La pobreza puede ser vista desde diversas miradas: la de la capacidad de generar ingresos superiores al valor de la canasta básica total, o la estructural en la que existe persistencia de la incapacidad de generar esos ingresos. En ambos casos, multidimensional, con condiciones de vivienda precarias, sin acceso a servicios sanitarios, bajos niveles de educación, violencia, escasa formación y experiencia para el empleo, etc.
También existen distintas posturas sobre el tamaño del sector público en el país. Una sostiene que el actual es excesivo, otra coincide en que el gasto es elevado, aunque señala que se debe ser realista con el ritmo al que es viable reducirlo; una tercera sostiene que el nivel del gasto es adecuado, y que en todo caso se trata de mejorar su calidad.
Un documento que examina los sectores públicos de los países de la OCDE muestra que en ellos el gasto público promedió 40,9% en 2015; prácticamente el mismo que en la Argentina, donde el ingreso promedio por habitante es 3 veces más bajo que en la mayoría de aquellos países.
Luego de la crisis de 2009 todos los países aumentaron el gasto en servicios sociales: en la OCDE el tamaño del Estado creció 2 puntos. ¿Qué pasó en la Argentina en ese tiempo? En 2007 el tamaño del Estado era 28,7% del PBI, y llegó a 42,2% en 2015: creció 13,5 puntos. El número de empleados públicos como porcentaje del empleo total en los países más ricos aumentó a 18,1%, en la Argentina es alrededor de 16%, y entre 2003 y 2015 el empleo público en Nación creció 52% y en provincias 53%.
Casi 1 de cada 4 asalariados formales en el país son estatales, el doble al promedio de Latinoamérica. Estados Unidos tiene 3.143 condados con una población de 326 millones de habitantes (un condado cada 103.700 habitantes); en la Argentina hay 44 millones de personas y 2.300 municipios (un municipio cada 19.130 personas): el costo recae sobre mucho menos personas en la Argentina.
Nuestra Cámara de Diputados tiene un presupuesto anual equivalente a 208 millones de euros, y 257 diputados: costo promedio por legislador 67.400 euros/mes (sueldo propio y de colaboradores, teléfonos, secretarias y movilidad, entre otros).
España tiene 350 diputados y un presupuesto de 91 millones de euros, una relación por legislador de 21.700 euros/mes. El costo por diputado argentino es 3 veces mayor que el de un español. La Cámara de Senadores tiene un presupuesto anual equivalente a 204 millones de euros, y 72 legisladores: costo promedio 236.000 euros/mes; 13,5 veces mayor que el de un español (allí ese cuerpo tiene un presupuesto anual de 56 millones de euros, y 266 miembros: costo promedio 17.540 euros/mes). El ingreso per cápita de la Argentina es u$s 14.400 y el de España u$s 28.156, pero nos damos el “lujo” de tener estructuras legislativas muchísimo más caras que España.
Desde 1975/76, la Argentina se desvió de lo que sucede en los países vecinos, hasta ese momento, si bien había problemas, la pobreza era baja y las posibilidades de ascenso social elevadas. La dictadura generó, en el plano económico, crecimiento de pobreza y desigualdad, pérdida del 25% del poder adquisitivo, y crecimiento de la deuda externa. El 10 de diciembre de 1983 dejábamos atrás una pesadilla, y después de mucho tiempo el pueblo argentino se encolumno detrás de un ideal y objetivo común: construir una sociedad justa, moderna y desarrollada.
35 años después, si bien se ha avanzado en la consolidación de un régimen democrático y participativo, las expectativas de crecimiento sostenido y de una mejora en lo social, con creación de empleo y descenso de la pobreza y desigualdad se han visto frustradas una y otra vez. Los problemas sociales, lejos de mejorar, han empeorado: la pobreza, 16% en 1983 (40% en A. Latina) fue creciendo hasta llegar al 32, mientras en la región se redujo 10 puntos; la informalidad laboral se encuentra estancada en el 33% y la desocupación, se redujo en los 2000, pero por expansión del empleo público.
Entre 1983 y 2003 el gasto público consolidado fue de alrededor del 28% del PBI, creció vertiginosamente llegando en 2015 al 44%, mientras la presión tributaria pasaba del 22 al 32% del PBI. Hoy son los más altos de la historia, y la calidad de los servicios e infraestructura han empeorado y dirigencia y sociedad no han podido alcanzar un consenso sobre los problemas más relevantes que aquejan a los ciudadanos, ni acuerdos mínimos sobre temas económicos centrales, una estrategia de desarrollo, el rol del estado, o la mejora de la educación, la salud, la justicia y el federalismo.
En la primera mirada sobre la pobreza, cabe esperar, que una mejora económica baje nuestros niveles de pobreza entre hogares vulnerables, y la estabilidad de precios indispensable, pero no suficiente, ayude a paliar esa vulnerabilidad, y la posibilidad de sostenerla en el tiempo, pero no lo hará automáticamente en el 20%, que requiere mucho más que mejoras de la economía.
Resolver el problema de esa segunda mirada requiere de políticas estructurales, y allí resulta imprescindible y urgente la presencia de un Estado nacional, provincial y municipal que mejore sustancialmente la calidad de su gestión, más profesional en la gestión del gasto público y de los sistemas de salud y educación. En salud, esta transformación requiere una autoridad con poder real, y una política sanitaria que no puede concretarse sin voluntad política, capacidad para integrar recursos y generar acuerdos que sobrevivan más de una administración. La pérdida de jerarquía de esa autoridad puso en evidencia la falta de ideas, liderazgo y respaldo político al sector.
El ejercicio efectivo de las funciones de rectoría constituye un requisito básico, en un país federal, en el cual la compensación de desigualdades es tarea clave. El gobierno debe recordar, su deber irrenunciable en el cumplimiento cabal de las funciones esenciales de Salud Pública, con independencia de las dimensiones del Estado, en términos de número de trabajadores o volumen de gasto que insuma. Olvidarlo hizo que un Ministerio de Salud sin gobierno, llevara a un gobierno sin Ministerio de Salud..