Todo sistema de salud debe ser analizado desde tres perspectivas: a) las reglas de cobertura, b) los financiadores de la salud y c) los prestadores médicos.

La regla de cobertura establece los esquemas de protección de las personas y cuál será el origen de los recursos. En la Argentina conviven tres subsistemas:

 i. El subsistema público cubre al total de la población y se financia con rentas generales.
 ii. El subsistema de seguridad social cubre a trabajadores formales y jubilados, y sus familias (55% de la población) y se financia con aportes salariales.
 iii. El subsistema privado cubre a trabajadores formales, y sus familias, que derivan sus aportes a una empresa de medicina prepaga (EMP) (10% de la población), más personas que se afilian voluntariamente a una EMP (5% de la población); los primeros se financian con aportes salariales más pagos de bolsillo por complemento de cuotas, y los segundos, con pagos de bolsillo por la cuota completa.

Del total de recursos que se asignan a salud en la Argentina estimados en el 10% del Producto Bruto Interno (PBI), el sistema público de salud aporta 2,5% del PBI, la seguridad social y las EMP el 4,5% y el gasto privado de las familias el 3%.
Los financiadores de la salud son las entidades que reciben los recursos de la salud y gestionan la compra de productos y servicios médicos para atender a su población bajo cobertura. En la seguridad social estas entidades son las obras sociales (OS) y, en la medicina privada, las EMP. Éstos compran los productos y servicios a prestadores médicos.
Los prestadores médicos son los profesionales, laboratorios, centros de diagnóstico y tratamiento, clínicas y sanatorios privados y hospitales públicos. Un aspecto que usualmente pasa inadvertido para la mayoría de la sociedad y de la dirigencia política, es que aun cuando en la Argentina la red pública de prestadores de salud es muy importante, está lejos de ser la principal vía por la que los argentinos acceden a servicios de salud. En la Argentina, el 60% de las instituciones de salud son privadas. Dentro del sector privado las organizaciones con fines de lucro son el 95% y concentran el 87% del total de camas privadas del país. Además, en su gran mayoría se trata de pequeñas y medianas empresas. El tamaño promedio de los establecimientos del país ronda las 50 camas.
Así, los financiadores institucionales del sistema de salud compran mayoritariamente servicios médicos a los prestadores privados. Lo mismo ocurre con el gasto privado directo en salud que hacen las familias que es destinado a prestadores privados. De esta forma, se puede decir que el 75% de los recursos en salud son destinados a prestadores médicos privados para brindar atención médica al 70% de la población.
Dentro del gasto total de los financiadores, según datos de PAMI y de ADEMP, el 65% se destina al pago de honorarios y aranceles por prestaciones médicas recibidas por sus afiliados, un 15% corresponde a medicamentos y el restante 20% a gastos administrativos. Es decir, que dos de cada tres pesos que gestionan los financiadores institucionales de la salud se dirigen hacia prestadores médicos privados. Sin embargo, existe un importante descalce entre el momento en que los financiadores institucionales reciben los recursos, sus afiliados reciben la atención médica y los prestadores reciben el pago por dichas prestaciones médicas.
Las personas reciben las prestaciones médicas en el mes de cobertura. OS y EMP reciben los recursos de aportes salariales y cuotas desde el mes de cobertura hasta 30 o 40 días después de la misma. El prestador presenta la factura al financiador terminado el mes de cobertura, cuando se otorgó la prestación médica.
Sin embargo, aquella factura por prestaciones brindadas se abona hasta 90 días después. Si hubiera inflación y tasas de interés bajas y estabilidad del dólar, este desfase no sería un inconveniente, en la medida en que el ciclo de pago no se discontinúe. Pero, en la situación contraria, el perjuicio para los prestadores médicos es enorme debido a los gastos que no pueden diferir. Los salarios y cargas sociales (74% de sus costos) deben ser abonados apenas termina el mes de cobertura y los proveedores de insumos (26% de los costos) exigen ser pagados no más allá de los 60 días.
Aun cuando haya aumentos de aranceles por parte de financiadores, el daño que ocasiona la cadena de pagos no se mitiga, porque dichos aumentos son compensatorios de aumentos de salarios –no de insumos, muchos de ellos dolarizados– y llegan a los prestadores médicos a los 90 días de que éstos tuvieron que pagar los aumentos de salarios y los aumentos de precios de insumos. Si a esto se agrega la suba de la tasa de interés sobre el capital de trabajo, la tensión financiera sobre los prestadores es difícil de sobrellevar, impactando en la rentabilidad de las instituciones hasta llevarlas al déficit económico.
La inestabilidad económica genera riesgo sanitario desde el momento en que promueve la posibilidad de que masivamente quiebren prestadores médicos privados que son mayoría respecto a los prestadores públicos. Es imposible que los prestadores públicos puedan contener la demanda sanitaria que hoy atiende el sistema privado. Los prestadores que no quiebran y se mantienen funcionando terminan convirtiéndose en los financiadores fácticos de la salud en la Argentina ya que financian, con su capital de trabajo y su patrimonio, a los financiadores institucionales.
 

(*) Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina.