Cada fin de año es una oportunidad para la reflexión, el balance y la proyección. Quisiera aprovechar la ocasión, entonces, menos para un compungido listado de falencias puntuales y recurrentes oportunidades perdidas, que para un genuino ejercicio de reflexión crítica y autocrítica. Pues sólo mediante este paso lograremos evitar la posverdad y el autoengaño que nos empantana en un presente perpetuo, impotente de futuro.
Efectivamente, el mayor desafío que debemos afrontar los argentinos consiste en adoptar un nuevo posicionamiento frente a la realidad, evitando todo tipo de desviacionismo que concentra toda la atención en una cuestión que, aunque pueda ser importante, nunca agota por sí misma lo esencial que debemos superar. Desviacionismo que podemos ilustrar con la figura de “trenes” que prometen llevarnos a una estación superadora pero que conducen a una vía muerta, devorando energía y tiempo estériles.
Lo cierto es que la realidad sanitaria es compleja y, por definición, opera en una multiplicidad de dimensiones que deben abordarse de manera conjunta, con una planificación estratégica. Muchas son las falacias que funcionan como velos que parcializan esta realidad, tergiversándola. Falacias de autoridad (“la agenda que plantea el G-20 Salud”), de peligro (como alarmas desproporcionadas), de dilación (“no es el momento”), de confusión (como la Cobertura Universal de Salud), y otros clásicos específicos del área sanitaria, como las falacias de la pobreza, de educación, del presupuesto. Una a una debemos desmontar estas falacias, corriendo así el telón que oculta la realidad. Pues al decir de Aristóteles: “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.
Hablar de salud en la Argentina significó siempre hablar de “pobreza”. No obstante, la viabilidad financiera de un sistema de salud no depende sólo de la evolución de las variables macroeconómicas ni de la fluctuación en las necesidades y las demandas, sino de la planificación estratégica y de una política de gestión basada en una estructura de costos, que son los elementos centrales del diseño de acción. Una red prestacional única de atención médica debe combinarse con una logística productiva, de manera que pueda lograrse una readecuación eficiente de los recursos que aún nos restan. De la misma manera, debería resultar ya claro que no se trata de cuánto se gasta en salud, sino en qué y cómo, de su control y monitoreo.
La situación económica actual implica una combinación de recesión con inflación, que los economistas llaman stagflation o estanflación. La inflación, como lo señalara Elías Canetti, no sólo es una problemática económica, sino que devalúa –junto a la moneda– a la capacidad de las personas y de las familias de proyectar su vida. Las humilla y genera impotencia. En un contexto que además es recesivo, genera una profunda inequidad en la población, que en el campo de la salud resulta particularmente determinante.
Equidad y racionalidad, justamente, son dos ejes ineludibles a la hora de diseñar una planificación estratégica de salud. Para ello, en un contexto tan complicado como el presente y el que se avizora, el Estado debe más que nunca afianzar su capacidad de intervención y regulación frente al funcionamiento del mercado.
La famosa “mano invisible” del mercado corre el riesgo de parecerse al garfio del pirata si no cuenta con las otras dos manos que planteaba el propio director del FMI hacia 2006, Michel Camdessus: la mano de la justicia del Estado y la fraterna de la solidaridad.
En el área sanitaria, sin embargo, vemos medidas que van en sentido contrario a fortalecer una gobernanza adecuada. Por un lado, la formal pero fuertemente simbólica degradación del Ministerio de Salud a Secretaría de Estado; y por otro, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la devaluación del personal de enfermería, excluyéndolo de lo que en verdad es: profesionales de la salud.
La medida asombra por completo. En vez de revalorizar la profesión, cuando nuestro país cuenta con apenas 4 enfermeras cada 10.000 habitantes (junto a países como Honduras, República Dominicana o Haití; y muy por debajo de los 150 de Finlandia, 100 de EE.UU. y los 40 de España). Va a contramano de recomendaciones internacionales, de una ley nacional de 2013 que reconoce a la carrera como de riesgo público, y contra la historia misma de nuestro país que ya en 1959 supo crear la Escuela Nacional de Salud Pública y el Bachillerato en Sanidad, que contaba con la enfermería como un puntal de orgullo.
La decisión gubernamental, por el contrario, rememora épocas menos felices para la sanidad, compartiendo un aire de familia con el olvidado decreto 1045/92 que en 1992 indicaba en el Boletín Oficial: “Delégase en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otros la facultad para aprobar las Estructuras Organizativas de Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales”. Es decir, en términos llanos, subsumir la salud pública a la racionalidad mercantil.
A propósito de ello, vale evocar la recomendación del Premio Nobel de Economía Kenneth Arrow, quien decía: “no hay innovación sin intervención del Estado. El beneficio comercial de toda inversión es inferior al beneficio social”. En este sentido, afirmó hace décadas que, por un lado, el Estado no alcanza para garantizar el servicio de salud, pero al mismo tiempo, el sector privado tampoco tiene la tutela para hacerlo. Por ello, pregono un sistema integrado, en el cual los recursos de ambos sectores (y, si se quiere considerarlo así, también del tercer sector de las Obras Sociales) se complementen y se potencien entre sí.
Otro ganador del Nobel de Economía, el francés Jean Tirole, le da visibilidad y legitimidad a una problemática particularmente dañina en el campo de la medicina, y que la visión mercantil clásica deja de lado: los oligopolios. En sus palabras: “numerosos mercados están dominados por algunas empresas que influyen sobre los precios, los volúmenes y la calidad, pero la teoría económica no se ocupa de esos casos, conocidos como oligopolios”.
El aporte de Tirole es demostrar la necesidad de regular las industrias oligopólicas, así como las monopólicas (éstas, en verdad, suelen contar con una regulación específica, aunque no en nuestro país). Tras una investigación de treinta años y con un planteo científico, incluso de corte matemático, el francés propone una vigilancia financiera y una regulación macro-prudencial hacia estos gigantes del mercado. Algunos de sus planteos son cristalinos y sumamente sugerentes, como cuando indica “que los reguladores no se transformen en los abogados de quienes deben controlar”.
Este tipo de aporte debe ser apropiado como herramienta para afrontar un pensamiento crítico y propositivo, el cual nos permita reconocer la situación sanitaria y así asumir la responsabilidad y el compromiso de revertirla y no sólo mitigarla. De ahí que se imponga a la brevedad llevar adelante el Acuerdo Sanitario, convocado por el Estado Nacional, cuya negociación motorizará la transformación en post del bienestar ciudadano.