“En salud, la innovación tiene que ser una mejora significativa”

Así se desprende del encuentro “Aspectos técnicos y evaluación de la tecnología médica”, realizado en la Fundación Femeba, el pasado 15 de agosto.
Organizado por la Comisión de Bioética del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión de Bioética y Foro de la Salud y la Cuestión Social de la Fundación Femeba, el debate estuvo puesto en las nuevas tecnologías sanitarias y los desafíos que ellas implican: su evaluación científica, el cúmulo de intereses corporativos que dificultan su uso para el bien común, la equidad en su aplicación, el marco legal que viabiliza los reclamos y el cumplimiento del derecho a la salud y el peso que tienen en los presupuestos de las instituciones de salud. Todos problemas que tienen que ser encarados en conjunto para un mejor servicio.
El tema central del encuentro fue la judicialización del derecho a la salud y, en relación con esto, el papel de las tecnologías y las distintas concepciones de la justicia distributiva en la definición de prioridades para la asignación de recursos y en las decisiones judiciales sobre los amparos. La disyuntiva entre el reconocimiento de derechos individuales, como la cobertura de ciertas intervenciones, y el derecho colectivo, además del rol del Estado como garante de derechos.
De la charla participaron varios expertos que trataron de analizar en conjunto la cuestión de las tecnologías sanitarias no como mejora significativa en la sobrevida de los pacientes sino como herramienta de equidad en los distintos actores sociales que hacen al sistema de salud.
“Lo primero es entender que las tecnologías sanitarias son un problema, no sólo en lo económico. Es necesario dimensionarlo e identificar las herramientas que nos ayudarán a reducir su impacto. Tenemos que entender que la situación de los sistemas de salud es gravísima. Lo nuevo no necesariamente es innovador y no siempre es mejor. La innovación, en salud, tiene que ser una mejora clínicamente significativa a un costo aceptable” profundizó Esteban Lifschitz, investigador del Instituto de Medicina para la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica. (Facultad de Medicina, UBA)
“El sistema tiene dos problemas: pacientes que acceden a tecnologías que no necesitan y pacientes que no acceden a prestaciones efectivas y seguras. Algo no está bien: hay mucha gente disconforme con lo que se paga y no se cubre. Los pacientes se enojan porque no hay turnos, porque no cubren determinados tratamientos, los prestadores están disconformes por lo poco que les pagan, los financiadores también están enojados porque hoy se paga muchísimo en tecnología que antes no necesitaban. Todos están enojados. Se paga más y los resultados hay que buscarlos con lupa, es decir, no han aumentado en relación a los aumentos y la inclusión de nuevas tecnologías” agregó.
“Es mentira que los costos en salud han aumentado de manera similar al aumento de otros costos” afirmó. Según el especialista, el gasto en salud aumentó 3 veces más que lo que creció la economía mundial y el gasto en tecnología creció más que el gasto en salud, lo que generó mayor gasto es la tecnología sanitaria.
“Debemos tener bien en claro qué impacto tiene flexibilizar el acceso de nuevas tecnologías. No debemos perder de vista que el único irremplazable es el paciente. Ni los financiadores, ni la industria sirven sin ellos”, concluyó Lifschitz.
Marcelo Alegre, el segundo expositor de la jornada, abogado y Doctor en Leyes de la New York University, puso el foco en la igualdad en la distribución de los recursos y el acceso a ellos. “La salud es un bien público; como sociedad, definimos cuánto vamos a invertir en salud sin saber cómo se va a distribuir ya que no sabemos quién se enfermará de qué cosa”, expuso Alegre.
“No sabemos quién sufre o quién tiene una carga genética que derive en enfermedades. Como sociedad, entonces, debemos definir cuánto vamos a poner para atender esas problemáticas de salud, que nos afectan a todos, pero no sabemos bien a quién. Sabiendo que existe un compromiso con aquellos que están peor, con los desfavorecidos, tenemos la responsabilidad de actuar con solidaridad y tratar de darle a las personas iguales recursos para enfrentar las contingencias de la vida”, sintetizó.
Finalmente, fue el turno de Marisa Aizenberg, abogada y especialista en Derecho Civil, quien expuso sobre la protección de la salud desde el punto de vista normativo. “Tenemos normas para proteger la salud, pero primero tenemos que definir cómo entendemos la salud: como la ausencia de enfermedades o la salud como asunto social”, comentó Aizenberg.
“En nuestro país el marco normativo es tan amplio y tan fragmentado como la salud misma. Hay que establecer planes de priorización distintos a los que tenemos ahora, donde se quiere incluir al albinismo, por ejemplo, dentro del Programa Médico Obligatorio, por nombrar alguno. Hoy pedimos diagnósticos a enfermedades que no existen: convertimos problemas personales en problemas médicos”, enfatizó.
“Empeoramos lo bueno, cada inequidad, cada injusticia, tienen nombre y apellido y eso se traduce en el sufrimiento y la muerte de una persona. Tenemos que recrear nuevas respuestas; no podemos seguir mirando con el espejo retrovisor los problemas que se nos presentan hoy, en el futuro inmediato. Este es el mayor reto, el de crear nuevas categorías de derecho que permitan dar respuesta a problemas graves” concluyó la especialista en Derecho Civil