Hace algo más de un par de meses atrás, a través de la Resolución Nº 872/2019, el Gobierno autorizó tres aumentos -para los meses de julio, agosto y setiembre- que suman un 17,5% de incremento en las cuotas de las empresas de Medicina Prepaga y de las Obras Sociales que prestan y facturan servicios a sus asociados.
O sea, permítaseme la analogía, autorizó tres pequeñas transfusiones de sangre al sistema.
Todos los actores no dudan en decir que el sistema está complicado... y efectivamente, está complicado.
Si hiciéramos una mirada retrospectiva, podemos decir que resulta muy comprensible que el Gobierno anterior “estatizara” la medicina prepaga y le transfiriera al sector privado las obligaciones de la salud pública.
Y decimos esto porque la ley de regulación de la medicina prepaga no hizo otra cosa que “estatizarla” al incluir obligatoriamente en el sistema a las personas con enfermedades preexistentes, estableciendo también la obligatoriedad de asociar a personas sin límites de edad y fijando la imposibilidad de las entidades de establecer períodos de carencias, tres elementos que conforman, entre otros elementos, la base de sustentación técnica de los sistemas de seguros médicos en todo el mundo. De hecho, no existe ningún sistema con estas características en todo el mundo. No es casual, obviamente.
Decíamos que la “estatización” es entendible. Es lo que también hizo el mismo gobierno con Aerolíneas Argentinas, con YPF, AYSA, TBA y también, por qué no decirlo, con el empleo, al sumar masivas incorporaciones a la administración pública nacional. Todo eso es entendible porque forma parte de su filosofía política, en donde el Estado es el principal protagonista.
Ahora bien, lo que no resulta entendible es que el actual Gobierno mantenga esa línea. Y eso se vio claramente cuando legisló sobre los planes de cobertura médica parcial.
Es más, desde esta misma columna anticipamos que se iba a un fracaso de la idea, al lanzarla en el marco de la reglamentación de la “Ley de regulación de la medicina prepaga” y, por supuesto, en el marco de un sistema judicial que genera amparos iluminados por el mismo haz de luz de la estatización.
Los jueces también creen que el sector privado de la salud es parte de la “cosa pública”.
La pregunta que deberíamos hacernos -y que fundamentalmente debería hacerse el Gobierno- es sino llegó la hora de cambiar y, por lo tanto, de derogar esa ley.
Derogar la ley de medicina prepaga sería poner las cosas en su lugar, lo que es del estado al estado y lo que es de la actividad privada… a la actividad privada.
¡No se trata de anular la jornada laboral de ocho horas, ni de quitar la media jornada del sábado, ni el descanso dominical!
Se trata simplemente de volver a dotar al sistema de un equilibrio técnico que jamás debió haber perdido y cuyos resultados están a la vista. Tenemos un sistema empobrecido con médicos e instituciones prestadoras más empobrecidas aún.
Como ya señalamos, no existe ningún país en el mundo con una legislación como la actual. Y no existe porque simplemente es imposible de sustentarlo a lo largo del tiempo.
Resulta curioso que el Estado nacional establezca la obligatoriedad de aportar durante 30 años para acceder a una jubilación y nada para obtener una cobertura médica privada plena sin límites y sin cargo alguno.
¿Por qué el Estado exige determinados años de aportes? Simplemente porque si no el sistema no sería sustentable. Sin embargo, la sustentabilidad no está presente para nada en el sistema de salud. Inviable.
¿Y qué va a ser de las personas con enfermedades que nunca financiaron un seguro de salud? ¿Y qué va a ser de las personas mayores que nunca contribuyeron?
Simplemente las atenderá el sistema público, para eso todos pagamos impuestos. Así ocurre en todos los países del mundo en donde existe un sector privado.
Para tenerlo más claro aún: la gente en situación de calle puede ir a un comedor comunitario, pero los restaurantes no están obligados a proveerle la comida.
En fin, amigo lector, confiemos que Dios ilumine a nuestros gobernantes y sobre todo...que les provea de valor para hacer los cambios que hay que hacer.

(*) Director de Salud Corporativa de Willis - Towers Watson.