Es posible -y deseable- que este no sea el único artículo que toque este tema en este ejemplar de la revista. También es factible -y probable- que el asunto haya pasado al archivo de las cosas olvidadas por la urgencia cotidiana.
Son innegables la efectividad y los beneficios sanitarios y económicos de las vacunas, y resulta innecesario mencionarlo en este ámbito. Pero el evento o acto antivacunas del pasado 27/11 excede el terraplanismo de sus mentores para interpelarnos en torno a cuestiones más troncales: particularmente -y una vez más- acerca del papel del Estado en el cuidado y resguardo de la salud de la población.
Sólo cinco años después de haber atravesado una pandemia, a la semana epidemiológica 46 (09 al 15/11/25), el Boletín Epidemiológico Nacional informa para 2025 un incremento del 258% en los casos con- firmados de Coqueluche con relación a la mediana 2020 - 2024; 279% para Hepatitis A y del 1.650% (no es un error: mil seiscientos cincuenta %) para los casos confirmados de sarampión en la misma relación temporal. (1)
Tomadas en conjunto, las tasas de cobertura de las vacunas más importantes (triple viral, IPV, DTP, Varicela, VPH, Meningococo, descendieron entre 2023 y 2024 de un promedio del 58,3% al 49,8%. El cambio metodológico introducido en noviembre (cobertura amplia- da por cohorte) lo lleva al 72%. (2)
Más allá de que es imposible una comparación cuando se interpone un cambio metodológico, aun tomando como válido el último dato, estaríamos muy lejos del objetivo del 95%. Por lo pronto, y para la misma fecha de notificación del cambio, se notificaron 7 fallecimientos por coqueluche y se alertó por circulación de casos confirmados de sarampión. Sólo uno de cada dos niños de entre 5 y 6 años recibieron las dosis obligatorias en el inicio del ciclo escolar.
En ese contexto, lo que resulta inadmisible no es la opinión trasnochada de un negacionista, sino que el Congreso Nacional acepte albergar un evento de estas características. ¿Cuál es la cualidad de una convocatoria que cuestiona sin fundamento ni evidencia una de las certezas más firmes sobre las que se asientan millones de vidas salvadas como para ocupar un recinto ni más ni menos que en la Cámara de Diputados de la Nación?
¿O acaso no fue ese mismo Congreso el que alguna vez sancionó en torno al derecho a la información adecuada y veraz en materia de salud? (Art. 42 C.N). Porque no se trató de la potestad de un represen- tante para presentar un proyecto de ley, lo que hubiera requerido la presentación formal y su tratamiento para estudio y dictamen, sino de un burdo acto propagandístico cuyo riesgo principal es el propagar información no fundada y por ende peligrosa.
Hubo organizaciones de la sociedad civil y entidades profesionales que hicieron sonar voces de alarma. Pero el gran ausente, antes y después de la convocatoria fue el propio Ministerio de Salud. Porque no alcanza con emitir un comunicado que sustente una opinión diferente.
Lo esperable, por parte de la autoridad rectora en salud debería haber sido la descalificación, la condena y la denuncia frente a un acto propagandístico que cuestiona los fundamentos de una ley nacional (Ley 27.491) que establece que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son obligatorias y gratuitas para todos los habitantes del país.
Y si el acto en sí mismo atenta contra toda evidencia y desoye el marco normativo, la cesión de la Cámara de Diputados como sede para lo que podría considerarse un posible llamamiento a la desobediencia civil resulta insólita y ofensiva. De allí que no se trate sólo de la emisión de un mensaje antivacunas sino de un acto que vulnera consensos democráticos que creímos establecidos.
Lo que conduce al meollo de la cuestión: el alcance y los límites de la intervención del Estado en salud, aun en el contexto de una administración que sostiene el predominio de lo individual por encima de lo colectivo.
Si bien las personas competentes tienen el derecho a decidir por sí mismas sobre su cuerpo y su vida (Principio de Autonomía) el poder coercitivo de la ley puede interferir en la libertad de acción de un individuo cuando de lo que se trata es prevenir el daño a terceros, porque la no intervención pondría en peligro cierto la vida o la salud de la comunidad. (Mill, John Stuart. Sobre la Libertad - 1859), siendo esta la justificación para impedir o reprimir manifestaciones de grupos antivacunas.
Ciertamente, la opinión crítica no es punible. Pero sí puede serlo la difusión de afirmaciones falsas o temerarias. Hemos escuchado opiniones acerca de que “las vacunas contienen chips”, que generan autismo, o que causan cáncer, con total despreocupación por su veracidad.
Ahora vimos que esas aserciones son promovidas desde el propio sitial de la representación ciudadana. El bochornoso y payasesco espectáculo ofrecido por una persona supuestamente magnetizada por efecto de una inmunización, se empequeñece en comparación con el peso de la función pública de quien lo avala y lo amplifica. Y no es solamente grotesco. Es substancialmente peligroso.
Si un acto público, visibilizado desde el Congreso Nacional incita a la rebeldía a una ley nacional, y activamente induce a rechazar la vacunación infantil obligatoria, amenaza con producir un daño social inminente (ej. un brote de sarampión). En ese caso, la intervención del Estado no debería ser la de un opinante más. Su contención o incluso sanción se justifica bajo el concepto de “Daño a Terceros” (Harm Principle).
No es suficiente la emisión de un comunicado conjunto por parte de la autoridad sanitaria nacional y las provincias contraponiendo una declaración técnica a un hecho político.
Y el silencio induce respuestas. No casualmente, unos días más tarde, ahora desde el Senado de la Nación, se desarrolló un acto que, bajo la consigna del cuestionamiento a la cuarentena impuesta durante la pandemia, finalizó con un asistente reclamando a los gritos la derogación precisamente de la Ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación (La Nación 03/12/25).
Reconfortan las voces críticas que salieron al cruce de tamaña temeridad. Alarma, pero no sorprende la poca contundencia en la respuesta del Estado.
Esto no se trató de una anécdota. Ha sido un síntoma. Y como tal habría que asumirlo. n

Referencias:

1.- https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-cobertura-ampliada-por-cohorte-permitio-medir-con-mayor-precision-la-vacunacion-en-ninos
2.-https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025/01/ben-783-se-46-vf-2511.pdf