La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley aprobado por la de Diputados sobre el aborto, que implica que sigue estando penalizado. En el número anterior (edición 105) … “Aborto y conciencia médica” y antes en… “Aborto o un cierto contrabando Jurídico” (edición 91) anticipé que eso ocurriría y que era tiempo de tratar seriamente el tema.

LA IGLESIA
No hizo más que sostener su tradicional posición antiabortista, fundada en que la vida comienza en el momento de la concepción, que no es tan antigua.
Se inició en el Siglo XIX cuando la ciencia médica pudo describir la evolución fetal y afirmar que un feto de 8 meses no era demasiado diferente de uno de siete, éste de uno de seis y así hasta el primero, descartando las teorías sobre que era un “homúnculo” que nadie sabía definir y era el nombre que se le daba por la confusión que creaban las diversas formas que tomaba, algunas, bastante parecidas a animales. Recordemos que la teoría de la evolución no fue aceptada hasta el siglo XX.

LOS GRUPOS FEMINISTAS
Hicieron del aborto, llamándolo “derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo” su bandera de lucha a la que se unieron los grupos de izquierda, casi todas las vertientes laicistas y anticlericales.
Esa polarización “pro vs. anti” hizo que casi nadie prestara atención al texto del proyecto.
No sabemos que habrá pesado más en el ánimo de los senadores a la hora de la votación, pero los “anti” recibieron una gran ayuda de sus opuestos, los “pro” que habían impuesto un texto legal sumamente objetable a punto tal de ser inviable constitucionalmente, obligando a rechazarlo en su totalidad o realizar tantas modificaciones que hacían inevitable su vuelta a la cámara de origen “en revisión”.
Aquí hacemos un análisis técnico jurídico.

LA “TÉCNICA LEGISLATIVA”
Es el arte de redactar un texto legal sin errores, y para que no los tenga debe ser: claro y preciso.
Preceptivo: limitarse a las conductas prohibidas y sus penas o a las permitidas. Tampoco debe contener principios ideológicos, ni pautas interpretativas.
Los principios deben deducirse de las conductas penalizadas o permitidas y la interpretación está reservada a la justicia y a aquellos que comentan las leyes en el ámbito doctrinario.
A esto agrego: tampoco debe contener “contrabando jurídico” que ocurre cuando se incorporan a la ley otros textos o declaraciones que dan a las palabras un significado diferente o al menos no exactamente iguales, al general en el habla habitual del país donde se aplicará. El proyecto rechazado sufría de todos esos defectos.

“EL PROYECTO”
Su texto era muy extenso, lo que lo hacía necesariamente poco claro e incongruente.
Incorporaba: una muy extensa declaración de principios. Declaraciones de la OMS con definiciones (significantes del texto) diferentes a las que les dan el habla cotidiana y las leyes de nuestro país.
Si se hubiera querido despenalizar el aborto bastaba con modificar tres artículos del Código Penal: 85,86 y 88. Se nos dirá que la ley hacía esas modificaciones, lo que es cierto.
El problema era el resto del largo texto legal que incorporaba declaraciones, principios y remisiones que modificaban esos significantes que, al formar parte de la ley, necesariamente deben ser tenidos en cuenta por los intérpretes (jueces y abogados) ya que la primera pauta interpretativa de una ley es su texto.

EL CONTENIDO
El proyecto se iniciaba con un artículo que contenía todo lo que debía contener: La modificación de los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal.
Con las modificaciones despenalizaba el aborto practicado con consentimiento de la mujer antes de la semana 15, para la mujer y para todo el equipo médico. Y penalizaba con tres a diez años de prisión al practicado sin consentimiento de la gestante.
Y con penas más moderadas (tres meses a un año) si obrare con el consentimiento de la mujer y se produjere a partir de la semana quince.
En el artículo 86 aclaraba los supuestos de despenalización en el período 15 o posterior que eran:
Si fuera producto de una violación. Con el agregado probatorio el profesional deberá tenerla por probada con la sola declaración de la persona gestante, excluye así la necesidad de denuncia previa.
El riesgo: la vida o la salud de la mujer. Aclarando que ambas serán consideradas como “derecho humano” que sin duda ya lo eran.
Esto nos lleva a pensar que es una repetición innecesaria o que se intenta penalizar como delito de lesa humanidad cualquier conducta que niegue, restrinja o aun que no financie un aborto, lo que resulta al menos peligroso.
Ello más allá de algunas declaraciones de Derechos Humanos de la OMS a las que nuestro país adhirió con la reserva de que considera el inicio de la vida la concepción, en ese caso entraría en contradicción el mismo derecho: a la vida de la madre y del feto, ambos iguales de “humanos”.
Si el embarazo pusiere en peligro la vida o la salud de la mujer. Ese “riesgo” no debía ser interpretado en el sentido tradicional: la existencia de una patología, de ésas que describe la ciencia médica, sino la mucho más amplia de la OMS que hablan de un estado de homeóstasis o pleno equilibrio personal y emocional, con lo que se legalizaba el aborto post semana 15 si la gestante manifestaba que el embarazo frustraba su proyecto de vida u otro principio de igual amplitud.
También si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto, que nos parece sumamente razonable: para qué obligar a llevar a término un embarazo, por ejemplo, de un feto anencefálico, si sabemos que su vida terminará el día del nacimiento o inmediatamente después.

EL POLÉMICO ARTÍCULO 85 BIS
Reprimía con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial:
“A la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.
Este artículo era un claro e innecesario exabrupto (barbaridad) legal al que se oponía frontalmente el sector salud y supongo que habrá sido la principal causa de su rechazo.
Así lo califico porque hubiera creado el único delito de conciencia de nuestro Código, en oposición a las normas constitucionales que protegen la libertad de pensamiento, religiosa, de opinión y hasta económica (ejercer industria lícita, que implica a cambio de una retribución).
Hacía “delincuente” a todo director de establecimiento o profesional médico que se negaba a realizar un aborto de inmediato y al solo requerimiento de la embarazada.
Como el proyecto no discriminaba entre establecimientos ni profesionales, hacía punible a todos esto incluía: a los objetores de conciencia por motivos religiosos, éticos o morales. También a los que no quisieran hacerlos, por ejemplo, gratuitamente.
Y a los que aún queriendo no supieran hacerlos o no contaran con instalaciones o instrumental aptos de acuerdo con las reglas del arte (un sanatorio o médico especializados en oncología, oftalmología o aún dermatología).
La falta de discriminación, en este caso positiva, de la ley los exponía, a todos, a ser denunciados penalmente y afrontar un proceso. No creemos que, a condena, pero sí al disgusto y los gastos que todo proceso implica.

SÍNTESIS
El proyecto era inviable y aunque hubiera sido aprobado por el Senado, claramente inconstitucional.
Quien quiera promover un proyecto de ley deberá concordarlo con el resto de la legislación.
Los legisladores deben respetar su investidura.
Al extremismo, de cualquier tipo, suelen ocurrirle estas cosas.