La solidaridad en un sistema de salud es un concepto rico y complejo, cargado de una historia, política, ética y social, que no debe olvidarse a la hora de darle un significado. Se acepta la salud como un valor social y por ello se organiza un sistema sanitario que brinde la atención según necesidad, no según capacidad de pago del trabajador.
Reconocer que el buen estado de salud es un bien solamente temporal, debe actuar como motivación para preocuparse de la salud de los otros y asumir costos colectivos, porque individualmente llevarían al quebranto.
Pero la sociedad, comenzó a ser dominada por valores y principios individualistas y centrados en una falsa libertad. La ciencia ha demostrado que en salud no somos libres, estamos prisioneros de nuestros genes, que decidirán nuestro futuro. El ADN es el software de nuestra vida que decide nuestra conducta, nuestro estilo de vida y nuestras enfermedades. Por ello, la medicina será cada vez más personalizada, participativa, predictiva y preventiva.
Hace falta resolver las contradicciones en nuestro sistema de seguridad social, si queremos que la solidaridad deje de ser un valor meramente testimonial como un patrullero vacío, haciendo una custodia.
Hubo hitos que marcaron el desgranamiento y el goteo que llevó a la pérdida de la sostenibilidad.
Pero, mientras la salud no esté en la agenda pública ni en la política, es muy difícil revertir estos desatinos.

El decálogo de esos hitos puede sintetizarse y cuantificarse así:

1. El descreme y la triangulación. La salida de los cotizantes de ingresos más altos, traspasados al sector privado mediante una triangulación no regulada y el incremento de cotizantes con salarios más cercanos al salario mínimo, llevó a una caída desde el año 1998 al 2018 del 37% al promedio de ingreso en las grandes OSN sindicales con respecto al promedio del sistema.

2. El régimen simplificado del monotributo, con aportes muy inferiores al promedio del sistema e independiente de la categoría del monotributista. En octubre de 2018, el aporte es de $536,35 y el costo del PMO alcanza los $1.300, y además se cubren los gastos de salud por accidentes laborales porque no tienen ART.

3. El monotributo social (el sector más vulnerable del trabajo informal) con el mismo valor $536.35 (la mitad del aporte lo realiza Desarrollo social). En este ítem se observa una inscripción de población con necesidades urgentes de tratamientos que no son recepcionados por el sector público. El empadronamiento de esta población superó en 2018 los 450.000 beneficiarios.

4. La ANSES transfiere para la atención de los jubilados que optaron por permanecer en las OSN $192, menos del 10% de lo que transfiere al PAMI.

5. Prestaciones de Educación y Transporte, que en ninguna parte del mundo se financian desde la salud. Las obras sociales no tienen la competencia adecuada para atender estas necesidades, como la formación del personal de transporte ni los recursos para administrarlas. Estas prestaciones se financian en otros países por diferentes áreas del gobierno, donde además de la salud, intervienen educación, protección social, trabajo, transporte y vivienda (Fuente: Informe Mundial Sobre la Discapacidad; OMS y Banco Mundial).

6. Cobertura de los afiliados y sus familias cuando han perdido el trabajo. Hay 200.000 beneficiarios en estas condiciones en el último registro, que tienen su cobertura en las OSN; principalmente en las sindicales donde es mayor la baja laboral.

7. Morosidad y evasión. La morosidad y el trabajo en negro o con registros que están muy lejos de la realidad llegan al 50% y esta situación se sostiene en el tiempo ante las amenazas del cierre empresarial cuando se intima su regularización.

8. Retención de recursos del sistema solidario en el FSR que se acumuló por inobservancia de las disposiciones legales vigentes. Y fue reconocido por el Gobierno Nacional en el decreto 908/2016 creando un mecanismo de restitución de los 27.000 millones de pesos acumulados, por cierto, sin ningún ajuste por inflación (que no recibieron las OSS, porque aún no pudo ser cumplimentado).

9. Prestaciones dictadas por leyes sin presupuestos. Ejemplo de ello han sido entre otras, las leyes de Contraconcepción; ley de Fertilización Asistida y la ley de Obesidad incluyendo los tratamientos quirúrgicos de la misma.

10. Judicialización de las nuevas tecnologías. La nueva tecnología irrumpe llevando a los medios públicos la angustia de los pacientes que se aferran a una esperanza nueva se instala en la agenda pública, legislativa y judicial. No existe regulación, ni herramientas que la faciliten, por ello suelen terminar o comenzar en un amparo judicial muchas veces para tratamientos inefectivos o al menos ineficientes.
    La Evaluación de la Tecnología Sanitaria es una forma de política de investigación que examina las consecuencias a corto y a largo plazo del uso de tecnología de cuidados en salud. Es un proceso multidisciplinario que resume las informaciones sobre los temas médicos, sociales, económicos y éticos relacionados al uso de la tecnología en salud de manera sistemática, transparente, imparcial.
    No es una limitante de amparos ni de la judicialización: es sí una garantía para los pacientes y proscriptores de un mejor conocimiento de la tecnología. Además, a diferencia de los países del primer mundo, y aun países de la región, la Argentina carece de un Ente, Agencia, o Comisión Interministerial que regule los precios de la tecnología de alto costo

(*) Gerente Planeamiento OSUTHGRA. Director del Policlínico Central de OSUOMRA. Miembro del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social.