La salud de la población y la productividad de la economía

El vínculo entre la salud, la calidad de vida y el progreso económico de una sociedad es bien reconocido desde hace años. Efectivamente, hay una demostrada relación entre el nivel de ingresos en una sociedad, la inversión en salud y los resultados sanitarios obtenidos.
Sin embargo, las premuras de la política nacional, siempre acuciada por los vaivenes micro y macroeconómicos (la economía de las personas y la de las cuentas públicas), la consecuente ausencia del problema de los servicios de salud en la agenda política del corto plazo, y la falta de un proyecto estratégico de País -a mediano y largo plazo- hacen que entre nosotros el debate sectorial se centre en la puja por la distribución de los recursos y el control de segmentos del mercado, por una parte, y la insistencia en retóricas orientadas más a la puja intrasectorial que a la incorporación del problema de la salud desde la perspectiva de un sector dinámico de la economía nacional.
En mayo pasado, en el marco del G-20 los ministros de salud de los países miembros reafirmaron el papel otorgado a la cuestión de la salud en el programa mundial de desarrollo: un sistema de salud puede servir de trampolín al bienestar y la prosperidad económica o bien alimentar el ciclo de pobreza e inseguridad, limitando las oportunidades para la educación y el empleo. Quedó explícito en dicho encuentro que las economías fuertes no son sólo producto de buenas políticas fiscales o comerciales.
La productividad, definida como la relación entre lo producido y los recursos utilizados para ello, es un factor clave del crecimiento económico y el desarrollo de los países. Y el estado de salud de las personas, como componente del concepto más general de calidad de vida, una condición indispensable para el mejoramiento de la misma.
Desde una perspectiva de política sanitaria se debaten habitualmente las condiciones de eficiencia del sector: en el caso argentino es habitual escuchar que para nuestro nivel de gasto los resultados sanitarios son, al menos, bastante menores que los esperables. Desde una perspectiva económica esta cuestión suele enmarcarse en el problema de los costos permanentemente en alza. Entre nosotros, y en el mundo.
Es imprescindible, entonces, rescatar el enfoque de la problemática sectorial desde una visión más amplia, de política económica y proyecto de país.
En la Argentina el sector de los servicios de salud representa entre un 8% y un 10% del PBI. Y ha seguido incorporando puestos de trabajo a través de la última década, casi duplicando su número entre el 2004 y el 2015. (INDEC)
Puestos de trabajo que, además requieren niveles de capacitación significativos, y que no son mayormente desplazados por la incorporación de tecnología, como sucede en otros sectores de la economía. Considerando también los trabajadores vinculados con diferentes industrias y servicios relacionados con el sector, se ha estimado que abarca aproximadamente al 6% de la fuerza laboral del país. Dentro de ese conjunto se contabilizan más de 13.000 empresas pequeñas y medianas (PyMEs) prestadoras de servicios de salud ambulatorios, con más de 65.000 trabajadores y 20.000 profesionales.

LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR

La productividad de los propios trabajadores y los profesionales de la salud está condicionada por un conjunto de factores vinculados con condiciones de trabajo, motivación, estímulo, estructura organizacional, y retribución.
La sustentabilidad del sistema y por lo tanto la magnitud y calidad de su aporte a la economía, requiere de una apropiada inversión en formación (continua) y fortalecimiento de estos recursos humanos, en conjunto con el sostenimiento de la capacidad de inversión en tecnología costo efectiva.
La combinación apropiada de capacidades y aptitudes constituye un factor decisivo para desarrollar la productividad en los servicios de salud.
Desde el punto de vista empresarial es imprescindible asegurar algunas condiciones básicas:

• El sostenimiento de la capacidad de inversión en bienes de capital, en el contexto de la priorización de políticas consensuadas de incorporación de tecnología.

• La promoción de la innovación: entendida como una eficiente aplicación de nuevas ideas (tecnologías, insumos, formas organizacionales, etc.), internalizadas en el sector de la salud.

• El sostenimiento y mejora de las capacidades productivas: promoviendo la mejor formación y desempeño de los recursos humanos.

Sin embargo, una amenaza creciente, desde la perspectiva de las empresas PyMEs, es el sostenimiento del fenómeno de la concentración económica en el sector y sus consecuencias: en el corto plazo, sobre la asimetría en la negociación de contratos y la asfixia financiera de los prestadores, y en el mediano plazo sobre los costos del conjunto del sistema si el financiamiento y la prestación se configuran definitivamente en forma oligopólica.
Este último riesgo suele ser subestimado por la mirada cortoplacista fundamentada en el concepto de economías de escala.
Las PyMEs no requieren de proteccionismo estatal, sino de políticas de Estado orientadas al mejoramiento de la calidad, el acceso y la equidad en la prestación de servicios, y la promoción de la competitividad - en términos de fortalecimiento de la capacidad productiva del capital humano y financiero-, una inteligente integración con los recursos y la oferta pública, y la oportunidad de generar empleos de calidad.
El sector, a su vez, debe integrarse activamente a la interacción con los centros de investigación y constituirse en parte activa del desarrollo tecnológico innovador.

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