Entendemos por salud pública el conjunto de instrumentos y técnicas que permiten reconocer necesidades en la salud comunitaria, evaluar los problemas que esas necesidades generan y aplicar y monitorear recursos para gestionar su solución. En este sentido, la salud pública es responsabilidad de los gobiernos, hoy y siempre. Lo que cambia es su alcance, principalmente por el desarrollo de los instrumentos de ciencia y técnica que permiten una mayor y mejor política sanitaria.
Efectivamente, dichos avances han permitido conquistas envidiables para la humanidad de épocas pretéritas, como crecimiento en la duración y calidad de vida con el saneamiento ambiental y la vacunación masiva, entre otros factores. Aunque la tecnología, al igual que el dios Jano de la mitología romana, tiene dos caras. Por caso, la contracara de los avances que trajo la Revolución Industrial la vemos en el calentamiento global; y a su vez, será apelando a otras tecnologías, como las energías renovables, que podremos reducir el daño. En definitiva, la ciencia y la tecnología implican avances que conllevan también múltiples riesgos. En medicina, el riesgo de uso acrítico, sin el monitoreo adecuado, generando aplicaciones superfluas y hasta nocivas, además de costosas. También existen los conflictos bioéticos que surgen con la manipulación genética, que nos enfrenta a las fronteras de la legalidad, la ética y la decencia.
Desde hace décadas, sin embargo, los desafíos de las políticas sanitarias en particular, y públicas en general, pasan por lograr la equidad frente a un mundo con crecientes recursos, pero con una igualmente creciente desigualdad. Lo cierto es que las políticas sanitarias se centran en paliar las enfermedades, pero no suficientemente en sus causas. A lo sumo, se habla de determinantes, como la OMS que en 2004 creó una Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, pero poco de condicionantes y predisponientes. Ciertamente, el acceso a agua potable y a red cloacal es una genuina política sanitaria, pero incluso eso resulta insuficiente si la política económica sumerge a la población en el desempleo y la precariedad económica. Pues no se trata meramente del entorno social, sino del sustento social, de la trama misma que conforma la vida.
Baste señalar los datos en nuestro país sobre el incremento de la tuberculosis, la disminución en el consumo de carne y la consolidación del chagas(1) para comprender que la frase de la OMS, “uno de los modos más efectivos de combatir la pobreza es mejorar la salud”, es tan cierta como su reverso: para mejorar la salud, bien vale disminuir la pobreza. A este respecto, merece mirar hacia Canadá, quien recientemente redujo su tasa de pobreza con una metodología integral, un mecanismo multisectorial de redes regionales, centrado en la capacitación laboral y con un objetivo claro: no quieren mejores pobres, sino menos pobres(2).
El Estado, en su rol de responsable y garante de las políticas públicas a desarrollar, debe garantizar el acceso a la atención sanitaria, como un bien privado prevalente, y asegurar su acceso frente a las asimetrías del mercado, como un gestor y productor de bienes y servicios públicos. Debemos recuperar la noción de Estado de Bienestar, no desde una ambición estatista demodé, sino de manera crítica, pues bien sabemos que la integración de los sectores público y privado resulta ineludible desde hace décadas (cuando primó la desestructuración estatal).
En ausencia de planificación estratégica e incapacidad de gestión por desconocimiento en lo referente a las herramientas contemporáneas de logística administrativa (entendida como el conjunto de medios y métodos para llevar a cabo un fin determinado en un proceso complejo) debemos exigir, como mínimo, la responsabilidad estatal en la regulación. Sólo así podremos enfrentar la realidad de prácticas discrecionales, abusos ilegales y ausencias sistemáticas en la cultura laboral, todo lo que da lugar a la corrupción en sus múltiples formas y, lo que es peor, a su normalización o aceptación banal. En la actualidad, y como ejemplo concreto, esta deficiencia logística queda demostrada en la imperfección del desarrollo en los programas de vacunación (ley 27491/2018)(3).
Como botón de muestra, merece señalar la tragedia del IOMA que acumula denuncias de corrupción encajonadas desde la gestión anterior, a lo que se suma una actual, que incluye datos y nombres precisos de diversos mecanismos de fraude, tales como la duplicación de partidas de medicamentos para su venta en el mercado negro, generando “cifras multimillonarias”(4).
Hace ya veinte años, planteaba sobre el cambio de concepción y ejecución necesarios para revertir la condición sanitaria. Sostenía entonces que las herramientas de gestión, ¬como la informática y la auditoría (fiscal, pero también médica, como herramienta de investigación/acción), son imprescindibles pero impotentes si no están acompañadas de una fuerte decisión política que se sustente en el realismo, la audacia y la capacidad de ejecución. Sólo así se podría recuperar credibilidad social y enfrentar un orden de situación dominado por intereses corporativos espurios.
La cuestión permanece más válida que nunca. Pero acaso el mayor obstáculo no radique en los males, sino en nuestra incapacidad para conjurarlos. En efecto, padecemos de un verdadero síndrome de desmoralización. La desmoralización nos desanima, nos quita la energía necesaria para transformar las condiciones que la producen, generando así un círculo vicioso. Nos atrofia la inteligencia, nos anestesia frente a la realidad y, confundiendo cinismo con sagacidad, hasta nos solazamos en la mediocridad, como si se tratara de una idiosincrasia eterna e inevitable, y por ello casi entrañable (recordemos a nuestro Ingenieros quien afirmaba que “la mediocridad es más contagiosa que el talento”).
Debemos evidenciar cada vez todo acto de corrupción para evitar así su normalización que antecede a su aceptación, que implica lisa y llanamente, su impunidad. Pero al mismo tiempo, debemos correr el velo de la corrupción, que más que causa es consecuencia de la falta de compatibilidad entre intereses económicos corporativos y la democracia. Decía ya Juan Bautista Alberdi: “El empobrecimiento en el que ha caído y está la República Argentina no es una crisis, es un estado crónico, normal, tradicional que la forma el orden irregular en que viven sus intereses económicos”(5).
No tenemos la salud que merecemos, no contamos con la política sanitaria que podríamos tener, no aprovechamos los recursos que aún tenemos, no conformamos el lazo de solidaridad que nos fortalecería como comunidad. En definitiva, no llegamos a constituir una verdadera Nación. Existe, pese a todo, la potencia para superar esta situación. El éxito no está asegurado, pero nuestro fracaso tampoco es un destino inmodificable; depende de todos nosotros (aunque con responsabilidad diversa). Los recursos están, hace falta aprovecharlos con racionalidad y justicia. Se requiere una voluntad colectiva lo más amplia posible que incluya y empuje a la decisión política. La solidaridad como lazo fundamental de la sociedad humana, como moral que nos constituye mutuamente debe ser nuestro motor, y la esperanza nuestro combustible. No desatendamos la necesidad de iniciar la marcha.


Referencias
(1) “Vuelve a crecer la tuberculosis”, Clarín, 1/04/19; “El consumo de carne vacuna cayó 13,4% en el primer trimestre”, La Nación, 5/04/19; “Todavía nace un bebé con Chagas cada 6 horas y buscan evitarlo con una campaña”, Clarín, 28/03/19.
(2) “Ganar la guerra contra la pobreza”, Clarín, 8/4/19.
(3) “Prevención: faltantes de vacunas”, La Nación, 15/04/19
(4) “Inmorales”, en Noticias&Protagonistas, 24/02/19
(5) “Alberdi, J.B. Escritos póstumos, Ediciones Gizeh, Buenos Aires, 1990, p.297.