La superposición temporal de las administraciones Trump–Kennedy y Milei–Lugones ofrece una oportunidad analítica infrecuente: dos gobiernos de similar sesgo ideológico operan sobre sistemas sanitarios de arquitectura radicalmente distinta con un conjunto de intervenciones comunes. La tesis de esta nota es que la coincidencia doctrinaria produce efectos heterogéneos según el punto de partida institucional, pero converge en un patrón: redistribución regresiva del riesgo sanitario, debilitamiento de la función rectora del Estado y deterioro temprano de indicadores trazadores.
Estados Unidos sostiene el gasto sanitario más alto del mundo (17,6% del PBI; U$S14.500 per cápita) con resultados inferiores a su grupo OCDE. La One Big Beautiful Bill Act (julio 2025), constituye la mayor contracción de cobertura pública legislada en la historia del país: la CBO (Congressional Budget Office) proyecta 11,8 millones de personas adicionales sin cobertura hacia 2034, con recortes de aproximadamente un billón de dólares a Medicaid en una década, introducción de condicionalidad laboral y expiración de los subsidios mejorados de la ACA. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) pasó de 82.000 a 62.000 puestos, con cancelación de aproximadamente U$S 1.810 millones en grants científicos (694 proyectos sobre cáncer, VIH y enfermedades neurodegenerativas). Kennedy encarna una paradoja biográfica notable: abogado ambiental devenido activista antivacunas, su retórica de “transparencia radical” coexiste con el desmantelamiento de las estructuras de vigilancia que la harían posible. La destitución del Advisory Committee on Immunization Practices y su reemplazo por miembros vacunoescépticos tiene consecuencia in- mediata: 2.288 casos de sarampión confirmados en 2025 (CDC), el peor registro desde 1991.
Argentina gasta 10.3% de su PBI en salud, siendo que el gasto privado (4.3%) predomina sobre el público (2.7 %) y el de la Seguridad Social (3.3%) (M. Salud 2025). La reforma opera principalmente por vía decretal: el DNU 70/2023 y los Decretos y Resoluciones que ulteriormente lo operativizan (1) rediseñaron estructuralmente el sistema de seguridad social, sustituyendo el principio de solidaridad sectorial por una lógica de competencia de mercado, sin mediar debate legislativo. Se verifica entonces la variante local de la retracción del Estado sobre el sistema construido. Sin embargo, a diferencia de la gestión Kennedy -cuya ruptura con el establishment científico fue pública y programática- aquí opera la discrecionalidad administrativa: el Ministerio de Salud publicó, retiró y finalmente restauró el dato de mortalidad infantil 2024- que registró un aumento del 6,25% respecto de 2023, llegando a 8,5 por mil nacidos vivos. El gasto de la Administración Pública Nacional acumula una caída del 31-32% entre 2023 y noviembre de 2025 (CEPA). En salud, los programas más afectados incluyen la respuesta al VIH/hepatitis/tuberculosis (-47% en 2024), los hospitales nacionales e Instituto Nacional del Cáncer (-55% de subejecución en 2024), y la distribución física de medicamentos esenciales del Plan Remediar, que cayó entre 41% y 56% según jurisdicción.
Tres mecanismos institucionales operan en paralelo. Primero, la gobernanza de excepción: mediante el Decreto 942/2025 (B.O. 2/1/2026), el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional declarada por el DNU 70/2023, ex- tendiendo a tres años el marco de excepción que habilita medidas por vía ejecutiva.(2)
En Estados Unidos, órdenes ejecutivas y legislación por reconciliación (budget reconciliation) cumplen función análoga. Segundo, el rechazo al multilateralismo sanitario: ambas administraciones anunciaron el retiro de la OMS; el reporte CIIPS-IECS advierte que Argentina arriesga perder acceso a los Fondos Rotatorio y Estratégico de la OPS. Tercero, la agenda anti-derechos reproductivos por vías jurídicamente distintas pero convergentes: en Estados Unidos el fallo Dobbs, (el mayor retroceso jurídico de derechos reproductivos en EE.UU. en 50 años) , la ampliación de la Mexico City Policy y el desfinanciamiento de Planned Parenthood; en Argentina vía interrupción de la adquisición de misoprostol y mifepristona, recorte al Programa Nacional de Salud Sexual, disolución del Plan ENIA y disolución del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad.
Desde valores rectores de la salud pública -equidad, justicia, excelencia y eficiencia-, el balance provisional es desfavorable en los cuatro vectores, aunque la latencia causal exige cautela en la atribución directa. Pero la paradoja central es que se invoca la eficiencia mientras se contrae la rectoría estatal, cuando la evidencia OCDE muestra consistentemente que los sistemas con mejor desempeño en gasto/PBI ajustado son aquellos con financiamiento solidario y cobertura universal. Los contraejemplos son instructivos: Corea del Sur y Taiwán logran esperanzas de vida superiores a la de Estados Unidos con un gasto per cápita inferior al 40% del estadounidense; el NHS británico, a pesar de su crisis mantiene indicadores de equidad en acceso que los sistemas fragmentados no alcanzan. La eficiencia invocada se confunde con reducción nominal del gasto público, métrica que omite el costo real: gasto de bolsillo creciente, diferimiento asistencial y muertes evitables.
Los daños sobre la capacidad técnica estatal, y los bienes públicos sanitarios globales son los menos reversibles. Reconstruir lo roto requerirá años de reinversión y consolidación de capital humano. Una administración posterior con voluntad reparadora enfrentará costos de reconstrucción muy superiores a los ahorros obtenidos, asimetría temporal que la evidencia histórica de reformas sanitarias regresivas documenta consistentemente. La experiencia comparada sugiere que los sistemas eficientes y equitativos no se construyen por sustracción del Estado sino por su fortalecimiento técnico, rectoría intersectorial y financiamiento solidario. La tarea inmediata para la comunidad sanitaria es el monitoreo sostenido de indicadores trazadores -cobertura efectiva, mortalidad infantil y materna desagregadas, cobertura vacunal nacional y subnacional, gasto público per cápita, gasto de bolsillo, dotación de agencias técnicas- como contribución a la futura rendición de cuentas y a una opinión pública informada.

Bibliografía:

1) Decr: 170-171-172/2024. Res. SSS 201 -232 - 3284/2024 y Decr. 600/2024.
2) El DNU fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 pero mantuvo vigencia al no obtener el rechazo concurrente de la Cámara de Diputados, en aplicación del mecanismo previsto por la Ley 26.122.