Hemos hablado muchas veces en estas columnas sobre la fragmentación del sistema, pero no nos hemos referido y cuestionado de la misma manera sobre las consecuencias que trae la segmentación del sistema, generando profundas desigualdades en la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud. Existe una gran variabilidad en la calidad y el acceso a los servicios de salud según el segmento donde uno esté ubicado (entrada al sistema).
El affaire del vacunatorio vip ha mostrado ante amplios sectores sociales de clase media y altos ingresos la indignación que se debería sentir cuando uno es marginado y excluido por no estar en un determinado segmento y esto no se puede comprar. En este caso la política y su sistema endógeno de amiguismo generó un mecanismo de discrecionalidad en la distribución de las vacunas que no se puede sortear con dinero sino con relaciones. Un sistema sanitario en una democracia implica que el acceso y la calidad de los servicios públicos debería intentar ser igual para todos con independencia de su estatus económico y social.
El sistema sanitario carece de una mirada sistémica que estuvo ausente del debate político y discutiéndose como compartimentos estancos (público, privado y seguridad social) durante toda la década del 90 y ya iniciado el año 2000 con esa misma tónica. Los intentos de reforma que vinieron apoyados por el Banco Mundial estuvieron fragmentados en recursos para el sector público, para la seguridad social y para el PAMI de manera compartimentalizada y sin buscar mecanismos de articulación que podrían ser más eficientes y eficaces para ganar capacidad de gobernanza que resulta una carencia importante del Ministerio de Salud de la Nación.
El ministro de Salud en la realidad está sentado en un trono vacío solo conduce una fracción del sistema y no tiene injerencia sobre la seguridad social (2% PBI) y menos sobre el PAMI (1% PBI).
El Ministerio hace como que conduce el sistema con un 0,5% del PBI, en tanto que las provincias y municipios manejan un 2,2 % del PBI. Como se puede dirigir y gobernar un sistema sin tener poder de decisión y control sobre los subsectores que lo integran. El peronismo tiene dentro de sí mismo esas contradicciones que juegan a favor de la fragmentación en primer lugar con las obras sociales nacionales que se han negado históricamente a ser controladas, supervisadas y dirigidas por las políticas nacionales de salud y en segundo lugar el PAMI que es una institución que la política en general trata como una gran caja separada del sistema sanitario custodiada y cerrada a integraciones más amplias horizontales y verticales con salud.
Seguimos siendo todavía una democracia imperfecta que tiene mucho por aprender y una sociedad civil que debe crecer y debe poner límites a los avances de la política sobre el Estado exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Nos enfrentamos diariamente a la confusión de algunos políticos que entienden el Estado como el ámbito donde hacer negocios y ganar privilegios. Hasta que la sociedad civil no comprenda que debe poner límites a la utilización del Estado por parte de la política no tendremos solución. Es cierto que la política en Latinoamérica utiliza la pobreza y la marginación para restar ciudadanía plena. Una persona que mendiga para comer o sobrevivir no puede ser un ciudadano empoderado.
Respecto de la política pública para enfrentar la pandemia que aplicó el Gobierno, para analizarla debemos apartarnos un momento de las categorías absolutas no todo es negro, pero tampoco todo es blanco. Debemos tener la capacidad de analizar la tonalidad de gris que tiene la política y si se acerca más a algunos de los extremos grises más claros u oscuros.
Las políticas partidarias tienden a poner las cuestiones en términos de contradicción porque necesitan movilizar y lograr identificaciones fuertes de sus bases con determinados postulados. Poco importa si coinciden con la racionalidad o el sentido común. Se trata de una confrontación por un lado los que defienden las propuestas gubernamentales de manera ciega y por el otro lado el rechazo ante todo lo que diga y haga el Gobierno, sólo porque se está en la oposición.
En primer lugar, debemos decir que la pandemia fue una gran oportunidad de convocar a las fuerzas políticas nacionales a una verdadera cruzada, al estilo de lo que sucede en las guerras donde es necesaria la unidad para enfrentar un enemigo común. El Gobierno de Alberto Fernández no lo hizo porque no está en su ADN convencido que el que gana las elecciones tiene que imponer las políticas y el resto apoyar u oponerse, no hay márgenes para la construcción conjunta ni siquiera en tiempos de tanta incertidumbre y vacío de poder como el que se vive.
Hace unos días el periodista Ignacio Zuleta escribía que “Las instituciones no se cambian por mayoría más uno”, y me permito agregar que se requiere capacidad de articular amplios y trabajados consensos sino las reformas tienen corta vida. Gobernar sobre el filo de la mayoría produce una democracia de patas cortas. Las votaciones de las leyes jubilatoria, despenalización del aborto, recorte de fondos a CABA, impuesto a la riqueza e incluso el mismo presupuesto son aprobaciones “jugando sobre el fleje”. Se podría pensar en otro método que estuviera por encima de victorias legislativas a lo pirro y que le diera mayor solidez y fortaleza a las reformas tan necesarias en la realidad política, económica y social argentina. Me atrevería a decir sin minimizar la importancia del sistema sanitario que hay tres líneas que tienen clara prioridad desde hace muchos años: la cuestión previsional (se lleva el 50% del presupuesto nacional), la reforma fiscal y la laboral.
Tampoco estuvo en el ADN del Gobierno de Macri que dejó pasar importantes oportunidades para construir grandes consensos. Y repito las reformas en la Argentina requieren mayorías importantes y consensos amplios para luego poder avanzar en un camino cimentado hacia la construcción de un círculo virtuoso de crecimiento con equidad.
La política en mundo basado en la información requiere de una comunicación democrática, abierta y transparente. Los ciudadanos ya no soportan que la política juegue a las escondidas diciendo algo y callando otras o utilizando los privilegios de información para familiares y amigos.
Esto puede ser posible en algunas de las provincias feudales argentinas donde el poder omnímodo de los gobernadores y el entorno hacen y deshacen a su antojo sin tener ningún tipo de límites y controles. Sólo cuando suceden tragedias y abusos de poder flagrantes (como fue el caso María Soledad en Catamarca para dar un solo ejemplo) pueden producirse ciertos efectos políticos saludables como es la alternancia del poder.
Sin embargo, en algunos casos se corre el riesgo que un feudalismo reemplace a otro como terminó sucediendo en Santiago del Estero que la salida de un peronista permitió que un radical se encumbrara y terminara actuando de la misma manera. No tengo que mencionar la perversidad de regímenes como Santa Cruz o Formosa donde el poder absoluto controla todas las variables que pueden llegar a amenazar su supervivencia.
La principal fortaleza del feudalismo político argentino es el escaso desarrollo productivo capitalista que permitiría la aparición de un sujeto político nuevo que es el asalariado privado que es más consciente de la importancia de lo que requiere la economía para poder funcionar correctamente. Ese sujeto político se hace ciudadano y deja de ser llevado de las narices por el puesto de trabajo y sometido en sus íntimas convicciones por necesidad.
Los gobernadores y algunos presidentes argentinos arrastran un comportamiento patrimonialista. El patrimonialismo es la condición del ejercicio del poder que le hace suponer a su detentador la propiedad de los bienes, servicios y personas asignadas a su cargo. (1)
La suposición de propiedad de lo público está tan presente en los regímenes democráticos, como lo estuvo o lo está en los despóticos. Quien ocupa una posición por efecto de las urnas, los concursos o las designaciones, meritorias o no, puede suponer que tiene tanto derecho a la apropiación o al beneficio, como lo tuvo un señor feudal, un encomendero o un califa. El problema no fue y no es de tiempo ni de rango. Es de cultura. Del modo generalizado en que se entiende el ejercicio del poder y se asumen sus beneficios.
Desde la aparición del Covid-19 hemos aprendido muchas cosas. Lo que está pasando con las vacunas, los acomodos y privilegios son comunes en otras áreas como la educación, la salud o la seguridad. Ahora se ha dado sobre un bien escaso que es demandado por la población y donde los recursos individuales o familiares no son suficientes para poder comprarlos. Pero también con una política económica y social que no acompaña las especiales circunstancias que vive el país y el mundo.
Los días venideros nos dirán si el cambio de ministro y las declaraciones de mayor transparencia, seguimiento y control apuntan a cambiar el funcionamiento de la política de asignación, a reorganizar el sistema de distribución de vacunas y mejorar la eficiencia en el gasto sanitario o si en cambio constituyen una declamación buscando un posicionamiento político interno diferente e intentando cambiar los ejes de la problemática diaria tan apabullantes para el ciudadano (inflación, manejo de la pandemia, seguridad, instituciones judiciales y caída del empleo).
Los márgenes se han hecho más estrechos y no hay espacio para las mezquindades e improvisaciones. Aquí se juega realmente la capacidad política de establecer reglas de juego claras y transparentes que despierten la adhesión ciudadana o se terminen de hundir las últimas esperanzas de construir una democracia republicana.

Fe de erratas: Una intelectual a quien respeto mucho me hizo una observación que me pareció importante rescatar para no quedar como arbitrario dado que omití incluir una excepción en el listado de leyes “aprobadas en el fleje” y se trata de la interrupción legal del embarazo. Como me recordaban ese proyecto fue presentado 10 veces en el Congreso desde el año 2007, en 2020 hubo más de 72 expertas/os de todo signo invitados a dar su opinión y evidencia en las Cámaras de Diputados y Senadores. En el año 2018 hubo 845 expertas/os en total. Ha sido el debate más democrático que hemos tenido en los últimos 10 años. La primera vez se perdió y la segunda vez que llegó a recinto, se ganó la votación. No fue el gobierno el impulsor sino la lucha del movimiento de mujeres y la sociedad civil que le dieron preeminencia al tema y lo impusieron en la agenda política.


REFERENCIA:

José Ramón Cossio Diaz Miembro de la Corte Suprema de Justicia de México.
https://elpais.com/internacional/2015/10/06/actualidad/1444158961_579846.html