidieran en la planificación, la ejecución y los resultados de un programa de salud. Como si la sobredemanda de atención en un sector público pauperizado no requiriera una adecuación de los supuestos y prioridades de gasto.
En un mercado imperfecto fragmentado y cristalizado desde hace más de 50 años, el ahorro a como dé lugar sin consideración del costo beneficio, y la introducción intempestiva de mecanismos de supuesta competencia entre actores desiguales, generan la sensación de confusión a la que alude el primer término del título de la nota.
Desconcierto colectivo en un sector que a pesar de su crisis terminal no atina a formular una respuesta alternativa. Es que hay otra razón en juego.
Existe una contradicción esencial entre el concepto de salud pública y la concepción libertaria de la vida, en la medida que ésta antepone la idea de salud individual al de la mirada poblacional, omite su meritoriedad, sus externalidades y rechaza la necesidad de la intervención del Estado en tanto regulador y compensador de sus imperfecciones como mercado.
Resulta un oxímoron asociar la idea de la “eliminación del Estado a favor de la soberanía individual en un capitalismo de libre mercado”, en el que...“la aplicación de la ley, los tribunales y todos los demás servicios de seguridad serían proporcionados por competidores con fondos privados en lugar de impuestos y el dinero se proporcionaría de manera privada y competitiva en un mercado abierto” (Rothbard, M. 1973) con el concepto de Salud Pública, entendida como “la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad” (OMS 1997. Glosario).
No puede haber salud pública, si no se asume su acceso afectivo como derecho inalienable para toda la población y no se entiende la justicia de su pleno ejercicio colectivo.
Libertarismo y Salud Pública, constituyen un oxímoron, porque la asignación de los recursos a través de la economía de mercado es antitética con el desarrollo de políticas públicas orientadas hacia la equidad en el acceso efectivo a la atención sanitaria.
Así entonces, el declamado reordenamiento del sistema no consiste en el diseño y desarrollo de acciones que hagan una vida mejor, a una sociedad más justa, sino a una reformulación de flujos económicos según los resultados de una puja distributiva que es función de los espacios de poder, y no de las necesidades ciudadanas. Un modelo en el que algunos ganan, otros sobreviven y muchos pierden.
Vayan dos ejemplos de estos días: aunque la reglamentación de la medida aún no ha sido publicada, más allá de los genuinos reparos que despierta en materia de seguridad, calidad y eficacia, la habilitación a la importación de productos farmacéuticos desde India por parte del gobierno de Mendoza, en tanto y en cuanto el comprador habilitado es sólo el Estado provincial, constituye en el mejor de los casos una falacia, porque éste lo hace a precios muy inferiores al PVC que erogan particulares.
De allí que más allá del dudoso y probablemente marginal impacto económico de la medida, al no existir otra política de medicamentos que la libre fijación de precios por parte de sus productores, el sector público se abastecerá a través de oferentes de incierto cumplimiento de los criterios exigibles (Decreto 150/92), los grandes compradores monopsónicos al arbitrio de los contratos que ellos mismos establezcan con la industria y el resto de las personas, seguirán haciéndolo en los montos y márgenes siderales que fijan los laboratorios y la cadena de distribución.
Por el otro lado, en el caso de la Resolución 3284/2024 y su resultante: la inclusión compulsiva de las Empresas de Medicina Prepaga que capten aportes y contribuciones como agentes del seguro de salud, más allá de la saludable eliminación del peaje generado en los 90’ por la subrepticia inclusión del aseguramiento privado en la Seguridad Social, la ausencia de una regulación clara omite entre otros aspectos el alcance de la obligatoriedad, las condiciones de ingreso a la ley 23.660, las ambigüedades que se establecen entre ésta y la ley 26.682 y la viabilidad de que las EMP permanezcan en el sistema en calidad de efectores, más allá de su condicionada incorporación como aseguradores.
En todo caso, esta explicitación de un sistema mixto a la usanza de las ISAPRES chilenas, consolida un mercado competitivo imperfecto de confluencia público-privada restringido a una población cada vez más acotada, y deja librado al designio, la voluntad política y la sustentabilidad financiera de cada jurisdicción provincial al resto.
Y lo hace sin considerar las asimetrías dentro y entre los dos grupos, sin evaluar cuál serán los incentivos positivos para que sean los usuarios, los que modifiquen su situación actual, y -muy importante- adónde irán a parar los recursos “transaccionales” (peajes) en juego.
En otras palabras, y al sólo efecto de trazar analogías: ISAPRES desreguladas para el 25% de la PEA (INDEC 2024), pero sin aseguramiento FONASA para quien no cuente con lo que alguna vez conocimos como Seguridad Social y que hoy, en nuestro país es casi un privilegio.
Un modelo mixto en el que quien más percibe, más recibe, con actores concentrados que entran de modo incierto al financiamiento público y un sector público desfinanciado que mientras propone falacias renuncia u omite atender necesidades críticas de salud pública, tales como que, alegando incuestionables argumentos constitucionales, se formule la posible transferencia de hospitales nacionales a las provincias, pero sin comprometer los recursos que lo hagan posible.
Despejar la confusión es necesario. Comprender el rumbo al que nos encaminamos, indispensable. Corregirlo, imprescindible.