Cuando se han acallado las noticias sobre el G20 y el éxito de la reunión de los “poderosos de la tierra” en Buenos Aires, surge una inquietud sobre nuestro capítulo de interés. En octubre de este año, las autoridades sanitarias de los países que conforman el G20 se reunieron en Mar del Plata y definieron cuatro temas comunes y significativos para todas estas naciones.
Se acordó que las prioridades para todos ellos eran la expansión de la cobertura universal en salud, la prevención y control del sobrepeso y obesidad infantil, la resistencia microbiana y la preparación de los sistemas de salud para responder a crisis y pandemias.
Resulta innecesario destacar la importancia de los temas elegidos y sería necio desconocer los alcances de estas cuatro verdades comunes para todo el mundo.
Sin embargo y de acuerdo con la información que hemos escuchado en esos días del encuentro más significativo que ha tenido nuestro país en muchos años y acallados los aspectos del glamur de las importantes personalidades que asistieron, pareciera que algunos de los temas de interés para la atención de salud no fueron abordados o al menos no con la debida prioridad.
Por lo que escuchamos y leímos sobre este cónclave, el foco indudable fue la respuesta de las relaciones entre las naciones en cuanto a la producción de bienes y servicios, su relación con los medios para sustentarlos y las ventajas y desventajas para su acceso en cada país.
Se debatió sobre derechos de importación y exportación, barreras arancelarias y costos diferenciales de producción, se firmaron acuerdos y estrecharon sus manos los responsables de las naciones con tres cuartas partes de la población y de la producción de riqueza del mundo.
Sobre lo tratado en este encuentro hemos recibido mucha información y es posible que, por la abundancia de datos sobre algunos de los temas expuestos, otros que se han tratado no fueron tan visibles y por eso no hubo noticias sobre ellos, al menos para los medios locales.
Con esa mirada resulta llamativo que la economía de la salud no haya sido subrayada por el interés de su impacto a nivel universal.
Este tema, ausente según mi punto de vista, constituye un problema planetario porque impacta en la situación de la salud de la población no sólo de los países más postergados o con atrasos notables, sino incluso de los más desarrollados y de mayor PBI per cápita de nuestro planeta.
Me refiero específicamente a la aceleración de la inflación en los costos de la atención de la salud que progresivamente ha ido erosionando las capacidades financieras de las comunidades.
Ya hemos hablado largamente sobre este fenómeno y es indudable que al mismo concurren factores más que conocidos como la longevidad y el envejecimiento de la población, la mayor disponibilidad del acceso a la información o el deseo de incrementar más y mejor la calidad de vida.
Pero también existen otras cuestiones donde los actores del interior del sistema de salud tenemos participación.
Hace algo más de una década se popularizó la frase “no existen personas sanas, sino insuficientemente estudiadas” y teniendo en cuenta el origen catedrático del dicho, no resulta extraño que aun sin reconocerlo explícitamente, el concepto se ha hecho carne entre nosotros.
Por un lado, la logarítmica aceleración de la innovación tecnología y por otro el acceso a la información, han conducido a tomar como válida esta afirmación no sólo por los pacientes sino también por los médicos, los medios de comunicación y la justicia.
Esta convicción lleva a los sistemas de salud del mundo y por supuesto también al de nuestro país, a acercarnos peligrosamente al precipicio de la falta de financiamiento de la atención sanitaria en un sentido amplio y especialmente cuando está sustentado por el criterio de la solidaridad.
Hace pocos días el periódico La Nación publicó en su suplemento económico algunos datos conocidos para quienes trabajamos en el sistema, aunque resultan novedosos para el público general.
Allí se señalan parte de los problemas que llevan a aumentar la preocupación por el presente y el futuro de la atención de salud jaqueada por la creciente brecha entre los costos a afrontar y los recursos disponibles. Esta diferencia se acentúa por la aceleración de la innovación y el creciente impacto en los precios de los productos de uso médico.
Este hecho ha creado un dilema que conduce al enfrentamiento ético de dos lógicas a veces contrapuestas, la clínica y la de la salud pública. Así como es de esperar que podamos acceder a todos los medios existentes para solucionar nuestro problema de salud, es indudable que desde siempre los recursos han sido menores que las necesidades. Por eso toda nueva necesidad para ser atendida debería estar sustentada económica y financieramente.
Sin embargo, hasta ahora hemos hecho precisamente lo contrario. Nos obligamos a brindar tecnologías muy novedosas, muchas veces eficaces, pero no decimos de dónde va a salir la plata para obtenerlas.
Como sociedad queremos todo, un sistema sustentable pero no estamos dispuestos a pagar más por nuestra salud. No aceptamos limitaciones al acceso a las nuevas técnicas, equipos o prestaciones, y exigimos que se nos brinden sin importar si pueden ser costeadas.
Como sociedad celebramos que se sancionen leyes y normas, muchas veces imprecisas, sin que se haga mención sobre cómo se financiarán sus alcances. Cuando en las encuestas preelectorales nos preguntan en qué lugar de importancia ubicamos a la salud, la colocamos en noveno o décima prioridad.
Cuando pedimos que exista una verdadera política de estado en este tema, los legisladores no lo consideran ni tampoco seriamente los políticos hacen esfuerzos para colocar en la agenda del país, el tema de la atención de nuestra salud.
Adicionalmente, al riesgo de la imposibilidad de mantener la sustentabilidad de lo que ahora tenemos, se suman las enormes diferencias de accesibilidad a los servicios, muchas veces incluso a los más elementales y muy especialmente a las tecnologías de punta a las que sólo accede la mitad de la población del país.
La población desprotegida o llamada en la jerga “sin cobertura” depende del esfuerzo de los trabajadores del sistema estatal en sus distintas versiones, acorralados por la insuficiencia de sus ingresos y el estrés laboral ante la falta de elementos para responder a las necesidades de quienes acuden a estos servicios.
Es justo reconocer que recomponer el sistema de gestión pública en sus distintos subsectores que ha sido descuidado por años, llevará mucho tiempo, pero si no se da inicio a esta epopeya, el déficit del subsector estatal se irá agravando rápidamente.
La pregunta que nos hacemos es cómo abordamos problemas tan diversos y de tanta magnitud.
Los locales debieran ser resueltos mediante recursos de gestión concreta, existentes y disponibles a partir de un acuerdo y consenso de los diferentes grupos de interés involucrados.
Es mucho más complicado abordar y solucionar aquellos que dependen de intereses supranacionales y que implican políticas sólidas para enfrentar a una de las industrias más poderosas de la tierra y que son los productores de tecnologías médicas, en particular los laboratorios multinacionales.
Ellos nos dicen que, por cada diez mil drogas estudiadas y ensayadas, sólo se consigue una nueva, exitosa, útil y de probada eficacia. En esta aseveración se basan para explicar los desmesurados precios de venta de estos productos. Es posible que el desarrollo de nuevas tecnologías implique inversiones gigantescas, pero también se omite detallar algunos de los costos implícitos que los productores exhiben a medias. En este rubro, las presentaciones de los nuevos productos, la invitación a quienes pueden prescribirlos o autorizar el pago, las diferencias de precios en distintos países, las patentes renovadas para cada nueva aplicación, el importe a pagar según exista un tercer pagador entre otras situaciones, quedan sin explicar. Tampoco se puede demostrar el porqué de las diferencias de precios en distintos países y aun en el mismo lugar.
Por eso sería conveniente buscar soluciones, algunas de ellas basadas en el acuerdo con diferentes naciones sobre las estrategias a adoptar en conjunto y en particular incentivar el desarrollo de las empresas locales para ayudar desde el estado a la investigación y producción de tecnologías de alto costo a nivel nacional o regional.
En nuestro país, en particular, existe además de una fuerte tradición, una industria farmacéutica muy desarrollada y constituida por un núcleo de empresas de gran capacidad científica y técnica que ha demostrado creatividad y eficiencia en la elaboración de productos medicinales. También profesionales del país han desarrollado tecnologías médicas que fueron aceptadas, adoptadas y comercializadas en todo el mundo.
Estos hechos y la calidad del capital humano del sector nos ubican en un lugar de privilegio si tomamos la iniciativa de considerar la atención de la salud como una de las funciones esenciales de la política del país.
Sin salud no habrá desarrollo.

(*) Médico, diplomado en Salud Pública. Docente de Salud Pública. Director Médico de OSPSA Sanidad.