En la sociedad en la que habitualmente nos movemos, existen una serie de convenciones sociales que todos respetamos sin cuestionar. Basta mencionar, como ejemplos, la prioridad que tiene una persona en acceder a bienes o servicios (ej. una fila para subir a un ascensor, ceder un asiento para una embarazada en un medio de transporte u otros ejemplos más simples).
Existen también otras convenciones que tienen sustento normativo. Todos sabemos que el semáforo en rojo exige detenerse, aunque no hace falta conocer la ley de tránsito que en su artículo 44(1) expresamente dispone que un vehículo debe detenerse ante la luz roja de la señalización lumínica.
Ambas convenciones -sociales y normativas- se mantienen a lo largo del tiempo, algunas sin modificaciones y otras con pequeñas adaptaciones a la cultura actual. Si bien su cumplimiento es dispar, la consecuencia de su incumplimiento o violación es diferente atendiendo al sistema sancionatorio que imponen los regímenes jurídicos.
En ese escenario social y cultural hay otras modalidades que se van sucediendo con el correr del tiempo y en la era en la que nos toca vivir. En este momento, la tecnología en todas sus facetas nos ha invadido para bien. Desde la revolución generada por internet, las comunicaciones y la aplicación de las nuevas tecnologías a la vida diaria que tienen directa incidencia sobre el sistema de salud.
Los ejemplos planteados en los párrafos anteriores pretenden avanzar sobre la falta de relación entre los tiempos de las convenciones (y sus modificaciones) y los de la tecnología. Ya explicamos en artículos anteriores que la normativa sobre el Programa Médico Obligatorio data del año 2005(2), o sea, más de doce años atrás, mientras que el progreso de la tecnología médica nos presenta desafíos permanentes y constantes.
En un país federal como es la Argentina y en el sentido que ese federalismo se aplica sobre los usuarios de los sistemas de salud, la temporalidad de las normas y de la tecnología aumenta la desigualdad. Así, hay Provincias de nuestro país que carecen de la actualización de equipamiento en salud y otras en sus recursos humanos.
En el artículo anterior esbozamos algunas ideas sobre un nuevo fármaco denominado NUSINERSEN destinado a evitar el avance de una enfermedad cual es la Atrofia Muscular Espinal, cuya cobertura resulta de dificultosa aplicabilidad por el costo del medicamento.
En este contexto se ha generado en los últimos casi veinte años (3), una integración entre el sistema de la seguridad social nacional (obras sociales nacionales) y el sector de la medicina privada (empresas de medicina prepaga), a través de lo que se ha conocido públicamente como la “desregulación”. Y más allá de las valoraciones jurídicas y morales que existen sobre ese fenómeno ya se encuentra “instalado” en nuestra sociedad y más de cuatro millones de usuarios de la seguridad social se encuentran cubiertos por el sector prepago.
Y entonces nos preguntamos: ¿Cuándo comienza la integración con el sector público o los sectores públicos? La población de nuestro país sigue dividida de acuerdo con las fuerzas del trabajo en cuanto a su cobertura de salud. Quienes tienen un empleo remunerado -en blanco- cuentan con la cobertura de la seguridad social nacional o provinciales. Quienes tienen recursos para pagar una cobertura privada de salud lo pueden hacer o, como quedó dicho en el párrafo anterior, integran sus aportes y contribuciones con los servicios de las empresas de medicina prepaga. Si podemos distribuir los usuarios en cada uno de esos regímenes podemos concluir que aproximadamente quince millones de argentinos acceden únicamente a los sistemas públicos, con todo lo que ello implica no sólo desde el punto de vista del servicio, sino también desde la accesibilidad y mecanismos de atención.
El año pasado el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia n° 908/2016 que instauró en su artículo 1 la estrategia de la cobertura universal de salud (4), destinada a generar mecanismos de protección en materia de salud para las poblaciones que, hasta el momento, no tienen una cobertura previamente pactada. A tales fines, y como una contribución al financiamiento de la salud de esas poblaciones, la Seguridad Social Nacional (leyes 23.660 y 23.661) integró la suma de ocho mil millones de pesos a ser administrados a través de un fideicomiso de administración.
A los fines de su ejecución se ha conformado una unidad ejecutora integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Confederación General del Trabajo, unidad que ya se encuentra conformada y que debe comenzar su trabajo a la brevedad.
La tecnología, como dijimos al principio, avanza con mucha mayor rapidez que las convenciones sociales y las normativas. Sería deseable que la población en general pudiera acceder a tales avances en materia de cobertura médica y que esa política pueda ser aplicada a todos los subsistemas de salud de la República Argentina a la mayor brevedad posible.
 

 
1 Art. 44 de la ley 24.449.
2 A pesar de que la inclusión de prácticas y coberturas se ha actualizado por diferentes leyes dictadas por el Congreso Nacional.
3 Decreto 504/98, que estableció el derecho de los usuarios del sistema de salud a cambiarse de obra social y comenzó a regir en mayo de 1998.
4 Que conforme lo expresara la Directora General de la Organización Mundial de la Salud en su discurso de aceptación del cargo, pronunciado el 23 de mayo de 2012 ante la 65a Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza: “la cobertura universal es el concepto más poderoso que la salud pública puede ofrecer. Representa el medio de lograr mayor eficiencia y mejor calidad, y puede quitarnos de encima el peso aplastante de las enfermedades no transmisibles que actualmente agobia al mundo. La cobertura universal es el concepto general que exige soluciones a los mayores problemas con que se enfrentan los sistemas de salud”