En los próximos 24 meses se espera que salgan al mercado cerca de 50 medicamentos con precios que superaran el millón de dólares. Hace pocos días la FDA, la agencia responsable de la regulación de medicamentos y alimentos de los Estados Unidos; aprobó para su comercialización un medicamento llamado Zolgensma, que representa la primera y única terapia génica que promete curar la Atrofia Muscular Espinal (AME). La Unión Europea y Japón, probablemente sigan el mismo camino y lo aprueben durante el año en curso.
Esta noticia, que representa una luz de esperanza para los pacientes que sufren esta enfermedad devastadora; provoca al mismo tiempo una fuerte inquietud en el ámbito sanitario internacional. La razón es contundente: el precio del tratamiento con este medicamento se estima que rondará los 2,1 millones de dólares.
Ya en diciembre de 2016, la FDA había autorizado la primera droga destinada a esta enfermedad. Se trata del Nusinersen, cuyo nombre comercial es Spinraza. Es la droga que se está utilizando en la actualidad en la mayor parte del mundo. Hasta ese momento, los pacientes en nuestro país debían recurrir a la importación del medicamento por el régimen de excepción dispuesto por la ANMAT (disposición 10.401/16) que permitía el acceso a un medicamento no disponible en el mercado farmacéutico argentino. Finalmente, la ANMAT lo autorizó en marzo de este año.
Pero el problema mayor que debían enfrentar estos pacientes era la negativa de cobertura de parte de los financiadores del sistema sanitario, tanto públicos, privados como de la seguridad social. Esta negativa estaba ligada al precio de este medicamento que oscila entre los 600 y 700 mil dólares por paciente y que el mismo no estaba contemplado en el Programa Médico Obligatorio.
Por este motivo para muchos pacientes la única vía para obtener la cobertura fue la judicial, mediante recursos de amparo. Actualmente hay cerca de 100 en curso en diferentes estadios.
Hasta aquí estuvimos hablando de la problemática que plantea la cobertura de un par de medicamentos, pero si tomamos en cuenta que durante los próximos dos años aparecerán cerca de 50 nuevas drogas para el tratamiento de otras enfermedades y que en su mayoría saldrán al mercado con precios astronómicos, cercano al millón de dólares; el problema adquiere otra dimensión.
No estamos preparados como país para afrontar el dilema que plantean las nuevas tecnologías de altísimo costo. Desde hace 4 años hemos tenido idas y vueltas para aprobar en el Congreso una Agencia de Evaluación de Tecnologías, que es uno de los pilares para empezar a dar respuestas racionales a estas cuestiones. El último intento de discusión sobre la Agencia está a punto de naufragar, presumiblemente por estar incluido en el proyecto de ley de blanqueo laboral, con el cual nada tiene que ver.
Es muy difícil encarar estos temas con seriedad si no se tiene en cuenta el concepto de “costo de oportunidad” que supone que, con un presupuesto finito, los recursos que utilizamos para financiar una prestación desfinancian o le quitan la cobertura a otra. Desde el Congreso Nacional se han sancionado cerca de una docena de leyes de cobertura por enfermedad sin especificar de dónde se obtendría el financiamiento y mucho menos qué se debería dejar de cubrir para obtener los recursos que insuman estas normas.
Y esta discusión no es menor en el marco de la situación socioeconómica de la Argentina con un 30% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Porque justamente, las enfermedades que van de la mano de la pobreza como la mortalidad infantil, la desnutrición, el bajo peso, la mortalidad materna y tantas otras; son poco visibles a la hora de discutir presupuestos. No tienen Lobby.
No tengo ninguna duda que las nuevas tecnologías de alto costo deben ser cubiertas por el Estado, Nacional o Provincial, al menos durante los primeros tres años a partir del momento de su aprobación en el país. Tiempo durante el cual la experiencia indica que el precio de las mismas va decayendo.
De esta manera lo resuelven la mayor parte de los países desarrollados. Tal es el caso de Canadá, que tiene un sistema político Federal o bien España, que tiene comunidades autónomas que discuten su independencia pero que a la hora de asegurar equidad en la provisión de estos tratamientos se ponen de acuerdo.
Ni la seguridad social ni los prestadores privados están en condiciones de afrontar por sí solos la responsabilidad del financiamiento de este tipo de coberturas. El Estado, como garante Constitucional de la Salud, no puede mirar para otro lado. Y así lo han entendido algunos magistrados, que en el caso del Nusinersen obligaron con sus fallos al Estado Nacional a cubrir el 70% del valor del tratamiento.
El mecanismo de “compra centralizada” desde el Estado ha sido una experiencia exitosa de la actual administración para asegurar los mejores precios de compra de las drogas que se utilizan para el tratamiento de la Hemofilia. Creemos que este mecanismo puede replicarse para otras enfermedades que requieren tratamientos de alto costo. De igual modo, el seguro para la cobertura de enfermedades catastróficas para toda la población; es una herramienta que debe ser tenida en cuenta a la luz de los desafíos que deberemos afrontar los próximos años.
Será responsabilidad del Estado definir las políticas que aseguren el acceso y la cobertura de estas tecnologías. Además de inclusivas y equitativas, deberán mantener un justo equilibrio entre el derecho individual y el derecho colectivo de toda la población.
Los recursos que se destinen para tal fin tendrían que explicitarse en el presupuesto de salud y discutirse cada año cuando se trate la ley de presupuesto en el ámbito del Congreso Nacional.
Nuestros legisladores, como representantes del pueblo; deberán resolver el viejo dilema de la “frazada corta” cuando los recursos no alcancen para cubrir las expectativas de toda la población.

(*) Ex Superintendente de Servicios de Salud.