No es ocioso diferenciar un Sistema de Salud de un Sistema de atención Médica. El primero incluye a todas las organizaciones y recursos que concurren al financiamiento, no siempre sinérgico y colaborativo, que tienen como finalidad mejorar directa o indirectamente la salud de la población. Ello incluye al Sistema de Atención Médica que con financiación pública y predominantemente contributiva concentran la preocupación política, económica y social.
De los muchos problemas que se diagnostican cuatro son los que adquieren mayor relevancia y constituyen ejes estratégicos:

1) La desintegración de los recursos financieros en múltiples cajas, algunas de ellas en situación de quiebra.
2) La crisis del personal sanitario en lo que hace a su formación, distribución y retribución.
3) La incompleta información sanitaria que no incluye los resultados que brindan los servicios de la oferta.
4) El reto que supone la aplicación de políticas que promuevan la equidad en un entorno pluralista, de incertidumbre y restricciones económicas.
En este escenario situacional es necesario olvidar el centralismo, el unitarismo y las propuestas de reformas con contenido especulativo que procuran mejorar el posicionamiento sectorial como condición de integración dentro del sistema. En cambio, corresponde indagar sobre el origen de las causas y consolidación de los desvíos y de la pérdida de valores, de modo tal que puedan traducirse en un plan estratégico de largo plazo para ser concretado en cada jurisdicción. El mismo debería contemplar:

1) El derecho a la salud como un actor dentro del sistema.
2) La disponibilidad de una herramienta que haga posible la universalización de la cobertura.
3) El medio de gestión que mejore la eficiencia tanto de proveedores como de financiadores.
4) La reducción de la variabilidad médica.
5) La concentración de la alta complejidad en beneficio del nivel de entrenamiento.
6) Las relaciones contractuales cómo una sinergia de intereses orientada a resultados, y corresponsabilidad presupuestaria independientemente de la forma de retribución profesional.

No se trata de una planificación normativa que supone que todo ocurrirá según lo planeado, sino de un proceso entendido como el cálculo que precede y preside la acción a cuyo efecto debe reconocerse un momento explicativo en el que se indaga sobre los problemas y las oportunidades intentando hallar las causas que los generan.
Le sigue el momento normativo en el que se diseña el cómo debe ser la realidad o la situación deseada, etapa que suele confundirse con la totalidad de una planificación.
El último paso es construirle viabilidad al diseño normativo. Es decir, cuáles son los obstáculos por vencer y cómo hacerlo, para llegar a una realidad como una fuerza de cambio hacia la situación elegida. Aquí es donde aparecerán los obstáculos políticos, económicos, culturales, organizativos, legales y cognoscitivos a resolver. Por lo tanto, hay que diseñar y calcular cómo sortearlos en cuanto se opone al cumplimiento del diseño situacional planeado.
En consecuencia, la planificación se refiere al proceso de gobierno, sea de un país o de un centro de salud porque quien planifica gobierna.
Los principios sobre los que se apoya una estrategia son perdurables independientemente del ritmo de cambio y de la tecnología (M. Porter). Por tal razón es un error detenerse o procurar un cambio o una mejora operacional y olvidarse de la estrategia, toda vez, que la arquitectura del Sistema de Atención se desarrolló a favor de otras políticas e intereses que reemplazaron la decisión política de optar y establecer un modelo de atención.

Bibliografía: Planificación, libertad y conflicto. Carlos Matus.
IVEPLAN.