El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley Bases (Ley 27.742) en junio de 2024, define en su artículo 167 ocho sectores habilitados para acceder a treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. La salud no figura entre ellos. Tampoco la incorpora el proyecto de ampliación en tratamiento en el Senado -el “Súper RIGI”-: apunta a inteligencia artificial, semiconductores, baterías de litio, centros de datos, hidrógeno y biotecnología, esta última entendida como producción y exportación biotecnológica, no como inversión en el sistema de salud, su infraestructura o su fuerza de trabajo. Ninguno de los proyectos aprobados hasta la fecha -concentrados en minería y energía- pertenece, siquiera de manera cercana, al sector salud.
La omisión no es un detalle técnico: revela una jerarquía sobre qué actividades el Estado argentino considera merecedoras de treinta años de certidumbre jurídica y fiscal, y cuáles no. Mientras se construía este régimen de excepción, el gasto público consolidado caía 6 puntos del PBI en un año -la mayor contracción desde 2002- y, dentro de esa caída, salud, ciencia y protección social aportaron el 69% del ajuste.
La ejecución del Ministerio de Salud se contrajo 36% en términos reales; la Superintendencia de Servicios de Salud, entre 61% y 72%; el Instituto Nacional del Cáncer, 51%. El Plan Remediar redujo su vademécum de 79 a 3 medicamentos. La mortalidad infantil subió 6,25% en un año, el mayor incremento desde 2002, y la cobertura de la vacuna triple viral cayó a 46,7%, muy por debajo del umbral de inmunidad de rebaño. El costo fiscal del RIGI en régimen pleno -entre 1% y 1,27% del PBI anual, según la fuente- equivale a más de cinco veces lo que la Argentina destina hoy a toda su función de ciencia y tecnología, CONICET incluido.
Esto no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos en que la Ley Avellaneda de 1876 abrió el país al capital ferroviario y frigorífico británico, la historia económica registra al menos otros siete episodios en que la apertura extraordinaria a los grandes inversores coincidió con una restricción del gasto sanitario, científico, educativo o social. El Pacto Roca-Runciman de 1933 garantizó una cuota de exportación de carnes a los frigoríficos británicos mientras el Estado no desarrollaba una política equivalente de auxilio a la población desempleada por la Gran Depresión. La apertura financiera de la autodenominada Revolución Libertadora, en 1956, coincidió con la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría de Estado y con la mayor epidemia de poliomielitis de la historia argentina: 6.496 casos notificados ese año, con una letalidad de 33,7%.
Los contratos petroleros de Frondizi, en 1959, convivieron con una caída de 25% en los salarios reales. La represión universitaria de 1966 -cerca de 1.300 investigadores exiliados o renunciados- se acompañó de nuevos incentivos a la inversión extranjera. La última dictadura combinó apertura financiera con la transferencia de escuelas primarias a las provincias sin los recursos para sostenerlas. La Convertibilidad transfirió, entre 1991 y 1993, treinta hospitales nacionales a las provincias sin financiamiento proporcional -una reforma condicionada por el Banco Mundial-, en el mismo período en que el cólera reaparecía en el país después de un siglo: 4.372 casos y 60 muertes entre 1992 y 1996. Y el primer año del gobierno de Macri recortó 11,3% el presupuesto del CONICET. En ninguno de estos ocho episodios, ni en el actual, la salud fue la que recibió el capital: fue, sistemáticamente, la que absorbió el ajuste.
Que esta correlación no equivalga a una prueba de causalidad no la vuelve irrelevante. La literatura internacional sobre austeridad y salud documenta, en decenas de países, una relación de dosis-respuesta entre la magnitud del ajuste fiscal y la magnitud del daño sanitario: a mayor recorte, mayor deterioro medible, desde brotes de VIH hasta aumento de suicidios: el daño no proviene únicamente de la recesión, sino de qué decide recortar el Estado en respuesta a ella (Karanikolos et al., The Lancet, 2013). Los sistemas de salud des- financiados, además, tardan entre diez y quince años en recuperar la capacidad perdida, incluso revertida la política que originó el recorte (Haldane et al., Nature Medicine, 2021). Y los propios multiplicadores fiscales en recesión -mayores a 1, según Blanchard y Leigh (2013)- muestran que ajustar sobre el sector de mayor empleo, capilaridad territorial y capacidad de respuesta no es solo inequitativa: es fiscalmente ineficiente.
El horizonte de treinta años que el RIGI garantiza al capital tampoco es un detalle menor para la salud. Es, casi con exactitud, el tramo en que se cierra la ventana de bono demográfico y se duplica la brecha no contributiva del sistema previsional. El mismo período en que el sistema de salud más va a necesitar margen fiscal propio es el que el Estado ya comprometió por ley a favor de sectores que no la incluyen.

Con un siglo y medio de historia y esa evidencia internacional, el deterioro de los indicadores sanitarios argentinos en 2024-2026 no debería sorprender: es, estadísticamente, lo esperable cuando un Estado diseña, una vez más, un régimen de treinta años de certezas para el capital y ninguna certidumbre equivalente para la salud de sus ciudadanos de a pie. Por supuesto, nada de esto implica que Argentina deba cerrarse a la inversión extranjera, ni que los incentivos fiscales sean ilegítimos por definición.

La pregunta que queda planteada no es si conviene atraer inversión de gran escala, sino a cambio de qué, sostenida renunciando a qué, y con qué condiciones de retorno social. Mientras esa pregunta siga sin respuesta, la salud, la ciencia y la protección social argentinas seguirán esperando su propio régimen de incentivo